Arquitectura de la Desigualdad (133)

Bien, en entregas anteriores ya hemos venido advirtiendo que, incluso en la propia izquierda, existen pensadores, economistas, activistas y formaciones políticas que no avalan la RBU. Algunos apuntan medidas alternativas (como los Planes de Trabajo Garantizado, que también hemos comentado), y otros simplemente la combaten con sus argumentos (equivocados, a nuestro entender). Pensamos que esto ocurre o bien por falta de auténtica información sobre los enfoques de la medida en cuestión, o bien por prejuicios procedentes aún de algunos valores de la economía convencional, en lo que tiene que ver con los conceptos de trabajo, productividad, etc. Como ejemplo de ello, aquí tenemos un artículo de Eduardo Garzón para el medio La Marea, que aporta 6 reflexiones contra esta medida, que vamos a comentar a continuación. Garzón las denomina como "efectos desfavorables", y cita las siguientes: en primer lugar, que la RBU se canaliza a través del mercado capitalista, es decir, que es una prestación económica directa para que las personas compren los productos o servicios que necesiten a través del mercado, y en ello se diferencian del resto de servicios públicos del Estado del Bienestar (sanidad, educación...). Según Garzón, una RBU que no pasase por esta condición tendría que ser en especie, es decir, que el Estado cubriría las necesidades básicas de la población mediante la entrega directa de productos de primera necesidad (alimentos, vestido, calzado, vivienda, transporte, energía, telecomunicaciones, cultura...), o al menos una combinación de algunos de ellos. Como sabemos, y lo hemos referido en anteriores entregas, esta crítica es también efectuada desde los sectores ecologistas, que entienden que, si nos encaminamos al colapso industrial (colapso civilizatorio, como lo estamos llamando), no tiene mucho sentido hablar de una prestación económica proporcionada a todo el mundo desde el propio Estado, ya que esto obligaría a mantener niveles de crecimiento económico, de consumo de energía, de complejidad y de estructura que cada vez irán siendo más insostenibles. 

Eduardo Garzón comenta que con esta alternativa en especie de la RBU se podría conseguir que este derecho de ciudadanía se utilizase para garantizar necesidades básicas "decididas democráticamente, y así evitar que se pudiera utilizar para determinados consumos que podrían considerarse social o ecológicamente indeseables". También señala que esta variante de la RBU evitaría que determinados sectores empresariales hicieran negocio a través de ella, incluso abusando en virtud de su fuerza de mercado, por ejemplo subiendo los precios de determinados productos o servicios. Concluye que "una RB monetaria implica que la satisfacción de necesidades se canalice mediante decisiones individuales y asimétricas filtradas por el único criterio de la rentabilidad económica que impera en el mercado capitalista, mientras que una RB en especie permite que la satisfacción de necesidades pueda canalizarse a través de decisiones colectivas y democráticas en función de criterios políticos, sociales, feministas y ecológicos". Me parece una crítica correcta. Pero se olvida muchas veces que la mayor motivación práctica para la RBU es la situación de verdadera emergencia de cientos de miles de personas, que no disponen de lo mínimo para poder sobrevivir con dignidad. Creo en este sentido que la RBU monetaria sería más rápida de implementar que esta variante en especie, ya que los posibles (y necesarios) debates democráticos para consensuar el contenido de dicha prestación en especie sería un proceso más largo en el tiempo. Como decíamos más arriba, los ecologistas son incluso más radicales en esta visión, y muchos activistas de ese mundo comienzan a hablar de variantes de esta RBU que tampoco sería monetarias (por las razones aducidas anteriormente), sino que deberían responder más a razonamientos y motivaciones basadas en la propiedad sobre la tierra, y a cálculos basados en el respaldo físico/energético del dinero. 

Así, por ejemplo, veamos la versión de RBU que nos ofrece Manuel Casal Lodeiro en su referido texto "La izquierda ante el colapso", y que basa en las siguientes tres consideraciones: la primera de ellas y fundamental considera esta RBU sólo como un complemento a la verdadera medida, que no sería otra que una Renta Básica de la Tierra (RBT), es decir, este activista opina, junto a otros, que la medida debería estar basada en el reparto de la tierra o la garantía de su usufructo individual o colectivo. Es decir, una especie de "finca básica", apoyado en la constatación de que es la tierra el medio de garantizar la mayoría de las necesidades básicas humanas de carácter físico (alimento, agua, vivienda, energía, ropa...). Para este autor, la RBU debería ser monetaria únicamente para aquéllas personas a las cuales el sistema no pudiera garantizarles al acceso a dicha finca básica. La segunda característica que aporta es que, aún siendo monetaria, no debería estar basada en la moneda oficial, sino en cualquier otra moneda social controlada democráticamente, sin intereses y por tanto no dependiente del crecimiento permanente de la economía, sino respaldada por la propia producción real (al estilo de una moneda de trueque o intercambio). Por último, la tercera característica de esta RBT sería que el origen de la riqueza a repartir no sería otro que la derivada de los productos de la propia tierra socializada. Este autor, en la misma línea, también critica el planteamiento de los PTG, por estar supeditados al mantenimiento de un Estado complejo, capaz de recaudar impuestos suficientes y de disponer abundantemente de materiales y energía, pero propone en su lugar unos PTG más locales, organizados como tareas o labores comunitarias, sujetos a parámetros de autosuficiencia, y sin vínculos con un salario, o bien remunerados también en moneda social. 

