Demagogia sobre el "derecho a decidir"

El tema de la supuesta organización en Cataluña de una consulta popular en torno a lo que ellos han denominado el "derecho a decidir" está provocando que se escriban ríos de tinta en toda la prensa convencional, y por supuesto, en la no tan convencional. Nuestra postura desde la izquerda está clara, pero voy a permitirme complementar en este artículo nuestra visión sobre el tal supuesto derecho, y a situarlo en sus justos términos, a tenor de todo lo que está sucediendo desde que estos planteamientos levantan ampollas tan profundas. Vaya por delante que aunque defendemos la realización de esta consulta si el pueblo catalán lo quiere, nosotros apostamos por un Estado Federal.  

Lo primero que quiero decir al respecto es que, una vez más, no se les llama a las cosas por su nombre. Los gobernantes catalanes, en este caso los de CIU y ERC fundamentalmente, están albergando bajo este eufemismo del "derecho a decidir" lo que es una reivindicación legítima e histórica de los pueblos, como es el derecho a la autodeterminación. El derecho a la autodeterminación es un derecho básico de todos los pueblos, mediante el cual se les atribuye la posibilidad democrática de que controlen y decidan su propio futuro político colectivo. Más concretamente, consiste en el derecho colectivo a decidir libremente un estatus político determinado, que puede ser reclamado por colectividades o grupos nacionales sin Estado propio, y en un ámbito territorial determinado en el cual poder ejercer su soberanía. Desde la izquierda siempre hemos reconocido este derecho y lo seguiremos reconociendo (de hecho nuestro socio catalán, ICV-EUiA, ha apoyado la celebración del referémdum popular).

Pero es que este ejercicio continuo que se hace para esconder con impropios vocablos y expresiones el auténtico significado y dimensión de las cosas es un ejercicio muy peligroso, que sólo conduce a la ciudadanía a la confusión y a la manipulación más absoluta. Porque en el sagrado nombre del "derecho a decidir" se invoca al pueblo catalán sólo para realizar una consulta sobre la posible autodeterminación, como queriendo dar el mensaje de que son muy demócratas porque quieren consultar al pueblo, cuando lo cierto es que continuamente están rechazando la voluntad popular, e impidiendo que el pueblo se manifieste para otras muchas cuestiones de política cotidiana. Porque si es "derecho a decidir", ¿porqué ese derecho tiene que ser parcial? ¿No puede ser un derecho completo? ¿O ha de ser un derecho recortado y concedido sólo para un aspecto particular?

Continuamente se dan manifestaciones populares, y en el territorio catalán incluso más que en ningún otro, de rechazo ciudadano a las políticas sociales y laborales que el Gobierno de la Generalitat (y el Gobierno Central) aplican a sus ciudadanos. Sin embargo, para todas estas cuestiones parece ser que el pueblo no puede tener el "derecho a decidir". No es lógico por tanto que este derecho sólo pueda ser ejercido para ciertos asuntos, y no para otros que son tan importantes como aquél. ¿O es que el futuro de la ciudadanía catalana sólo tiene que ver con sus relaciones con el resto del Estado Español? ¿Porqué no se deciden también, o al menos no se escucha la opinión del pueblo, en relación a las políticas de recortes que se están imponiendo a sangre y fuego, y que tanto sufrimiento están generando? ¿No tienen relación con el futuro de la ciudadanía catalana las políticas educativas, sanitarias, económicas, culturales, laborales o sociales?

Insisto: ¿porqué no se organizan también consultas populares para que los ciudadanos/as tengan el "derecho a decidir" sobre la privatización de las empresas públicas, sobre el uso de la energía nuclear, sobre el apoyo público a la Iglesia Católica, sobre la permanencia de la Monarquía, sobre la Renta Básica de Inserción Social, sobre la creación de una Banca Pública, sobre la construcción de EuroVegas (o Barcelona World), sobre la política fiscal, o sobre nuestra permanencia dentro del euro? ¿Es que sobre esto no debe existir también "derecho a decidir"? Los más avispados me pueden contestar que entonces tendríamos que celebrar cada día un referéndum, pero saben que no, que a lo que nos estamos refiriendo siempre desde la izquierda es a que no entendamos la democracia sólo como un voto cada cuatro años, sino que la entendamos como un despliegue de mecanismos que garanticen, de forma descentralizada pero completa, que la ciudadanía participa activamente y decide sobre todos los grandes asuntos que les afecten.  

Pero no. Parece ser que la única dimensión para la que les interesa que los ciudadanos catalanes sean consultados, tengan ese "derecho a decidir", es para plantearles esa supuesta relación con España. O mejor dicho, entre Cataluña y España. Es pura y simplemente una carga muy profunda de demagogia y de intereses encontrados. Y mucha voluntad de disfrazar con eufemismos y manipulaciones esa voluntad popular. Pero ojo, que la crítica no va sólo contra las Instituciones y los gobernantes catalanes. También para los del resto. Un ejemplo muy claro se acaba de dar hace pocos días con el ya ex Fiscal Jefe de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, que ha sido poco menos que "obligado a dimitir" ante la presión del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce. En efecto, Rodríguez Sol había realizado unas declaraciones proclives a la celebración, siempre por vías legales, de la consulta en Cataluña, y en seguida comenzaron algunas voces a decir que esto era poco menos que intolerable, porque si un Fiscal opina sobre estas cosas, "queda contaminado" (en palabras textuales del Ministro Gallardón).

Pero para que veamos la demagogia de la que hacen gala, pondremos un ejemplo muy significativo: justo en esos mismos días se había pronunciado el actual Ministro del Interior sobre otro tema que no tiene nada que ver, como es el reconocimiento del matrimonio para personas del mismo sexo. En efecto, Jorge Fernández Díaz había afirmado aberraciones como que "los matrimonios del mismo sexo no pueden contribuir a la pervivencia de la especie humana", y se había quedado tan pancho. Y para esto sí que existe ya una Ley reconociendo este derecho. Se me vienen a la cabeza muchas preguntas: ¿para el Ministro sí existe la libertad de expresión? ¿El Ministro del Gobierno de España sí puede opinar en contra de una Ley en vigor, y no pasa nada? ¿El Ministro no queda contaminado? Todo ello es prueba de lo que sostenemos: una tremenda manipulación en función de una serie de intereses creados. No más demagogia sobre el supuesto "derecho a decidir". Ni es tal, porque se llama "derecho a la autodeterminación de los pueblos", y debe poder opinar sobre el mismo todo el mundo, cualquier persona, en un Estado democrático y de Derecho, que de verdad se precie de serlo.