El Federalismo como Modelo Territorial y de Estado (XIII)

El proceso federalizante que proponemos se basa, pues, ya lo hemos dicho, en la diferencia fundamental con el actual Estado de las Autonomías en que dota a las mismas de la capacidad de asociarse libremente, por tanto no sólo avanza y reconoce un mayor grado de descentralización política y administrativa, que también, sino que recompone un nuevo modelo de Estado a partir del actual, recogido todo ello en la nueva Constitución Federal. Por tanto, no se trata sólo de alcanzar mayores cotas de autogobierno, sino además de que desaparezca el actual control tutelar que el Gobierno Central ejerce sobre las Comunidades Autónomas.

Otro punto importante que hemos discutido y avanzado en nuestra propuesta es el reforzamiento del ente municipal o local en la propia estructura del Estado. Tras la eliminación de las Diputaciones Provinciales, los Municipios (y las asociaciones supramunicipales, tales como las Mancomunidades) adoptan un reforzamiento en su papel de administración más cercana al ciudadano. Pero nos encontramos (al igual que para los propios entes o territorios federados) con el problema de su financiación. La financiación local es un problema que viene queriéndose esquivar por los gobiernos de turno, tanto del PP como del PSOE, y ello sólo ha contribuido a un mayor debilitamiento de las capacidades de los Ayuntamientos para prestar los correspondientes servicios públicos a su ciudadanía respectiva.

El Modelo Federal debe por tanto también corregir esta situación, y dotar a los entes locales de una actualización, mejora y ampliación de su sistema de financiación, que no sólo se base en la recaudación de los actuales impuestos (que se reducen al IBI, al IAE, al IVTM, y el de Construcciones y Plusvalía, más los impuestos locales de saneamiento, residuos, recogida de basuras, agua, etc.), sino que pretendemos enmarcar la financiación local desde una mayor dotación procedente de los ingresos del Estado. El nivel administrativo municipal debe de esta forma ser potenciado y reforzado, pues además representa a la ciudadanía de forma más cercana y directa.

Proponemos una mayor dimensión para la financiación local, proveniente de un mayor traspaso de competencias, o bien de una mayor corresponsabilidad en la prestación de algunos servicios, tales como los siguientes: ordenación del territorio, protección del medio ambiente, política de vivienda pública, prestación de servicios sociales, mayores competencias en educación y formación, y mayor capacidad para implementar políticas activas contra el desempleo de su población. Todo ello, por supuesto, sin perjuicio ni menoscabo del establecimiento de planes directores de ámbito superior. Y en cualquier caso, hay que repensar los impuestos municipales, racionalizarlos, simplificarlos, refundirlos, y en general y sobre todo, hay que atender al principio constitucional de capacidad económica y progresividad. En este sentido, hay que permitir a los Ayuntamientos un margen de discrecionalidad para atender a circunstancias en su ámbito de orden social o económico, para poder desarrollar e implementar políticas de bonificación o de exención.

Otro apartado que el Estado Federal debiera readaptar es el de la propia dimensión, estructura, competencias y funcionamiento de la Administración Central del Estado, frente a las Administraciones de cada territorio. El principio inspirador en este caso es convertir la Administración (entendida aquí en sentido general) en una Administración cooperativa, plasmada en el objetivo de la "ventanilla única", como modo de garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de sus derechos de modo directo, sin que ésta tenga que entrar en los detalles de la Administración concreta que le presta el servicio. En este sentido, el Estado Federal (Central) debe en primer lugar ser adelgazado en su dimensión y capacidad, atendiendo a su implantación progresiva y mayoritaria en cada territorio federado.

Se reduciría el peso de la Administración Central en la periferia, por ejemplo, reduciendo el número de Ministerios, Empresas, Entes y Organismos autónomos, mediante la fusión, la delegación o la desaparición de todos aquéllos cuya competencia pueda ser objeto de transferencia a su territorio en cuestión. Asímismo, el proceso federalizante tenderá a reducir al mínimo el aparato administrativo periférico del Poder Central, limitándolo al propio y exclusivo de las materias no delegables, por pertenecer al núcleo de competencias no transferibles a cada territorio federado, o bien porque afecten a los principios de solidaridad interterritorial, o a la propia soberanía de la Federación. Continuaremos en siguientes entregas.