Sobre la nueva Ley del Mercado de Alquileres

Hemos tenido referencias hace pocos días sobre la nueva Ley del Mercado de Alquiler de la Vivienda, y como siempre, bajo un prisma aparentemente correcto y deseable, se esconde una nueva herramienta aliada de la política neoliberal que nos invade. Vamos a comentar en este artículo algunas características sobre la misma, para poder comprobarlo. Para comenzar, ya sabemos que el tema de la vivienda en general no es nuevo, nosotros hemos escrito muchas veces sobre este tema, pero ahora además se ha puesto especialmente en la palestra, por varios motivos fundamentales: la aparición del llamado "banco malo" (que empezará a funcionar en diciembre, y donde se desviarán los activos tóxicos de tipo inmobiliario de los bancos), el elevado número de deshaucios practicados en los últimos meses, los atentados contra la propia vida e integridad física de las personas que toda esta política está generando, la iniciativa del PSOE (que llega tarde y mal) para intentar presentar una propuesta en torno a este preocupante tema, o el informe publicado por algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial ofreciendo datos, y denunciando la gravedad del asunto.

En ese mismo sentido ha girado también el reciente informe anual de la Relatora Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada de Naciones Unidas, Raquel Rolnik, que se hizo público hace pocos días, destacando el impacto que la financiarización de la vivienda está teniendo sobre el derecho en cuestión. Este informe se acaba de publicar oficialmente en la Asamblea Anual de la ONU de Nueva York, el pasado 29 de Octubre. El informe, que se puede descargar en este enlace, es completísimo, y concluye que las políticas implementadas en los últimos años que han priorizado el acceso a la vivienda en régimen de propiedad a través de hipotecas han demostrado su total fracaso, y han conducido a la vulneración sistemática del derecho fundamental a la vivienda, así como a la desprotección y exclusión social, poniéndose como ejemplo al Estado Español de dicha fallida política, destacando el dato de 400.000 ejecuciones hipotecarias efectuadas desde 2007.

Pues bien, ante todo este panorama, la nueva Ley del Mercado de Alquiler de Viviendas no viene (como era de esperar) a ayudar en nada, sino más bien todo lo contrario. Partimos de la base, que ya hemos denunciado varias veces en nuestros artículos, de que en España se dispone de un stock de vivienda sobredimensionado, en el que la propiedad es el régimen de tenencia dominante. Este es un primer cambio de mentalidad que tenemos que provocar. ¿Y cómo se consigue esto? Pues potenciando el mercado de alquiler como una opción barata, asequible y segura, que es justo lo contrario de lo que ofrece la nueva Ley. Por ejemplo, en el año 2001, mucho antes de que pinchara la burbuja inmobiliaria, el porcentaje de viviendas en alquiler era sólo de un 11% del total. Escasísimo porcentaje, si lo comparamos con los países más desarrollados, donde el mercado de alquiler es una opción preferente, sobre todo porque el Estado lo garantiza, lo avala y lo protege. Pero en España este enfoque parece ser que no interesa. Actualmente, como decimos, se debate en el Parlamento el Proyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, y desde la izquierda, lo entendemos como un ataque frontal a la garantía del derecho a una vivienda digna recogido en la Constitución.

Pero no sólo lo afirmamos desde Izquierda Unida. Colectivos como ATTAC Madrid, Ecologistas en Acción, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Grupo de Trabajo de Economía-Sol, entre otros, aseguran que con este Proyecto de Ley se siguen favoreciendo los intereses de los sectores financieros e inmobiliarios, a lo cual tenemos que unir el precedente de otros países del mal funcionamiento, más bien diríamos del fracaso, de la puesta en marcha del llamado "banco malo". El sector financiero e inmobiliario pretende seguir cubriéndose las espaldas, también en este mercado, salvaguardando sus activos en el ladrillo, mediante ventajas legislativas y fiscales. Y en cuanto a las nuevas normativas que aparecen en el Proyecto de Ley, parten del error de base (como pasaba por ejemplo en la Reforma Laboral) de considerar a ambas partes por igual, esto es, al arrendador y al arrendatario, algo que evidentemente no es real. Si pretendemos ser justos, hemos de proteger más a la parte débil (el inquilino) frente a la parte fuerte (el propietario). Vamos a ver algunas cláusulas.

