Arquitectura de la Desigualdad (161)

Si en el artículo anterior expusimos la falacia que se escondía detrás de la expresión "libre comercio", veremos aquí las diversas instituciones y organismos internacionales que validan la estructura actual del comercio internacional. El primer gran actor económico que juega en este escenario son las propias sociedades o corporaciones transnacionales, que desempeñan su propio rol de agentes del capitalismo, es decir, proyectos (empresas, sociedades, corporaciones, UTE, holdings, etc.) que activan la lógica capitalista en sí misma, y cuyo objetivo es alcanzar el máximo beneficio posible. Pero lógicamente, estas corporaciones se ven ayudadas en su tarea por una serie de organismos cuya función es vigilar que la "libertad" del capitalismo se cumple. Hoy día, estas instituciones se podrían resumir en el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial del Comercio (OMC), los Tratados de Libre Comercio (regionales, subregionales y bilaterales), y el CIADI (especie de tribunal internacional privado para subsanar las posibles controversias). Para ayudarnos a exponer sus funciones, nos basaremos en el texto "Capitalismo por dentro" de Alejandro Teitelbaum, uno de los analistas más lúcidos de nuestro tiempo. Todas estas instituciones y organismos forman todo un entramado jurídico-institucional internacional, destinado a consolidar y reforzar el dominio del poder económico transnacional sobre los Estados y los pueblos, es decir, fomentar que el gran capital alcance mayor poder que la propia soberanía de los pueblos. Esto implica deslegitimar las reivindicaciones de los derechos de los pueblos a disponer soberanamente de sus riquezas y recursos. Las decisiones de la OMC son obligatorias, y los Estados que no las acaten podrán ser sancionados. El modelo de "libre comercio" que la OMC fomenta va mucho más allá de la regulación del comercio transfronterizo, y constituye un mecanismo institucional de imposición planetaria del modelo desregulador neoliberal, erosionando seriamente las funciones de los poderes públicos de los propios Estados, su capacidad de negociación externa y el derecho de autodeterminación de los pueblos. Por su parte, los TLC delimitan hoy día una especie de suprapoder económico, de tal forma que superan al poder de las Constituciones nacionales, y las leyes económicas y sociales vigentes en cada lugar. Los TLC son el mejor soporte para que las políticas neoliberales circulen libremente a escala planetaria y penetren en los Estados, donde desintegran las economías nacionales y generan graves daños sociales.

Los TLC fomentan la primacía de los derechos del capital sobre los derechos democráticos y humanos de los pueblos, así como del derecho ambiental, y del resto de derechos económicos, sociales y culturales. Consolidan las políticas de liberalización y privatización, externalización y sometimiento de los derechos fundamentales a meras mercancías. Y además, cuestión muy grave, se aseguran mediante estos acuerdos internacionales, que dichas políticas nefastas no puedan ser revertidas. Todo este marco supranacional está en función de los intereses exclusivos del gran capital transnacional y de los Estados ricos, y en detrimento de los derechos humanos fundamentales, así como de los derechos de los pueblos. Por todo ello, los TLC (existen miles en el planeta, de todo tipo y entre todos los actores) son poco visibles para la opinión pública, y muchos de ellos han sido negociados sin la presencia de representantes de los sectores populares y trabajadores, y celebrados en medio de una gran opacidad. Para una mayor información, remito a mis lectores y lectoras a nuestra serie "Contra los Tratados de Libre Comercio". Por su parte, el CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones) es la institución que defiende los acuerdos de los TLC frente a los Estados. Es decir, cuando cualquier empresa entiende que algún Estado suscriptor de un determinado TLC adopta políticas que puedan perjudicarle, le denuncia ante el CIADI, y éste debe dirimir la situación y emitir un juicio. Normalmente, la balanza se inclina en favor de las empresas, y los Estados se ven obligados a indemnizarlas con elevadas cantidades. No existe ningún mecanismo para poder hacer lo contrario, es decir, que un Estado denuncie a una empresa dentro del marco de un TLC. Se trata de jurisdicciones específicas, algo así como un tribunal de arbitraje internacional, que dirime las posibles controversias que puedan darse. Curiosamente, el CIADI es miembro del Grupo del Banco Mundial, y está presidido por el Presidente del mismo BM, tal como establece su propio reglamento. Todo queda en casa. Evidentemente, el CIADI actúa con una falta evidente de objetividad e imparcialidad, es decir, defiende igualmente los mismos intereses. Conclusión: arquitectura de la desigualdad elevada al escenario internacional, es decir, a su enésima potencia. Como podemos comprobar, todos estos organismos e instituciones mundiales no hacen más que consagrar la dictadura del gran capital, o si se quiere, la arquitectura de la desigualdad mundial. 

