Las 7 revoluciones necesarias (XXXIII)

Vamos a finalizar con las propuestas enmarcadas en la Revolución Cultural, hablando sobre la concepción de unos Medios de Comunicación públicos y democráticos, ligados a esa información plural que demandamos desde la izquierda. Efectivamente, la democratización de los medios de comunicación, junto con la reforma de la Ley Electoral, forman las condiciones imprescindibles para disfrutar de una auténtica democracia.

La actual impunidad de los negocios audiovisuales, la reducción del servicio público y el bloqueo de las iniciativas sociales están impidiendo el acceso de los ciudadanos a las propuestas que hacemos desde la izquierda política y social de este país. Se acaba de comprobar en la última campaña electoral, y al marginarnos en los canales mayoritarios de comunicación, se nos impide la participación en igualdad de condiciones con otras fuerzas políticas, lo que reduce significativamente nuestra repercusión social, mientras además la Ley Electoral convierte los votos que recaudamos en menos escaños de los que nos corresponderían con una proporcionalidad justa y una auténtica democracia. Por ejemplo, ahora mismo tendríamos un grupo parlamentario de 25 diputados (en vez de 11), y además el Partido Popular no tendría la mayoría absoluta, situación que tampoco se corresponde con sus votos reales.

La nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual establece negro sobre blanco lo que no garantiza con los hechos. Formalmente asume la democratización que se está desarrollando al anunciar un reparto equitativo entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios audiovisuales. Pero en la práctica reduce el servicio público, bloquea las iniciativas sociales y concede absoluta impunidad a las grandes empresas comerciales del sector. La Ley limita además el espacio del servicio público a un 30% de la cobertura estatal, aumenta la precariedad de la radiotelevisión autonómica al hacerla depender de una disposición transitoria que el PP pretende eliminar, encierra las iniciativas sociales en el ámbito municipal con un reglamento que impone tremendas limitaciones para su difusión, y concede un total oligopolio a las empresas privadas audiovisuales, con el 70% de la difusión general. Nuestras propuestas en este sentido son las siguientes:

1.- Que la Ley General de la Comunicacion Audiovisual garantice de verdad el reparto equitativo de las licencias entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios audiovisuales, de manera que los tres sectores puedan disponer de radios y televisiones de cobertura municipal, autonómica y estatal.

2.- Que se establezca un modelo definitivo de financiación para la radio y televisión públicas (RTVE) con recursos suficientes para que la rentabilidad social de su neutralidad garantice un servicio público estatal que fortalezca una democracia de calidad con ciudadanos bien informados.

3.- Fomentar el mantenimiento y el blindaje del carácter público del conjunto del espacio radioeléctrico.

4.- Que la legislación sea la misma para todos los ámbitos de los servicios públicos (municipales, autonómicos y general del Estado), impidiendo la privatización y/o su utilización en beneficio de los intereses de los diferentes gobiernos.

5.- Que se aplique el derecho de acceso (bloqueado durante 30 años) en todas las radios y televisiones de titularidad pública, como un mandato constitucional que obligue al reparto de espacios de libre disposición entre los partidos, los sindicatos y las organizaciones sociales.

6.- Que se abra un debate público sobre el proyecto de decreto con el que se pretende imponer un reglamento que impide el desarrollo de las iniciativas sociales en la radio y la televisión.

7.- Que se constituya inmediatamente el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), al que la referida Ley General de la Comunicación Audiovisual encarga la supervisión del servicio público, la vigilancia de los negocios audiovisuales, la correcta aplicación del derecho de acceso y la extensión de la alfabetización audiovisual, para que el conocimiento sobre los diversos medios de comunicación facilite que los ciudadanos los utilicen para poder controlar al poder económico y al poder político.

8.- Que se garantice la buena formación universitaria, la autonomía profesional y las dignas condiciones laborales de las plantillas de personal del sector de la comunicación audiovisual, para impedir que su precariedad contribuya a la desinformación de los ciudadanos.

9.- Que se establezca un marco jurídico, con rango de Ley, como la manera de garantizar, de forma efectiva, el respeto y el ejercicio de los derechos del artículo 20 de la Constitución, puestos en peligro actualmente por la fuerte situación de concentración y poder empresarial en el sector de los medios de comunicación, a la que acompaña la terrible precariedad de las relaciones laborales en las empresas pertenecientes a dicho sector, así como la fragilidad del conjunto de la profesión periodística.

10.- Constituir en el seno de las empresas informativas una serie de Órganos Colegiados de Participación, para permitir la consulta e interlocución entre los profesionales de la información y las empresas, para todo lo referido a los contenidos informativos, línea editorial, elaboración de las informaciones en las redacciones, y posible control sobre las herramientas que permiten su gestión informatizada.