Acuerdo Programático para Andalucía (XV)

4.2. Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Consideramos que el desarrollo territorial y medioambiental es una oportunidad para lograr un mayor desarrollo económico y para el crecimiento de nuestros sectores productivos tradicionales, el bienestar y la calidad de vida de las personas. Nuestro modelo de desarrollo ha de distinguirse por incorporar plenamente la consideración de la calidad del territorio y el medio ambiente en las políticas y actividades económicas. Por ello, planteamos el principio de no regresión en los derechos y en las políticas de ordenación del territorio y de medio ambiente, que no sólo no deben entenderse como limitadoras del desarrollo productivo, sino como requisitos indispensables para dicho desarrollo. Para ello:

1.- Impulsaremos un modelo de ordenación del territorio ecológicamente sostenible, socialmente justo y territorialmente equilibrado.

2.- Proponemos completar los instrumentos de ordenación territorial y urbanística que doten al conjunto de la Comunidad Autónoma, a cada comarca y municipio, de unos criterios claros para el desarrollo urbano, la calidad del territorio y la implantación de las actividades y los usos del suelo que, a su vez, mejoren el papel de la Administración como facilitadora de la actividad y la inversión privada.

3.- Completaremos los planes de ordenación del territorio iniciados en desarrollo del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, en especial los de las aglomeraciones urbanas y áreas litorales, garantizando la vinculación y sujeción de la planificación sectorial de las grandes ciudades y áreas metropolitanas y ciudades medias a la planificación territorial subregional.

4.- Desarrollaremos la planificación de las principales actuaciones previstas en los Planes de Ordenación del Territorio, especialmente Parques Metropolitanos y Áreas de Oportunidad.

5.- Diseñaremos instrumentos novedosos de gestión territorial que posibiliten la compensación interterritorial en el reparto de los beneficios y cargas derivados de las decisiones de la planificación territorial.

6.- Impulsaremos el desarrollo reglamentario de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de forma prioritaria para hacer frente a la especulación, potenciar la intervención pública en suelo y vivienda, y para optimizar el crecimiento de las zonas urbanas mediante un uso eficiente y eficaz del territorio.

7.- Promoveremos la participación de manera efectiva y real en la elaboración, modificación y revisión de todos los instrumentos de planificación y ordenación del territorio, de todos los ciudadanos y ciudadanas y sus asociaciones para las decisiones a adoptar en cada plan, incluyendo la información relativa a la participación pública.

Esta parte del Acuerdo contempla lo relativo a la ordenación territorial, otro tema fundamental para incidir en una ruptura con el modelo productivo llevado a cabo hasta ahora. En efecto, la ordenación del territorio no sólo ha sido uno de los focos de corrupción (sobre todo a nivel local) más extendidos en el ámbito de las responsabilidades políticas, sino que ha incidido hasta ahora en un modelo de crecimiento urbanístico desaforado, sin respetar los parámetros de un crecimiento sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Esta tendencia debe cambiar, pues al socaire de un desarrollo implacable, demencial y agresivo, hemos roto con todos los límites que garantizaban no sólo un desarrollo territorial armonioso con la naturaleza, sino también la ética y responsabilidad de los cargos públicos.

Como consecuencia de todo ello, el modelo productivo basado en el ladrillo, y los servicios y el turismo convergentes con él, mantuvieron durante mucho tiempo la era del pelotazo fácil, del enriquecimiento ilícito y desmesurado, del crecimiento desorbitado de la construcción residencial, de la incorporación de jóvenes al mundo laboral sin formación alguna, de la especulación sobre el derecho a la vivienda, de los fraudes y estafas bancarias, de las abusivas hipotecas, del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, y del desastre que nos ha conducido hasta la situación actual. Tenemos ya la experiencia, no volvamos a tropezar en la misma piedra. Por tanto, un uso del suelo público racional y socialmente justo, a la par que una ordenación del territorio equilibrada y sostenible, garantizarán que esta parcela de la economía deje de ser fuente de problemas, y se convierta en parte de la solución.