Vivimos en una sociedad global profundamente enferma de desigualdad. La regla de oro para el comercio internacional es la propia globalización neoliberal, y ésta ya estamos viendo cómo actúa. Está claro que no sirve a los intereses de la humanidad, de los pueblos, de las personas, de los animales, de la naturaleza. Sólo sirve a los intereses del capital. Los acuerdos tildados engañosamente como de "libre comercio" son negociados en secreto, sin la presencia de representantes de las clases populares y trabajadoras. En ningún TLC del mundo han estado presentes en las negociaciones las diversas organizaciones de la sociedad civil, ni sindicatos, ni movimientos sociales, ni ONG's, ni asociaciones ciudadanas. Ninguno de los acuerdos comerciales existentes en el planeta consagra o se preocupa siquiera por medidas para dignificar el trabajo, de los trabajadores y de su nivel de vida. Ninguno piensa en los derechos ambientales, en la naturaleza, en los recursos naturales, en los bienes comunes. Ninguno se preocupa por la reducción de las desigualdades, ni de la redistribución de la riqueza, ni de la justicia social y ambiental. Ninguno pretende alcanzar mejores cotas de bienestar para el conjunto de la ciudadanía. ¿De qué se preocupan, entonces? Pues de que las cuentas de resultados de las empresas y de los sectores económicos implicados sean cada vez mayores, a costa de lo que sea: derribar leyes, ignorar decretos, saltarse directivas, eliminar barreras, ignorar la soberanía nacional, soslayar las políticas estatales, atacar los derechos sociales y laborales, expoliar la naturaleza. Mario y Nora Fernández, en su artículo "Los ricos y su poder", publicado en el digital Rebelion, lo explican en los siguientes términos: "El mundo occidental sufre una continua pérdida de trabajos en la industria manufacturera; hasta los empresarios más pequeños con alguna posibilidad de ganancias en la actividad de algún producto o servicio, ya sea en áreas rurales o en centros urbanos, también están en continuo peligro de desaparecer. Muchas empresas pequeñas y/o medianas han sucumbido o han sido absorbidas por otras más grandes que simplemente las compran para cerrarlas por lo que los pequeños empresarios tienen que conformarse con empresas que apenas se solventan".

