Hacia otra Política de Fronteras (55)

En las últimas entregas hemos centrado nuestra exposición en la falta de medidas, acciones y comportamientos de la sociedad con respecto a la integración de los migrantes, que lógicamente deja mucho que desear. Un aspecto interesante de esta falta de integración se manifiesta en la concesión de derechos de ciudadanía, siendo el derecho al voto un asunto muy especial. Seguiremos la exposición que sobre este asunto llevan a cabo Diego Lotito y Jacobo A. García para el medio La Izquierda Diario, tomando su artículo como referencia a continuación. En nuestro país, unos cinco millones de habitantes, que pudiéramos llamar "ciudadanos de segunda", no tienen derecho a votar cada vez que se organizan unos comicios. Es decir, que aproximadamente un 10% de la población actual (según datos del INE) no posee derecho al voto. Y desgraciadamente, ningún partido a nivel nacional plantea un programa claro para que los migrantes obtengan este derecho político fundamental, que consiste en el sufragio activo y pasivo, es decir, en el derecho a poder ser electores y elegibles. Pero es que resulta que este derecho elemental está negado incluso en la propia Constitución, que en su artículo 13.2 señala que "solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23...". Dicho artículo 23 es justamente el que reconoce el derecho de "los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal". Y estamos hablando de migrantes regulares, es decir, perfectamente asentados en nuestra sociedad. Y la pregunta sería: si son personas que viven y trabajan en nuestro país, contribuyen a nuestro desarrollo, y las decisiones de nuestra sociedad les afectan...¿por qué se les prohíbe votar, y poder contribuir así a la elección de sus (nuestros) representantes? Es un absoluto despropósito, y una situación más que perfila nuestro carácter antidemocrático. Parece ser que el requisito de "los españoles" al que se refiere la Constitución haría obligatorio que los inmigrantes aquí residentes de forma legal obtuvieran también la nacionalidad española, pero éste es un trámite bastante más largo y costoso. 

De hecho, ningún partido en la historia de nuestra "democracia" ha planteado seriamente conceder el derecho al voto a este sector de la población. El actual gobierno del PSOE planteó en agosto de 2018 una reducción del plazo de residencia legal mínimo (actualmente fijado en hasta 10 años para algunos supuestos) para que los inmigrantes pudiesen optar a la nacionalidad española. Pero la propuesta quedó en el aire, sin concretar y sin que se materializase como medida efectiva. Es decir, nos vendieron humo. Pero hay que decir que, en general, nuestra legislación es bastante reaccionaria con respecto a los migrantes. Así, la actual Ley de Extranjería establece discriminaciones por nacionalidad. Es decir, que mientras los ciudadanos del "primer mundo", de América del Norte y Europa, poseen más derechos de tránsito, el resto de los extranjeros tienen enormes dificultades para conseguir visados, motivo por el cual suelen arriesgar sus vidas pagando miles de euros a las mafias para conseguir llegar a nuestro país en pateras. Los autores del artículo señalan: "Recordemos que la infame Ley de Extranjería, reformada en el 2000 (Ley Orgánica 4/2000) durante el Gobierno de José María Aznar, fue modificada nuevamente en 2009 por el Gobierno del PSOE durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero (con el apoyo de la entonces CIU de Artur Mas y Coalición Canaria), endureciendo los requisitos para el conocido como "reagrupamiento familiar", las sanciones, la negación de la "personalidad jurídica" de las personas detenidas e internadas en un CIE, y de conjunto, fortaleciendo todas las medidas contra las y los inmigrantes sin papeles". Esto es, no solo no se avanza en la consecución de medidas y condiciones para la integración social de estas personas, sino que más bien al contrario, se endurecen los requisitos para la misma. Ya de hecho, la antigua Ley de Extranjería de 1985 fue ampliamente cuestionada por su tratamiento policial del fenómeno migratorio, denigrando de un plumazo la situación de miles de inmigrantes convirtiéndolos automáticamente en "ilegales", y poniéndolos en peligro de expulsión. De esta forma, los derechos civiles y políticos quedan aún más lejos de ser alcanzados. 

