Las 7 revoluciones necesarias (XXI)

Vamos a finalizar con las propuestas enmarcadas en la cuarta Revolución (de los Servicios Públicos), hablando sobre la reforma de la Justicia, la Administración Pública más lenta y pesada de todas, y a la postre la menos modernizada tecnológicamente. Confluyen además en ella muchos factores que la hacen ser una de las Administraciones más conservadoras del conjunto.

El sistema constitucional español ha sido incapaz de conseguir la independencia del Poder Judicial. La utilización partidista de órganos tan importantes como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o el Fiscal General del Estado es tan clara que la crisis producida está minando la credibilidad de la propia Justicia.

La corrección de esta situación obliga a reformar el sistema de elección de estos órganos, haciendo desaparecer las cuotas de partido. En el caso del Fiscal General del Estado, su elección y cese debería depender de las Cortes Generales. Se debería cambiar el modelo de Ministerio Fiscal, atribuyendo la instrucción al propio fiscal. Otro problema constitucional respecto al diseño de la Justicia es la permanencia de Tribunales procedentes del franquismo, como la Audiencia Nacional y los Tribunales Militares, que deberían desaparecer y pasar sus atribuciones a la jurisdicción ordinaria.



Existe un rechazo corporativo de una parte importante de la judicatura, de ideología conservadora y a veces totalitaria, a la aplicación de la Justicia Universal y la presión que ejerce para mantener la impunidad de los crímenes franquistas. Desde la izquierda pensamos que la persecución y clarificación de los crímenes del franquismo y la restitución del honor de las víctimas es un deber moral que tiene el Estado democrático.

Por otra parte, también se da un distanciamiento progresivo de la Justicia respecto a los ciudadanos, que se concreta en su opacidad y en las dificultades que tiene el ciudadano para disponer de información y poder acceder a ella de forma directa, sin tener que contratar a un procurador o un abogado. Proponemos democratizar la Justicia y transformar su Administración en un servicio público transparente, ágil y de calidad, cercano al ciudadano.

Por último, tenemos también que alertar sobre los planes de privatización y liquidación del derecho constitucional a la “justicia gratuita” que se suministra a través del Turno de Oficio. Continuaremos en siguientes artículos abordando las propuestas enmarcadas en la quinta gran revolución, la Revolución para la Igualdad, otra de las grandes asignaturas pendientes y transversales de nuestra sociedad.