Entre otras medidas, el proyecto legislativo reduce de cinco a tres años el límite legal para permanecer en una vivienda alquilada, y la prórroga forzosa, de tres años a uno. Nosotros entendemos que de esta forma se precariza aún más el alquiler al convertirlo en una opción meramente temporal, que es la filosofía contraria a la que debemos emprender. Además, el Gobierno del PP pretende que el propietario pueda disponer de la vivienda para sí o sus familiares más cercanos en cualquier momento, con independencia de que esta posibilidad se haya pactado o no en el contrato de alquiler. En estos casos, los inquilinos tendrían un plazo de dos meses para abandonar la vivienda, y la norma tampoco prevé una indemnización mínima en este escenario. También se permite la negociación anual de la renta sin sujeción a las variaciones del IPC, lo que en la práctica implica de nuevo desproteger al inquilino, ya que se concede un carácter de equilibrio a la voluntad de las partes.

Igualmente, el texto permite que las partes puedan negociar la pérdida del derecho de adquisición preferente por parte del inquilino, lo que permitiría prácticas fraudulentas por parte de los propietarios, como poder vender una vivienda alquilada sin informar a sus ocupantes. Por otra parte, se reducen casi al mínimo las garantías judiciales de los arrendatarios, con el argumento de facilitar el deshaucio con la mayor agilidad posible, atendiendo peticiones como las de FEDEA. Se recoge por ejemplo que en el momento de efectuar la denuncia por parte del arrendador, el secretario judicial fije la vista del caso, y simultáneamente, la fecha del deshaucio. Incluso recogiendo la posibilidad por parte del inquilino de poder desistir del alquiler en cualquier momento, siempre que se le comunique al propietario con un mes de antelación, se recoge como contrapartida la posibilidad de incluir dentro del contrato una cláusula de indemnización por desistimiento del inquilino. Como vemos, todo son ventajas para el propietario del inmueble.

Por otra parte, se toman medidas que inciden en colocar el mercado del alquiler de viviendas bajo las prácticas especulativas. Por ejemplo, se abre el mercado de viviendas a las entidades residentes en paraísos fiscales, y es por esto por lo que se les elimina  el gravamen especial sobre bienes inmuebles (3% del valor catastral). Y de igual forma, el Proyecto de Ley fomenta lo que se dará en llamar Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), que por sus ventajas fiscales podemos asociar a las actuales SICAV. Por todo ello, como hemos avanzado al principio, lejos de consagrar la vivienda como un bien protegido de primera necesidad, y por tanto garantizar desde el Estado la existencia de un mercado de alquiler social, a bajo precio y con suficiente seguridad jurídica, este Proyecto de Ley abunda en la línea de residualizar, de hacer casi marginal, al mercado de las viviendas de alquiler.

Frente a todas estas políticas equivocadas, crueles y antisociales, desde la izquierda seguimos demandando una nueva política de vivienda, cuyo epicentro resida en la toma en consideración de la vivienda como un derecho fundamental. En este sentido, reclamamos un giro en la consideración social del mercado de los alquileres, una mayor protección jurídica del inquilino, la declaración de legalidad para la ocupación de viviendas que lleven más de un año vacías, la concesión de subsidios para el alquiler de viviendas, la creación de un parque de viviendas sociales con los activos inmobiliarios que irán a parar al banco malo, y el establecimiento de la dación en pago obligatoria (no como un código voluntario de buenas prácticas) para las entidades que se hayan visto beneficiadas con ayudas públicas. Entendemos que una Ley que desarrolle el Derecho a la Vivienda debería instaurar también de forma generalizada la posibilidad de la dación en pago, incluso retroactivamente. Jugar con el derecho a la vivienda es jugar con la vida de las personas. Un Gobierno que mire a las personas no puede permitirlo.