Arquitectura de la Desigualdad (95)

Y las empresas son las mejores portadoras de esos dogmas, de esas máximas, de esos valores. La desigualdad es proyectada desde el propio sistema, porque es un sistema desigual en esencia, es decir, la propia esencia del capitalismo favorece y legitima la desigualdad. Durante las últimas entregas hemos analizado el fenómeno de la gran corporación en todas sus dimensiones, concluyendo la imperiosa necesidad de abolir tales gigantes económicos y adalides del capitalismo transnacional. Hemos empezado a comentar también algunos de los mecanismos que estas corporaciones utilizan para poner el sistema a su servicio consagrando la desigualdad, como por ejemplo, las deslocalizaciones o las subcontratas. Pues bien, otro mecanismo que el sistema pone a disposición de las empresas son los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo). Como su nombre indica, un ERE es básicamente un informe interno que recomienda, a tenor de una serie de circunstancias (beneficios, reestructuración, cambios en la producción, etc.) la eliminación de una serie de puestos de trabajo dentro de una empresa. Esto no implicaría mayor problema (sólo la penuria para los trabajadores y trabajadoras que vuelven al desempleo) si de verdad las empresas fueran honradas y propusieran los ERE con un mínimo de honestidad, y teniendo en cuenta que son personas las que están detrás de esas cifras. Pero el caso es que esto no es así, sino que los ERE son usados, en muchas ocasiones, como escudos para disfrazar detrás de ellos las intenciones y deseos reales de las empresas, que normalmente tienen que ver únicamente con dos aspectos: maximizar el beneficio o precarizar el trabajo (en realidad la segunda nos retrotrae a la primera).

Fijémonos por ejemplo en este artículo de Jairo Vargas para el medio Publico, donde nos cuenta que la multinacional sueca de las telecomunicaciones Ericsson despidió a 330 personas en España durante 2016. Fue el sexto ERE desde el año 2002, pero lo curioso es que el número total de empleados/as de esta compañía no cambia pese a los despidos. ¿Cuál es el secreto, si las matemáticas no fallan? Pues los sindicatos denuncian que la empresa contrata a nuevo personal más joven y barato, y echa a trabajadores/as veteranos/as, con un buen salario y derechos consolidados. Vamos a explicar esto con más calma. Ericsson tiene alrededor de 3.000 empleados/as. Y los continúa teniendo tras los repetidos ERE. Argumenta para los mismos las razones de siempre: causas económicas, organizativas, técnicas y productivas. ¿Pero son ciertas? Advirtamos que desde la última Contrarreforma Laboral del PP, en 2012, ajustarse a una o varias de estas causas es más fácil y el despido procedente, más barato. Por otra parte, Ericsson España nunca ha tenido pérdidas, aunque sí reducciones de beneficio. Así que durante los últimos 15 años, Ericsson ha podido despedir alrededor de 2.200 trabajadores/as. Pero son prácticamente los mismos que ha contratado. Y nosotros nos preguntamos, al igual que Jairo Vargas: ¿Qué sentido tiene despedir al mismo número de personas que luego vas a volver a contratar? ¿Es que acaso hay necesidad de nuevos perfiles laborales? ¿Es que las personas que se despiden no dan la talla como trabajadores/as? Ya sabemos que el sector de las telecomunicaciones (en general el sector de las TIC) es muy cambiante y dinámico, evoluciona con mucha rapidez, requiere mucha actualización por parte de sus trabajadores/as, pero eso no justifica de ningún modo la presentación de un ERE tras otro. La inmensa mayoría del personal es gente con mucha formación que pueden actualizarse o recolocarse con un mínimo de actualización, a través de pequeños cursos de formación o de forma autónoma. Pero...

¿Cuál es entonces el pero? Pues que para la compañía, evidentemente, es más barato despedir y volver a contratar a gente más joven y con menos experiencia, dispuesta a trabajar por un salario inferior, y en condiciones de trabajo más deplorables. Se trata de una fría y calculada estrategia de rejuvenecimiento de su plantilla a costa de abundar cada vez más en la precarización del empleo. ¿Legal? Sí. ¿Decente? No. ¿Desigualdad? Toda. La empresa utiliza un mecanismo legalmente previsto, el ERE, pero no para lo que legalmente está contemplado. Porque la ley es tan laxa y favorable a la empresa, que ésta puede sin mayores problemas sustituir a trabajadores/as de más edad por jóvenes más baratos, y con menor "conciencia obrera". En palabras de Jairo Vargas: "Se trata de una fábrica de precariedad patrocinada y amparada por la legislación laboral española". Y toda norma que favorece de forma descarada y desequilibrada a un sector en detrimento de otro está fomentando la desigualdad. Básicamente, a Ericsson (y a todas las empresas que utilizan esta estrategia, con absoluto desprecio a su personal veterano) le "sale a cuenta" pagar la rescisión de contrato de un trabajador o trabajadora con un sueldo consolidado más la nueva contratación de uno/a nuevo/a más joven con salario muy inferior. Se dan incluso casos de trabajadores/as despedidos/as y luego repescados/as en subsiguientes contrataciones, pero a mitad de sueldo. El objetivo de todos estos ERE no es reducir plantilla, no es solucionar problemas, es simplemente utilizar las formas torticeras del despido que la ley prevee, para recurrir a la contratación precaria algún tiempo más tarde. Conclusión final: los ERE se ponen al servicio del incremento de beneficios empresariales. Toda una aberración laboral y una forma de terrorismo empresarial. 