Y continúan: "Este proceso de monopolización y acumulación sin fronteras, llamado globalización, destruye las economías locales gracias a la firma de tratados que no son de "libre comercio" sino documentos legales para los más ricos y sus empresas que crecen en su monopolio, acumulan crecientes derechos sin responsabilidades, aseguran la libre circulación de mercancías y servicios (incluso financieros) mientras ponen en jaque incluso a los Estados mismos --éstos, últimos garantes de sus aventuras de enriquecimiento y paganinis de toda especulación fallada. Lo irónico: la diatriba repetitiva de los políticos representantes de los ricos (casi todos ellos) en su aparente continua preocupación por la existencia misma, y prosperidad, del llamado "pequeño negocio o empresa"-- una preocupación tan irreal como hipócrita que se entiende más bien como una burla surrealista". Arquitectura de la desigualdad, porque fomenta la riqueza y poder de unos pocos frente a la pobreza de muchos. Arquitectura de la desigualdad, porque se proyecta que mediante estas tendencias del comercio internacional, se limite la capacidad de los Estados para proveer los bienes y servicios públicos destinados al conjunto de la población, mientras se mejora y se dotan de más fondos y recursos los destinados al sector privado más potente económicamente. Arquitectura de la desigualdad porque mientras garantiza la libertad de inversión y movimiento sin límites del capital, enmascara la falta de libertad de las personas para poder garantizarse el acceso a sus derechos básicos y fundamentales. Libertad para los más ricos y poderosos: de crear empresas, de configurar filiales, de establecer cadenas y franquicias, de deslocalizar sus sedes y sucursales, de tributar donde les venga en gana, de jugar con el empleo y la vida de sus trabajadores/as, de ejecutar procedimientos de ingeniería financiera para evadir impuestos al fisco, de establecerse en zonas que son paraísos fiscales, de operar en un mercado mundial, de ignorar las normas, leyes y tratados laborales y ambientales...¿Y dónde está la libertad para los demás, para los trabajadores/as, para las personas desempleadas, para los colectivos de pensionistas, para los enfermos, para los migrantes, para los jóvenes, para las mujeres, para los colectivos más desfavorecidos? ¿Qué se supone que tienen que hacer ellos/as? ¿Admirar cómo esta gentuza crea riqueza basándose en la pobreza de los demás? ¿Admirar cómo destruyen todo a su paso para crear gigantescas corporaciones que atropellan y avasallan a todo aquél que se oponga a su expansión? 

Pero la desigualdad también posee una estructura supranacional, y para lo que afecta a nuestro caso español, además por supuesto de la propia superestructura globalizada, también depende de la superestructura de la Unión Europea, a la que pertenecemos. Y así, lo que los burócratas de la UE llaman "austeridad" no es más que una política que ha llevado a cabo, con total impunidad, una transferencia masiva de recursos sociales arrebatados al sector público (sus empresas y servicios), para ponerlos al servicio del capital privado (el rescate de la banca privada es quizá el mejor ejemplo en este sentido), y que ha provocado una gigantesca transferencia de las rentas del trabajo a las rentas del capital, deviniendo a su vez en una caída al vacío en la protección social de nuestras mayorías sociales (empleo, protección al desempleo, sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, dependencia...). Todas estas políticas son inherentes al capitalismo en tiempos de crisis, son consustanciales a sus propias contradicciones, y han ocurriendo otras muchas veces en la historia. En momentos de recesión, el gran capital, para mantener sus tasas de ganancias y de beneficio, necesita aumentar la explotación de la clase trabajadora y el expolio de los recursos naturales, necesita nuevas esferas y nichos de negocio, que está consiguiendo mediante la privatización de servicios públicos, convirtiendo los derechos humanos en mercancía. Y todo esto, además, con el apoyo y el aliento de unas instituciones europeas y unos gobiernos estatales a su servicio, que les ríen las gracias, que les hacen el juego sucio mediante "reformas estructurales" y "planes de ajuste", todos ellos al servicio de la oligarquía más parasitaria. Pero el ámbito europeo, como decíamos anteriormente, se apoya también en el ámbito transnacional. Y junto a esas políticas de austeridad, estamos ante una oleada de acuerdos comerciales (TTIP, TISA, CETA...) que son la propuesta capitalista para su salida a la crisis. Todos ellos van más allá de meros acuerdos comerciales, porque tratan de establecer nuevas normas que les permitan revertir los avances sociales y laborales conseguidos mediante años de lucha del movimiento obrero, nuevas normas que les permitan seguir aumentando beneficios, que les permitan eliminar obstáculos para continuar privatizando servicios públicos y aumentar la explotación del planeta. De esta forma, la actual arquitectura del comercio internacional fortalece y expande la arquitectura de la desigualdad. Continuaremos en siguientes entregas.