El caso Spanair: suma y sigue

Nos alarmaba en la noche del viernes 27 de enero la fulminante decisión de Spanair de abandonar su actividad, y digo fulminante porque la misma tarde donde se continuaban vendiendo billetes fue anunciada la decisión, que dejó en tierra a más de 22.000 pasajeros sólo en ese fin de semana, y en la incertidumbre laboral a más de 2.400 trabajadores, entre puestos directos e indirectos.

Parece que la gota que colmó el vaso fue la decisión de la Generalitat de Cataluña, la propietaria de la mayor parte del capital de la aerolínea, de no seguir subvencionando a la compañia. No obstante, la empresa tenía muchos problemas económicos desde hacía tiempo, y muchos inversores se temían una situación como ésta.

Y aun reconociendo  que la situación financiera de la compañía fuese muy mala y abocara a un cierre, hay maneras y maneras de plantear las cosas, y muchas veces no es sólo el fondo de la cuestión lo que cuenta, sino también las formas. La Ministra de Fomento, Ana Pastor, se enteró muy poco antes de lo que pasaba. Y en rueda de prensa, estuvo bastante dura, pero le escuchamos una dureza sobre todo en la defensa de los intereses de los ciudadanos, es decir, de los usuarios, pero no de los trabajadores. Y ya sabemos que han dejado (y sin explicaciones ni vías alternativas) a muchos usuarios sin poder volar, pero mucho más grave es la situación de los trabajadores.

Como decimos, lo más grave de todo es la situación de los trabajadores de la compañía, que quedan en "suspenso laboral" hasta no plantearse una situación definitiva para ellos. Comienza a haber gestiones de terceras empresas, como Vueling o Ryanair, para hacerse cargos de los activos de la empresa, y poder recolocar al menos a gran parte de la plantilla, pero todo está en el aire.

La aerolínea ha solicitado el Concurso de Acreedores, con una deuda de 475 millones de euros, y vamos a ver cuál es la situación final donde se queda todo esto. Pero en cualquier caso, es cierto (y ahí está lo malo) que la normativa europea permite un cierre fulminante, pero siempre hay derechos que respetar, formas que preservar, tiempos que esperar, compases que rellenar. Nuestro reto es que situaciones como ésta, que podemos calificar perfectamente de "terrorismo empresarial", no se puedan volver a dar, y si para ello hay que cambiar la normativa europea, cambiémosla.

No es normal, por tanto, que en pleno Siglo XXI, ante unos problemas económicos de una empresa (por muy consumados que estén, y muy pocas soluciones que se le vean) pueda resolverse con una decisión de cierre de su Consejo de Administración después de una reunión de un par de horas en una tarde, si es que esto pone en peligro la seguridad laboral de una plantilla de trabajadores, y los derechos de una ciudadanía harta de que se le tome el pelo. Éstas sí que son reformas legales que necesitamos, pues debiera ser un delito en toda regla el ordenar ejecutar estas prácticas, saltándose a la torera los derechos de los ciudadanos, y pisoteando las garantías laborales de los trabajadores (además de, en este caso, dañar la imagen turística de España).

En fin, otro conflicto laboral más servido encima de la mesa. Otros 2.500 trabajadores en el peor de los casos a engrosar la ya demasiado gorda lista de personas en desempleo, y otro nuevo golpe bajo en el mismo lado a nuestro ya maltrecho, diríamos que agonizante, mundo laboral, porque no hay día que no nos levantemos sin una noticia de este tipo.