Contra la ilegalización de FACUA

Uno de los últimos contraataques del PP a todo el andamiaje y garantía de la libertad de expresión (con todas sus variantes, pues además aquí estamos en el caso de una Asociación) está siendo la campaña de desprestigio orquestada contra FACUA-Consumidores en Acción, ya que a ésta (con plena libertad y autonomía de una Asociación que defiende los derechos de la ciudadanía, en este caso desde el punto de vista de los consumidores) se le ha ocurrido criticar las medidas de recortes del Gobierno. Un montón de amenazas veladas se han lanzado contra esta organización, incluída la de su posible ilegalización.

Y desde la izquierda, como no podía ser de otra manera, combatimos éste o cualquier otro ataque de esta naturaleza, y apoyamos y respaldamos la reciente campaña "SOMOS FACUA" que se ha lanzado desde la misma, con el apoyo expreso de muchos artistas, periodistas e intelectuales. Para ello, llamamos primero a toda la ciudadanía a que acceda a la página web http://www.facua.org/somosfacua, para firmar el Manifiesto en el espacio habilitado para ello, y unirse de esta forma a la campaña de defensa de esta organización. Concretamente, lo que existe es una amenaza lanzada por el INC (Instituto Nacional de Consumo) de decretar la expulsión de FACUA del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, por su campaña informativa contra los recortes sociales del Gobierno. Para dar explicaciones sobre este tema, el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural tiene solicitada una comparecencia en el Congreso, dentro de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, de la Ministra Ana Mato desde el día 3 de Agosto pasado.

Se trata de un nuevo intento, llevado a cabo por este intolerante Ejecutivo, de amedrentar y criminalizar a todos aquéllos sectores ciudadanos que se enfrenten a su política neoliberal y de recortes. Variantes de esto mismo son la represión policial en las manifestaciones, las detenciones preventivas de estudiantes, las vallas que rodean el Congreso de los Diputados, o la orden de detención solicitada por el Ministro de Interior para los jornaleros del SAT andaluz. Simplemente, este Gobierno no tolera que la sociedad civil cuestione su política, sancione sus prácticas, haga campañas en contra de su ideología, y todo ello es propio de los regímenes totalitarios. En cambio, ellos sí que pueden gobernar cada viernes a golpe de Decreto-Ley, en contra de su propio Programa Electoral, y anular de un plumazo sin el menor atisbo de negociación todo el conjunto de derechos sociales y laborales, todo el marco normativo que nos hemos otorgado durante décadas, en pro de una supuesta "salida de la crisis".

Y como decíamos más arriba, se está encontrando con una fuerte contestación popular, procedente de todos los sectores. Para esta campaña en concreto, han prestado su apoyo explícito más de 60 artistas, escritores y periodistas, tales como por ejemplo Juan Ramón Lucas, Antonio de la Torre, Carlos Bardem, Emma Ozores, Imanol Arias, Lluvia Rojo, María Galiana, Paco León, Tristán Ulloa, y muchísimos más. Y la lista crece, en el momento de escribir este artículo supera las 3.500 firmas. Y es que los argumentos del Gobierno no se sostienen, ya que alega que los mensajes, consejos y advertencias de FACUA en su campaña no guardan relación alguna con la defensa de los derechos legítimos de los consumidores. No hay mejor argumento que el que no existe.

El Gobierno les advierte, como indican en su Manifiesto, que una Asociación de Consumidores como FACUA se extralimita en sus funciones al abordar dichos temas, teniendo prohibido expresarse sobre cualquiera de ellos, argumento completamente falaz, pues va en contra de lo expresado en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en la propia Constitución Española, además de en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000, e incluso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Peligroso precedente el que quiere instituir este indecente y represor Gobierno, que por primera vez durante el período democrático pretende imponer la previa censura a una organización ciudadana, y prohibirle su derecho a la libertad de expresión. Esperemos que las amenazas sólo se queden ahí, y el Ejecutivo de Rajoy no consume otro espeluznante hito en su ya larga lista de récords negativos e indeseables que ostenta.