Comisión de Investigación de los ERE: una pantomima

Se iniciaba la pasada semana, después de muchos avatares previos, la tan solicitada Comisión de Investigación sobre los ERE irregulares en el Parlamento de Andalucía. Como sabéis, se trata (al menos, en teoría) de dirimir las posibles responsabilidades políticas de los altos cargos que tuvieron que ver con las decisiones que durante más de 10 años se han tomado por parte del anterior Gobierno de la Junta (PSOE) en torno a la concesión irregular de ayudas a las empresas que organizaban los Expedientes de Regulación de Empleo, e incluso al uso perverso, ilegal y en fraude de ley de los mismos ERE, ya que se han dado presuntos casos de trabajadores adscritos a algunas empresas en las que nunca habían trabajado. Como sabemos, esta Comisión está teniendo lugar al tiempo que la investigación judicial sigue su curso, pues ya están imputados, encarcelados preventivamente e incluso puestos en libertad bajo fianza algunos cargos implicados en dicha trama.

Un gigantesco entramado de irregularidades y fraudes que ha funcionado en las altas instancias del Gobierno Andaluz, patrocinado por el PSOE, para favorecer a las empresas relacionadas con dicho partido, o bien a ciertas personas vinculadas al mismo. Pues bien, durante los últimos tiempos del anterior Ejecutivo se solicitó una y mil veces la Comisión de Investigación, tanto por parte de IU como del PP, pero el PSOE siempre se negó a la misma. Y por fin, cuando tenemos en la Junta un Gobierno conjunto entre el PSOE e IU, y a instancias de Izquierda Unida, la famosa Comisión está teniendo lugar, y está previsto que tenga sus conclusiones para finales de septiembre. Sin embargo, todo esto estaría muy bien si la dinámica de la Comisión estuviera funcionando correctamente, pero por lo que estamos viendo hasta ahora, por las cinco o seis personas que han "declarado" (es un decir) ante la misma, estamos ante una auténtica y ridícula pantomima.

Efectivamente, toda una suerte de pantomima, una tomadura de pelo en toda regla hacia el pueblo andaluz es lo que estamos viendo en la información que nos llega sobre las sesiones celebradas hasta ahora en la famosa Comisión de los ERE. ¿Y esto porqué? Pues simplemente, porque la misión y objetivo principal de la misma, que es que los comparecientes declaren, y sean interrogados por los miembros de la Comisión, y éstos respondan a dichas preguntas, no se está produciendo. Así de fácil. Así de absurdo. Así de intolerable. Hasta ahora, todos los comparecientes, por lo visto aconsejados por sus propios abogados, se están negando a declarar. Obsérvese que no decimos que se están "acogiendo a su derecho a no declarar" (pues esto sólo ocurre en el entorno del Derecho Penal), sino que no están declarando. Se limitan a leer un comunicado donde proclaman su total inocencia y su completa desvinculación de cualquier hecho irregular en torno a la concesión de los ERE, cuando no su desconocimiento de cualquier acto o decisión ilegal o fraudulenta vinculada a los mismos. Y cuando llega el momento de las preguntas, formuladas por los miembros de la Comisión, simplemente indican que no van a responder. Todo un despropósito.

¿Cómo se ha actuado hasta ahora ante tal comportamiento de los comparecientes? Pues cada grupo ha reaccionado a su manera, Izquierda Unida ha leído sus preguntas en directo, el Partido Popular también la mayoría de las veces, y el PSOE las ha archivado junto con las actas de la Comisión. Como decimos, toda una tomadura de pelo para la ciudadanía, que ve con total incredulidad y perplejidad el absurdo montaje que cada día tiene lugar en la Comisión, sin que ningún grupo intervenga para arreglar el desaguisado.

Tenemos que entender, para empezar, que una Comisión de Investigación Parlamentaria es algo muy serio. Está pensada para sacar conclusiones sobre las causas y motivos que han originado las supuestas irregularidades, para sugerir la implementación de mecanismos para que no puedan volver a suceder, y para depurar todas las responsabilidades de tipo político que tengan los más altos responsables del asunto. Y las responsabilidades políticas van en otro orden distinto a las penales, pero son tan importantes como aquéllas. Luego por tanto, es absolutamente necesario que ningún escollo o resquicio permita que los comparecientes no declaren, puesto que en dicho caso, la Comisión sería incapaz de sacar las conclusiones, y por tanto sería un engaño a la ciudadanía, además de un derroche inútil de recursos. En última instancia, un fraude a la propia democracia.

Decididamente, esta estrategia tiene que cambiar, si no se quiere que los ciudadanos suframos (ya lo venimos sufriendo desde hace mucho tiempo) un nuevo ataque de desafección hacia nuestros políticos, hacia el propio sistema, que parece ser que resulta inútil para resolver este tipo de asuntos. Tenemos muy pocas cosas que envidiar a los norteamericanos, quizá ésta sea una de ellas. En sus Comisiones de Investigación, los comparecientes tienen prohibido negarse a declarar (bajo penas de multa y acusaciones de obstrucción a la Justicia), de tal forma que se garantiza mímimamente un comportamiento adecuado de los comparecientes, y las vías en su caso para canalizar las investigaciones y el cumplimiento de los objetivos de la Comisión.

Luego por tanto, no podemos seguir así. Emplazo sobre todo a Izquierda Unida, cuya credibilidad está en entredicho con todo este asunto (en realidad, está en entredicho desde su misma entrada en el Gobierno Andaluz), para que dé un golpe encima de la mesa, e impida que la Comisión de Investigación de los ERE en Andalucía pueda continuar en esta dinámica. De otro modo, todo el interés mostrado hacia la celebración de la misma habrá quedado en agua de borrajas. Cordura y responsabilidad, e impidamos que continúe esta pantomima.