Blog de Rafael Silva. Presenta artículos de opinión basados en la actualidad política, cultural y social.
No cesan los ataques a los avances ya conseguidos en torno a la igualdad de derechos para el mundo LGTBI, como se ha podido observar últimamente con las declaraciones del sector más reaccionario de la Iglesia Católica, en palabras del Presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Rouco-Varela, o del Obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig Plá, uno de los mayores exponentes de la beligerancia que el mundo oficial católico mantiene contra el mundo homosexual. Rouco-Varela arremetió de nuevo contra el matrimonio homosexual y contra el aborto, instando al Gobierno a que aborde la derogación de tales leyes. Por su parte, el Obispo de Alcalá de Henares, en la presentación del "Encuentro Internacional por la Vida", volvió a realizar declaraciones a su más puro estilo, es decir, profundamente homófobas y sexistas. Aseguró cosas como que "introducir ciertas ideologías en la enseñanza lleva al cuestionamiento, por parte de los niños/as, de su condición homosexual".
Y es que todo esto ocurre por la falta de firmeza, de responsabilidad y de voluntad política que tanto los Gobiernos del PSOE, y sobre todo del PP, han tenido en torno a la revisión de las relaciones bilaterales entre el Estado y la Iglesia Católica, permitiendo que ésta siga conservando una posición de privilegio social que da alas y envalentona a los jerarcas católicos para creerse con derecho a cuestionar el reconocimiento de la igualdad de las diversas realidades afectivo-sexuales. El PSOE, al que no obstante hay que reconocerle impulsos en este sentido, no se ha dado cuenta de que de poco sirve avanzar socialmente en estos aspectos, si a la vez no debilitamos la fuerza del mundo religioso en la sociedad civil. Por ello, en esta entrega de esta serie de artículos vamos a abordar nuestras propuestas de cara a la Administración Pública. Desde la izquierda, pensamos que las instancias públicas son las que más capacidad de fuerza y presión tienen a la hora de cambiar la sociedad, sobre todo en parámetros y conductas tan delicadas como las que nos ocupan.
La gran meta para conseguir la igualdad real a la que aspiramos, no sólo sin injerencias de colectivos religiosos, sino con un mayoritario grado de aceptación social, es la concienciación y sensibilización plena y absoluta de la sociedad, en todas las materias que rodean al mundo LGTBI. No es algo que se consiga en una legislatura, como no lo es por ejemplo acabar con los crímenes machistas, pero es responsabilidad de las Administraciones Públicas poner toda la carne en el asador para alcanzar los objetivos propuestos. Mediante un continuo trabajo, una educación sensible desde la base, y una serie de medidas que cubran todos los ámbitos de la sociedad, donde las propias Administraciones deben ser las primeras con un comportamiento ejemplarizante, podremos llegar a una situación de pleno reconocimiento e igualdad para gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Para ello, se debe conseguir la plena normalización del colectivo LGTBI, y de visibilización de las diferentes realidades afectivo-sexuales, así como de modelos de familia. Nuestras propuestas en este sentido giran en torno a:
1.- La retirada de cualquier ayuda o subvención por parte de cualesquiera Administraciones Públicas a aquéllas entidades que por su ideología o actividad incurran en cualquier manifestación de LGTBIfobia. De esta manera, empresas, asociaciones o fundaciones cuyas líneas de comportamiento y actitud fomenten cualquier tipo de discriminación afectivo-sexual, no podrán tener apoyos ni ayudas públicas.
2.- Apoyo institucional de Gobiernos autonómicos y locales, y del Gobierno Central, a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, como día de celebración, memoria y reconocimiento de los avances conseguidos en el campo de la diversidad sexual, y la lucha en favor de los derechos humanos de las personas gays, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales.
3.- Compromiso público y cooperación para la defensa y promoción de los derechos del colectivo LGTBI en todos aquéllos Foros y Organismos, nacionales e internacionales, donde participen nuestras Administraciones Públicas o sus cargos o representantes.
4.- Creación de una Fiscalía contra la Discriminación Sexual para perseguir cualquier acto, entidad o campaña donde se fomente la LGTBIfobia.
5.- Creación de un Servicio Público para la promoción, defensa y atención de la igualdad del colectivo LGTBI.
6.- Dotación para las Bibliotecas Públicas de todo tipo de fondos bibliográficos y en cualquier formato, relacionados con el colectivo LGTBI, que difundan las actitudes de respeto y no discriminación hacia el mismo.
7.- Realización y difusión de Campañas de Información que denuncien comportamientos LGTBIfóbicos en cualquier escala, y promuevan comportamientos y actitudes de comprensión, respeto e igualdad.
8.- Fomentar hasta alcanzar la completa supresión, en la documentación oficial, de requisitos, contenidos, menciones y signos discriminatorios hacia cualquier orientación sexual, o cualquier manifestación reflejo de la diversidad afectivo-sexual.
9.- Prohibir la inclusión de cualquier tipo de publicidad o anuncio de comunicación en aquéllos medios audiovisuales, incluido Internet, que no respeten los derechos del colectivo LGTBI, o sean ofensivos contra el mismo.
10.- Lanzar convocatorias específicas de líneas de ayuda a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el campo del avance y reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI.
11.- Difusión de campañas específicas de educación y sensibilidad en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y de las respectivas Administraciones Autonómicas y Locales, para evitar acosos, especialmente hacia las personas transexuales que se dediquen a la prostitución.
12.- Promoción de iniciativas de investigación científica (Cátedras, Seminarios, Charlas, Coloquios, Conferencias, Ponencias, etc.) sobre la realidad LGTBI desde todas las perspectivas posibles: la sociología, la antropología, la historia, la salud, la psicología, etc., incentivando la colaboración de las Universidades y demás Instituciones Científicas y Sociales.
De esta forma, consideramos que el impulso que desde el conjunto de las Administraciones Públicas se puede dar a este tema es crucial, marcando la pauta a seguir y difundiendo las conductas, mensajes y comportamientos que nos lleven a la visibilización, reconocimiento, respeto y dignidad del colectivo LGTBI. Continuaremos en siguientes entregas, extendiendo estas mismas estrategias a otros ámbitos sociales.