Balance de 33 años de Constitución

El pasado 6 de Diciembre se cumplían 33 años desde que se refrendara la Constitución Española, esa Magna Carta que debiera ser el documento más respetado del Estado, y que hoy por hoy está convertida en papel mojado, no sólo porque sus fundamentales artículos no se garantizan en la actualidad para la ciudadanía, sino porque además recientemente se ha violentado el consenso constitucional alcanzado en 1978, al imponer una sustancial modificación sin el acuerdo mayoritario de los partidos, y sin una consulta popular.

Así que tal y como está el panorama, hemos de hacer notar que la única formación política que se comportó con dignidad "constitucional" el pasado día 6 fue Izquierda Unida, al acudir al Congreso únicamente para denunciar esta gravosa situación de nuestra Constitución, y marcharse después, simplemente porque no había nada que celebrar.

Efectivamente, tenemos una Constitución que no sólo no ha evolucionado en su articulado para recoger la realidad física, administrativa e institucional del Estado (Comunidades Autónomas, Senado como cámara territorial, etc.), sino que no se ve desarrollada en las garantías para los derechos fundamentales de la ciudadanía (trabajo, vivienda, etc). Todo ello además con la reciente guinda del pastel, con el famoso "Reformazo" auspiciado por el tándem PP-PSOE, para incluir la limitación del déficit público y el reconocimiento explícito de la prioridad del pago de la deuda a través de la modificación del artículo 135 de nuestra Carta Magna. Esa reforma pretende imponer una orientación económica y social (de ideología neoliberal), abiertamente confrontada con el Título VII de la Constitución.

Tal como se dice en el sitio web de IU, "Las supuestas dificultades para llevar a cabo reformas importantes, justas y necesarias en nuestra Constitución, como es la reforma de la Ley Electoral, no fueron obstáculo esta vez para que PSOE y PP llevaran a cabo una reforma de ésta que condiciona y condena la política económica de nuestro país y, con ella, el futuro de sus ciudadanos. La soberanía del pueblo español no puede ser socavada ni hurtada por los intereses de los mercados ni de los especuladores financieros".

Pero no solo esto, pues como hemos indicado al principio, no se cumple el derecho al trabajo que recoge el texto constitucional, y la prueba está en los cinco millones de parados, tampoco el derecho a una vivienda digna, cuando en este país se están produciendo cerca de 15.000 desahucios cada trimestre, ni el interés general de los ciudadanos ni su bienestar, que está supeditado al de los especuladores y los banqueros.

Y por último, señalar también que desde la izquierda nos comprometemos  a defender un proceso constituyente que resuelva democráticamente la forma de Estado (monarquía o república, República para nosotros) y su modelo (desde nuestro punto de vista Federal), con un texto constitucional que recoja el reconocimiento efectivo y exigible de los derechos sociales, como el trabajo, la vivienda, la educación y la salud. En resumidas cuentas, un nuevo proceso constituyente donde el único protagonista sea el pueblo.