Ocaso y declive de la Monarquía en España

No cabe duda de que la Monarquía española está viviendo sus peores momentos, algo completamente lógico si se parte de la base de las carencias legales, democráticas e institucionales que posee desde su propia concepción, o si se quiere, desde su última implantación en nuestro país, a raíz de la Transición, período histórico que cubrió desde la muerte del dictador (1975), hasta la completa normalización de nuestra democracia (principios de los años 80). El Rey Juan Carlos fue un monarca impuesto por el anterior régimen, y además de ello, el bipartidismo gobernante durante todo este tiempo no ha sabido ni ha querido abordar los temas y los procesos que la Constitución de 1978 dejaba abiertos, en lo tocante a la Corona.

Como consecuencia de todo ello, estamos sufriendo desde entonces un sistema político de Monarquía Parlamentaria, donde supuestamente el Rey reina pero no gobierna, pero al ser constitucionalmente la Corona una Institución inviolable, y declarar la Constitución la figura del Rey como irresponsable a todos los efectos, la Institución nació ya de por sí con naturaleza opaca, algo que no se ha ido corrigiendo con el tiempo, pues ni siquiera los aspectos que la Constitución dejaba al desarrollo de leyes posteriores, no se abordaron nunca por los partidos en el Gobierno, el tándem PP-PSOE. Como partidos dinásticos, no se han preocupado jamás de modernizar esta Institución, de hacer a la figura del Rey y de la Familia Real más transparentes, de controlar parlamentariamente su actividad, de regular los aspectos relativos a la sucesión, abdicación, etc., lo cual contribuye a que ahora nos encontremos en un panorama de clara imprevisión y vacío legal.

En nuestro entorno europeo, Monarquías como las de Bélgica, Holanda, Suecia o Gran Bretaña, aún con los anacronismos que representan en la actualidad, son Instituciones mucho más controladas que la nuestra, pues su desarrollo normativo está completo, las posibles situaciones están previstas, y además su actividad está mucho más controlada por el Gobierno y por el Parlamento, como por ejemplo en lo que tiene que ver con viajes privados de la Familia Real, actividades de sus miembros, bodas reales, etc. Si a todo ello le unimos las crisis y los escándalos protagonizados por la Familia Real española durante los últimos años/meses, nos encontramos con un panorama de auténtica involución y degeneración de esta Institución, asistiendo a todo un ocaso y declive de la misma. Ciñéndonos a los últimos escándalos, recordemos la famosa cacería de elefantes del Rey en Botwsuana, junto a su "fraternal amiga" la Princesa alemana Corinna, y por supuesto, lo que más daño está haciendo, los casos de corrupción y actividades ilícitas del Instituto Nóos, que afectan a Iñaki Urdangarín y a la Infanta Cristina.

No vamos a insistir en dichas actividades, conocidas por todos los lectores, sino a proyectar su gravedad dentro del contexto de la Casa Real, de su legitimidad para continuar al frente de la Jefatura del Estado, pues si España fuese una República, por escándalos bastante menores, ya le hubiéramos exigido, y con razón, la dimisión al Presidente de la misma. Pero claro, nos encontramos con que al ser una Monarquía, y encontrarse completamente blindada y protegida por la Constitución, sin que ni siquiera leyes ulteriores hayan delimitado las posibles responsabilidades, y sus cauces y conductos legales, asistimos a una situación de vacío legal, ante la imprevisibilidad y los giros y desenlaces que puedan tomar los asuntos desplegados, por no hablar de la perplejidad e indignación de la ciudadanía, que tiene que soportar en plena crisis, cuando es objeto de la imposición de tremendos sacrificios e injusticias, cómo durante estos años la Casa Real española ha vivido a todo tren, y ha sido objeto de las prácticas más reprochables.

Y a estas alturas, continúan sin ayudar en nada los dos partidos mayoritarios, que siguen apoyando sin fisuras a la Corona, que incluso es vista por el PP (en palabras textuales de su portavoz parlamentario, Alfonso Alonso) como una Institución que está "por encima de las demás, porque es el símbolo de permanencia", palabras que nos dejan bien claro que nos continúan viendo como súbditos, en vez de como ciudadanos, por lo cual parece que poco habríamos avanzado en ese terreno desde la época de los Reyes Católicos. "La justicia es igual para todos", afirmaba el Rey en uno de sus últimos discursos navideños, pero lo que parece que no es igual para todos son los medios, pues para defender a su hija acaba de contratar al bufete de Miquel Roca, que cuenta con uno de los más reputados abogados penalistas de España. Entendida como una élite, y concebida así por la Constitución y por los dos partidos borbónicos, la Monarquía sigue representando el abuso de los poderosos sobre el pueblo, una Institución que supone una auténtica ruina nacional.

Y para lavar su imagen deprisa y corriendo, intentando que el declive no sea demasiado acelerado, se nos informa de que la Casa Real ha solicitado estar incluída en la futura Ley de Transparencia, que está tramitando el Gobierno con el resto de grupos, que incluso afirma estar "negociando" con la Casa del Rey el posible rango de afectación. Nos bastaría con que la figura del Rey fuese apeada de su trono de impunidad penal y de completa inviolabilidad. Que pasara a ser una figura terrenal, "de carne y hueso", en vez de representar en pleno siglo XXI casi a un Emperador al estilo chino o romano. El problema es que ya no nos creemos nada, pues tiene toda la pinta de que dicha información se divulga para ayudar a que la tempestad amaine un poco, y todo pueda ir volviendo a la normalidad. Porque hasta el momento de la difusión de dicha noticia por la propia Casa Real, el Gobierno y el PP se habían negado a debatir dicha posibilidad. Llueve sobre mojado, en una Institución que se ha caracterizado por su opacidad, su falta de transparencia y de control democrático, y sus prácticas poco ejemplares.

El creciente descrédito que padece la Corona, que va en constante aumento, va extendiendo la percepción de cara a la ciudadanía de que representa una Institución medieval, frívola, antidemocrática, opaca y corrupta, dibujando un escenario insostenible, necesitado de un recambio y una sustitución por un modelo más democrático y transparente. Algunos políticos, como Pere Navarro, del PSC, han planteado abiertamente la necesidad de que el Rey Juan Carlos abdique en el Príncipe Felipe, pero es evidente que el recambio de una persona mayor por otra joven no va a significar ningún cambio en la Institución, que seguirá representando a una Jefatura del Estado por derechos de herencia, en vez de por mecanismos democráticos.

Lo que necesitamos para sanear el sistema es, en primer lugar, que los oscuros negocios de Cristina de Borbón y su esposo salgan a la luz, sean juzgados y condenados, y en segundo lugar, un Proceso Constituyente que redacte una nueva Constitución que defina España como una República Federal, aboliendo de una vez por todas la Institución anacrónica y obsoleta de la Monarquía, dotándonos de un Presidente elegido democráticamente por el pueblo, al que le podamos pedir, si llega el caso, responsabilidades de todo tipo, en vez de representar la figura todopoderosa y omnipotente del Rey. Necesitamos mayor democracia, mayor control parlamentario, mayor transparencia, lo que redundará no sólo en el avance de los cauces de participación ciudadana, sino también en una disminuación de los casos de corrupción a todos los niveles. En defintiva, necesitamos la III República.