Y como es lógico pensar, al carecer de derechos civiles y políticos, los inmigrantes están más expuestos a todas las vulneraciones de los demás derechos, principalmente los derechos laborales y sociales. Una política hipócrita, por tanto, la que enuncian los partidos del arco de la derecha (que aquí representan desde el PSOE hasta la extrema derecha de Vox), que reclaman una "inmigración ordenada" de acuerdo a la existencia de unos contratos laborales, pero con una serie de derechos recortados, lo cual proclama abiertamente su carácter de explotación para los migrantes. Lotito y García retratan a la perfección la situación de vulnerabilidad de estas personas: "Las y los inmigrantes son los más explotados entre los explotados (las mujeres inmigrantes son triplemente oprimidas como mujeres, inmigrantes y trabajadoras), y esta situación es utilizada por los empresarios para amenazar las condiciones de trabajo de la clase obrera nativa. Incentivando el racismo y la xenofobia, se transforma a los inmigrantes en los chivos expiatorios en períodos de crisis, dividiendo las fuerzas de la clase trabajadora, llevando al enfrentamiento entre nativos e inmigrantes y exculpando a los verdaderos culpables de la crisis, los capitalistas". Si a todo ello le unimos la carencia de estos derechos civiles y políticos, el resultado es una absoluta discriminación de estas personas, todo un racismo institucional que se vierte desde el propio Estado. Pero como estamos reivindicando, el estatus de "ciudadanía universal" debería estar por encima de todo esto, y decretar que todos los seres humanos deben tener los mismos derechos, independientemente de su nacionalidad, religión, etnia, género u orientación sexual. Y todos estos derechos deben prevalecer sobre cualesquiera otras medidas que intenten limitarlos. Estamos hablando de Derechos Humanos, con mayúsculas, algo que todavía nos nos tomamos en serio. Resumiendo, el programa político que debiéramos garantizar para estas personas sería el siguiente:

1.- Apertura de fronteras y libre tránsito para todas las personas, independientemente de su nacionalidad. Como venimos reclamando, la apertura total de fronteras debe ser aplicada para las personas, que son las que poseen derechos, en vez de ser aplicada para los capitales, provenientes de un derecho a la propiedad privada de cualquier agente que, bajo nuestro mundo neoliberal globalizado, está más protegida que las propias personas en sí. De cualquier forma, también hemos venido explicando que esta medida debe acompañarse del cese de nuestras políticas imperialistas y neocolonialistas sobre los países de origen, que son las que causan de verdad los estragos que luego obligan a sus habitantes a migrar (los extractivismos, el cambio climático, los conflictos bélicos, etc.).

2.- ¡Ningún ser humano es ilegal! Derogación inmediata de las Leyes de Extranjería y cierre de todos los CIE. Declarar "ilegal" a una persona puede ser considerada la vulneración más flagrante de los Derechos Humanos que podemos hacer en cualquier lugar del mundo. Implica cosificar a dicha persona hasta un punto claramente aberrante. Ninguna persona en cuanto tal puede ser "ilegal". Pueden ser ilegales sus actos y comportamientos, pueden ser ilegales sus decisiones, actuaciones y mandatos, pueden ser ilegales sus actividades, pero nunca una persona en sí misma puede ser declarada ilegal. 

3.- Regularización inmediata de todas las personas inmigrantes en el Estado Español, para que puedan acceder a todo el conjunto de derechos económicos, laborales y sociales, incluyendo el derecho al reagrupamiento familiar. La integración de los migrantes en sus sociedades y países de destino no puede verse truncada, o dejada al albur de ciertas situaciones difíciles de alcanzar. En vez de ello, las autoridades de los países de acogida deben contribuir a que dicho proceso de integración se realice de la forma más rápida y cómoda posible, y de manera total, es decir, con el reconocimiento de todos sus derechos. Los derechos culturales, civiles y políticos deben estar igualmente incluidos y reconocidos en dicha integración. 

4.- De forma expresa, reconocimiento del derecho al sufragio activo y pasivo para todas las personas con permiso de residencia, tanto en las elecciones generales, como en las municipales, autonómicas y europeas. Toda persona que viva, resida y contribuya con su actividad a la economía de su comunidad debe poder ser elector/a y elegible ante sus instituciones representativas. De esta manera, el retrato político de la sociedad tendrá correspondencia con el retraso social existente. 

Continuaremos en siguientes entregas.