La perversidad de la amnistía fiscal

Muchas han sido las veces que nos hemos referido en nuestros artículos a la perversidad de la amnistía fiscal que el Gobierno aprobó a favor de los grandes defraudadores, de esos ladrones de cuello blanco, de esos de los que el Gobierno podría sacar muchos más ingresos para la sociedad, por el simple principio de la redistribución de la riqueza, que contribuiría a una mayor justicia fiscal. Pero claro, los gobernantes del PP no están por estas causas, eso lo dejan para algunas altruístas ONG's, porque lo suyo es practicar el principio de que los ricos sean cada vez más ricos, y los pobres sean cada vez más...¡gilipoyas! (y perdón por la expresión).

Con esa excusa de que se impida la expatriación de capitales, y de obtener algunos míseros ingresos para el Estado, el Gobierno renuncia a una auténtica política de lucha contra la evasión y el fraude fiscal, así como contra la economía sumergida en nuestro país (a este respecto, lo único que se ha hecho es tomar unas cuantas tímidas y ridículas medidas, pero no abordarlo desde la valentía que dicho asunto merece). Pues bien, en 2011, el flujo de inversiones hacia los paraísos fiscales en la Unión Europea se multiplicó por once respecto al año anterior, según un reciente informe de Eurostat, la oficina estadística europea. Y frente a este contundente y miserable dato, el Estado (democrático y de derecho, según nuestra Constitución) pondrá a los evasores de impuestos el paraíso fiscal aquí, en casa, en su propio país, a cambio de una humillante limosna para el conjunto de la sociedad. Una auténtica vergüenza y un escándalo social intolerable, toda vez que vivimos, de cara a la clase obrera, una ofensiva sin límites hacia el derrocamiento de todos sus derechos y conquistas sociales.

Asistimos, digámoslo sin paños calientes, a un grotesco pacto entre el Estado (un Estado fallido si recurre a estas prácticas) y unos delincuentes fiscales, para conseguir un pequeño porcentaje de su fortuna como contribución al gasto social de su país. Una exención fiscal impresentable y antisocial, legalmente instalada por el Estado, para dotar todavía de mayores privilegios a esas grandes fortunas, que son las mismas que están presionando, desde sus influencias con los sectores más reaccionarios y conservadores del país, para que se continúe humillando y desprotegiendo a la clase trabajadora. Concretamente, el nuevo Modelo Formulario 250 podrá ser empleado por las entidades sujetas al Impuesto de Sociedades por rentas devengadas en paraísos fiscales, y que sean repatriadas e ingresadas en cuentas bancarias en nuestro país, hasta el 30 de noviembre. A cambio de este patriótico gesto, se les permitirá pagar un exiguo 8% por tales rentas, en lugar de integrarlas en la base del impuesto y tributar, en consecuencia, a un 25 o un 30%.

Por su parte, mediante el otro impreso, el Modelo Formulario 750, se podrán declarar los bienes y derechos obtenidos por personas físicas o jurídicas con anterioridad al 31 de diciembre de 2010, y por los que no se haya tributado ni en el Impuesto de la Renta ni el de Sociedades. El plazo para regularizar estos bienes y derechos pagando un 10% de su valor de adquisición, sin recargos ni sanciones, finaliza, como en el caso de repatriación de capitales, el próximo 30 de noviembre. Y tal y como opina Ricardo Rodríguez: "Nos encontramos aquí con un suculento mecanismo de blanqueo de capitales. Tanto es así que, según han denunciado policías especializadas, las bandas criminales dedicadas al lavado de dinero negro cobran mayores honorarios por sus servicios. A lo que se añade la pavorosa novedad de poder regularizar por esta vía incluso el dinero en efectivo. Si ya era tarea en extremo difícil comprobar el origen de los capitales en el diseño original de la amnistía fiscal, con esta última ocurrencia se torna imposible. ¿Cómo se sigue el rastro del dinero en efectivo? A los narcotraficantes, a los tratantes de esclavas sexuales o a los sicarios de las bandas mafiosas les bastará con depositar en una cuenta bancaria los beneficios de sus quehaceres corrientes, y la Hacienda Pública les cobrará el cómodo 10% sin hacer preguntas".

Un Estado justo y valiente, lo que debería hacer con estos sujetos es darles un ultimátum para regularizar su situación (pagando lo que paga todo el mundo, con sus correspondientes recargos, impuestos y sanciones), y en caso de no hacerlo, ordenar el embargo inmediato de todo su patrimonio, y decretar penas de reclusión por un mínimo de 10 años. Valentía política es lo que hace falta en este país, para este y para otros muchos asuntos. Esta normativa inmoral no va a servir para aumentar los ingresos del Estado, pero es que incluso aunque así fuera, es necesario detestarla, repudiarla, derogarla. Es necesario denunciarla y combatirla. Tenemos que acabar con ella, porque en el otro extremo tenemos gente que está sufriendo, que lo está pasando muy mal, que está siendo deshauciada, enviada al paro, que está cobrando una mísera prestación, o que está cada vez más esclavizada en su puesto de trabajo.

Por tanto, esta amnistía fiscal constituye una práctica ilegítima del Estado a favor de las clases más poderosas, justo de las cuales se debería exigir, más en tiempos de crisis, una mayor dosis de solidaridad y de justicia social. Su perversión por tanto es total, pues no sólo incide en un debilitamiento de los ingresos de la Hacienda Pública, que somos todos, sino que además incide en la pérdida de credibilidad de nuestro sistema democrático, consiguiendo del Estado un papel de vulgar y sucio negociador con los más pudientes, denostando la dignidad del resto de la ciudadanía. Esperemos que sea un Decreto-Ley de corto recorrido, y que la orientación del Estado vuelva a ser la de recaudador de impuestos de forma justa y progresiva, garantizando el equilibrio entre los aportes de las clases populares y trabajadoras, y los aportes de los más ricos. Es un principio de dignidad y de justicia social.