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Blog de Rafael Silva. Presenta artículos de opinión basados en la actualidad política, cultural y social.

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Las 7 revoluciones necesarias (VI)

En este artículo, último de los que abordan la Revolución Económica, vamos a hablar sobre las medidas de Protección al Desempleo y sobre el tema de los deshaucios, comenzando por afirmar que tenemos que considerar la creación de empleo y la protección a los parados/as como el objetivo prioritario de la política económica del país, tanto a nivel del Gobierno Central como en los Gobiernos Autonómicos en el marco de sus respectivas competencias. Para ello es necesaria la aprobación de planes de urgencia y de estrategias a medio plazo, con las adecuadas dotaciones presupuestarias.

 

proteccion_desempleo.jpgApostamos por extender la protección al desempleo para que cubra todo el período real de desempleo del demandante, tanto en el cobro de la prestación como en el período de formación y/o reciclaje profesional. Y de cara a las empresas, rechazamos los ERE's en las empresas con beneficios en sus cuentas de resultados.

 

Abogamos por la suspensión de todos los procedimientos de ejecución del embargo de la vivienda habitual, o de corte en el suministro de electricidad, gas, agua y teléfono para las personas en situación de desempleo. Igualmente, proponemos que el uso del transporte público en todas sus modalidades sea gratuito para las personas en situación de desempleo.

 

Y con respecto a los procesos de deshaucio, proponemos las siguientes medidas:

 

1.- Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de deshaucios, con la incorporación de la fórmula de la dación en pago como liquidación de la deuda con la entrega del bien hipotecado.

 

2.- Fortalecer las acciones sociales movilizadoras para bloquear los procesos de deshaucio en curso, paralizando los lanzamientos y reivindicando la vivienda como un derecho fundamental en los casos donde se trata de la vivienda de uso común y residencia habitual.

 

3.- Suspensión o interdicción de todos los deshaucios de manera que ningún núcleo de convivencia quede sin vivienda, haciendo efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna.

 

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