Blog de Rafael Silva. Presenta artículos de opinión basados en la actualidad política, cultural y social.
Volvimos a comprobar hace pocos días, en una nueva reunión y rueda de prensa posterior del Comisario Olli Rehn, que la cruel insistencia en las mismas políticas de cara a los Estados miembros desde la UE no da tregua. Para el caso español, Bruselas criticó el pasado día 10 que nuestras reformas son aún "incompletas", que nuestro país mantiene todavía "excesivos desequilibrios macroeconómicos", que la recesión continuará durante 2014 (en clara contradicción con las previsiones del Gobierno), y que el paro llegará al 27%, por todo lo cual instan al Gobierno a endurecer y acelerar la entrada en vigor de las reformas ya planteadas, como la laboral. Por otra parte, una de las últimas medidas del Ejecutivo ha sido recortar en un 20% las ayudas a los transplantes, para todas las Comunidades Autónomas. Como vemos, más de lo mismo, en una espiral sin fin que no finalizará nunca, hasta que hayan desarmado socialmente a la clase trabajadora de forma completa.
La crisis del Modelo de Estado surgido de la transición, la pérdida de representatividad de las referencias políticas, las esclerosis de las Instituciones del Estado ligadas al clientelismo bipartidista, su profunda corrupción, la oligarquización política como consecuencia de la Ley Electoral, la quiebra del referente europeo como espacio de igualdad y libertades o la crisis de valores son manifestaciones de una crisis profunda de la política. Porque lo que hace aguas hoy son aspectos sustanciales del “Pacto de la Transición”: el ‘Estado Social de Derecho’ sufre recortes; las libertades políticas se restringen; la Ley Electoral es injusta; la España de los pueblos es hoy un modelo de Estado que no da salida a las aspiraciones de los mismos; la aconfesionalidad es letra muerta; el blindaje de la institución monárquica se resquebraja dejando en evidencia su inutilidad. La crisis económica y sus consecuencias en España han mostrado la insuficiencia del modelo de participación política. También ha puesto de manifiesto la debilidad de nuestros derechos conquistados, burlados por quienes no sólo nos han sumido en la miseria y la postración en que nos encontramos, sino que alardean de los beneficios que están obteniendo con el reparto de las privatizaciones y el desmantelamiento del Estado del Bienestar.
En el abismo entre el discurso de las élites políticas y la realidad de millones de personas, la Troika excluye de derechos sociales y de ciudadanía a cada vez más sectores. En esta fase del desarrollo neoliberal, los poderosos no necesitan de la democracia. Pero no es menos democracia lo que se precisa sino más. Queremos pues un Proceso Constituyente para ampliar aún más la democracia, para conseguir que todos los cargos electos, incluido el Jefe del Estado, sean elegidos por el pueblo, para que los derechos de las personas no sean potenciales sino imperativos, para concluir la actual descentralización en un Estado Federal, para que en las cuentas generales las prioridades sean la creación de empleo, la protección social y los servicios públicos. Para conseguir todo ello, hablamos de la necesidad de un nuevo ‘Proceso Constituyente’ que dé paso a un nuevo proyecto de país. Hablamos de la construcción de un nuevo sistema constitucional, de una nueva legitimidad que el soberano -el pueblo- otorga a las nuevas Instituciones del nuevo Estado, necesaria y evidentemente una República: democratizando la economía y la vida pública, con un sistema electoral justo, con medidas de regeneración de la vida democrática y contra la corrupción, fomentando la participación directa de los ciudadanos en un Estado Federal, laico y solidario.
Pero atención, porque cualquier Proceso Constituyente no nos sirve, si no es completamente democrático. Retomo las palabras de Diego González, que lo explica muy bien en su artículo: "Frente a los recelos que sensatamente se generan conviene afinar. Cuando algunos nos referimos a la necesidad de apertura de un Proceso Constituyente entendemos que debe tratarse de un proceso radicalmente democrático: de abajo a arriba, con mecanismos de participación directa a fin de que la Asamblea Constituyente esté en dialogo permanente con la sociedad, retroalimentándose dialécticamente organizaciones, movimientos sociales y ciudadanos con los constituyentes, dando uso, como en Islandia , de las nuevas tecnologías como vía complementaria de transparencia y participación. O lo que es lo mismo, propiciando la activación del poder constituyente, entendido como medio para la transformación, sujeto de la misma y bandera aglutinadora. Esto es, el poder constituyente es, per se: 1) un poder original, no dependiente de ningún poder anterior; 2) inicial, pues su impulso no depende más que de él mismo; 3) fundador, al suponer una ruptura con el anterior ordenamiento jurídico-político; 4) incondicionado, ilimitado, soberano y en consecuencia prejurídico; 5) únicamente fundamentado en la legitimidad democrática; 6) correlato del derecho de resistencia, una impugnación general al sistema encarnada por las mayorías que se traduce en un proceso de acumulación de fuerzas populares con voluntad de transformación y ruptura".
Luego por tanto, sólo la legitimidad del pueblo y la radicalidad democrática del proceso darán a buen puerto con la experiencia. Una Asamblea Constituyente que sea capaz de combinar en un documento de propuesta un programa de mínimos, compartido de forma común por la inmensa mayoría social, donde dejados de lado y en principio los diversos matices, exprese ampliamente las opciones de la izquierda transformadora. Y que conste que bajo esta propuesta de mínimos no estamos queriendo ocultar nuestro deseo de acabar con el capitalismo, que tanto criticamos en nuestros artículos, sino intentando no plantear opciones maximalistas, que al final puedan, por miedo u otras razones, hacernos continuar en el inmovilismo social. Estamos hablando por tanto de un primer paso, pero inmenso a la vez, que nos permita valientemente romper con el actual régimen, y sentar las bases de un nuevo orden político y social donde el pueblo tome la palabra y el control sobre el desarrollo del mismo. En última instancia, el Proceso Constituyente podría ser entendido como el alzamiento popular, el enfrentamiento del pueblo contra el sistema, o el freno de emergencia contra la actual correlación de fuerzas. Un paso de gigante. Continuaremos en siguientes entregas.