Volviendo a los planteamientos de Eduardo Garzón en su artículo de referencia, el segundo argumento que aporta es que la RBU aporta libertad y derechos, pero no compromisos. Sostiene Garzón que la RBU nos dota de libertad, pero que se convierte en una medida poco menos que autista, en el sentido de que insta a las personas a comportarse como deseen, y a no respetar compromisos, responsabilidades y obligaciones de carácter cívico, hacia nuestros conciudadanos y hacia nuestro medio ambiente. Según Garzón, la medida carece de una contrapartida que obligue a las personas a contribuir de forma colectiva, solidaria y fraternal a mejorar el mundo que nos rodea. Por eso, cree Garzón, que es mejor apostar por los PTG, que sí están dirigidos a impregnar valores de solidaridad y responsabilidad democrática, colectiva, social y ecológica. Bien, no estamos en desacuerdo, precisamente porque ya hemos dicho que la RBU y los PTG no son medidas excluyentes, sino perfectamente complementarias entre sí. La tercera crítica que vierte Garzón sobre la medida es que puede provocar tensiones inflacionistas. No estamos de acuerdo con su planteamiento, que aduce que la destrucción de muchos empleos (donde pinta un carácter casi abusivo de los trabajadores debido al colchón de resistencia que les ofrecería la RBU, o la autoexplotación de los autónomos, que no compartimos) provocaría una disminución de los bienes y servicios ofertados en el mercado, lo que unido a un incremento de la capacidad y el poder adquisitivo de la población provocaría tensiones inflacionistas. La cuarta crítica defendida por Garzón es que la RBU puede suponer una subvención a determinadas empresas. Es decir, plantea que la medida podría convertirse con el tiempo en algo parecido a lo que están proponiendo formaciones políticas como Ciudadanos en el "complemento salarial", alegando que como los/as trabajadores/as poseen la RBU, las empresas podrían bajar sus salarios (dando por sentado que los trabajadores no abandonarían sus trabajos), por lo cual se pasaría a pagar con dinero público algo que antes pagaba el empresario. Tampoco compartimos esta crítica, que nos parece que desvirtúa el verdadero sentido de la medida. En efecto, cualquier empresario/a podría bajar los sueldos de sus empleados, pero una cosa es dejar a elección del trabajador/a si desea continuar con su actividad, y otra distinta pagar desde el Estado el complemento salarial. 

La quinta crítica que Eduardo Garzón plantea sobre la RBU es que, según su opinión, no es en realidad incondicional. Confieso que es la crítica que menos entiendo de todas, así que voy a retomar sus palabras: "Los defensores de la RB proponen financiarla con una reforma fiscal progresiva de forma que el 20% más rico aproximadamente saldría perdiendo (pagaría la RB de todo el mundo) y el 80% más pobre saldría ganando. En estas condiciones se pierde la característica de incondicional, pues no todo el mundo disfrutaría la RB ni de la misma forma, sino que ello dependería del nivel de renta que se tuviese (los más ricos no disfrutarían de la RB, los más pobres sí, y los situados en medio la disfrutarían pero en un nivel reducido). Es decir, en la práctica la RB funcionaría exactamente igual que una Renta Mínima dirigida al 80% de la población más pobre" [la negrita es nuestra]. Confieso mi asombro y estupefacción por el planteamiento de Garzón, al que veo completamente absurdo, y sólo puedo achacarlo a que no ha entendido nada de lo que significa la incondicionalidad de la medida. Sin más comentarios. En fin, la sexta y última crítica que Garzón plantea sobre la medida de la RBU es que el coste administrativo y financiero de la misma sería superior al de una Renta Mínima bien gestionada. Para Garzón, cualquier renta mínima gestionada a través del IRPF (tras la declaración de ingresos, si fuese necesario el Estado aportaría la cantidad necesaria para alcanzar la cantidad concreta establecida como RBU) sería más sencilla y barata en términos administrativos, porque los afectados serían muchos menos. Y resume: "Es más costoso y farragoso detraer recursos del 20% más rico para transferirlo al 80% más pobre que detraer recursos del 5% más rico y transferirlo al 20% más pobre". Bien, confieso que no he entrado a realizar esos farragosos cálculos (ignoro si los expertos de la Red Renta Básica lo han llevado a cabo en alguno de sus informes), pero en cualquier caso, creo que de nuevo aquí Garzón se equivoca al valorar el verdadero alcance de la medida, pues olvida que la U de RBU viene precisamente de Universal, es decir, para todo el mundo. Una Renta Mínima condicionada, como parece proponer el autor, por bien gestionada administrativamente que fuera, no sería una RBU, que es lo que pretendemos: que la renta sea Básica, Universal e Incondicional. Continuaremos en siguientes entregas.