Todo ese ambiente de miedo, presiones y crispación genera en los/as trabajadores/as sentimientos de apatía, desmotivación, estres, depresión, preocupación, ansiedad, inseguridad, infelicidad, y por supuesto, una más baja productividad. Pero todo ello a los empresarios les da igual. Lo único que quieren es maximizar los beneficios a toda costa. Y si para ello han de generar un ambiente enrarecido, de presión, de frialdad y de miedo, que incluso cueste bajas laborales y tratamientos médicos para algunos empleados/as, no les importa. Proyectan la arquitectura de la desigualdad a los centros de trabajo. La ley se los permite. No es lícito, no es moral, no es decente, pero es legal. Todo lo demás no les preocupa. Otras empresas, típicamente la banca, tienen la desfachatez de despedir personal u organizar un ERE con flagrantes beneficios. Es el caso por ejemplo de Ibercaja, que según este artículo del medio AraInfo, anunció el pasado año un ERE para 600 personas tras cerrar el año con un 70% más de beneficio. Y el de 2017 fue el cuarto ERE desde 2013, es decir, que han ido a un ritmo de uno por año. La cifra acumulada de personal despedido ascendía el pasado año a 830 trabajadores/as. Y así podríamos continuar con miles de ejemplos más, de compañías que simplemente prescinden de su personal, aduciendo razones encubiertas (porque la legislación se lo permite, que es la que en el fondo legitima las desigualdades), para en la práctica proyectar todo un plan de desestructuración de sus puestos de trabajo dignos, estables y con derechos, para proceder a una escalada de contrataciones indignas, temporales, con bajos salarios, con gran inestabilidad, y con pocos derechos. El poder de estos desalmados empresarios se impone, y los políticos que abrazan sus dogmas y sus tesis diseñan sistemas legales y normativos que les permiten llevar a la práctica tales atrocidades laborales. 

Bien, otra faceta donde la desigualdad campa a sus anchas por mediación de (o a través de) las grandes empresas se refiere a la cruel vulneración de los derechos fundamentales. Pongamos por ejemplo el derecho a la salud, y en relación con él, las perversas prácticas de las empresas farmacéuticas. Tomo como referencia a continuación este artículo de Sally Burch para el medio Alainet, donde explica dicha problemática. Al igual que las empresas de otros sectores, las farmacéuticas tienen como finalidad la extrema ganancia, y como trabajan en una industria donde los "clientes" finales son personas de alta vulnerabilidad (enfermos/as crónicos o con enfermedades raras o poco estudiadas), ello les concede un margen mucho mayor que en otras industrias para fijar precios exagerados. Correspondería entonces a los Estados el establecer los parámetros y límites de operación para estas empresas en aras del interés público y para preservar el derecho humano fundamental a la salud, pero desgraciadamente, como los gobernantes también se alinean con los dogmas neoliberales, esto no es así. Las grandes potencias y los países desarrollados pueden negociar con ellas para la adquisición masiva de determinados medicamentos novedosos, pero los pequeños países en desarrollo poseen poca capacidad de negociación frente a estas desalmadas empresas. Las políticas comerciales y las leyes sobre propiedad intelectual se imponen a la salvaguarda de los derechos humanos, en este caso a la salud de las personas. Algunos gobiernos, ante la imposibilidad de hacer entrar en razón a las empresas, están apostando por mecanismos como la subasta pública de medicamentos (donde son los vendedores los que pujan y gana la oferta de menor precio), la compra agregada, etc. Diversos estudios acreditan que un mismo fabricante vende el mismo medicamento en diferentes países con variaciones de precios que pueden llegar al 300%, incluso al 600%. Los medicamentos no pueden verse como un negocio, sino como un derecho, y deben ser los Estados los que regulen las posibilidades de estas empresas, y equilibren las condiciones para que los medicamentos puedan llegar a todas las personas que los necesiten. Continuaremos en siguientes entregas.