Blog de Rafael Silva. Presenta artículos de opinión basados en la actualidad política, cultural y social.
La salida a la crisis de la década de los setenta fue la internacionalización de la economía y la recuperación de la tasa de beneficio empresarial por medio del ajuste salarial. Las necesidades de inserción internacional de las economías nacionales requería de una política fiscal favorable a los factores móviles (las rentas de capital) y desfavorable a las factores fijos (las rentas de trabajo).
Los sistemas fiscales propios de los Estados de bienestar tenían como principios ordenadores la equidad y la progresividad, verdadero mecanismo de redistribución de la renta por medio de ofrecer bienes y servicios públicos financiados por imposición directa, lo que permitía una redistribución de la renta por medio del ingreso (los impuestos) como por medio del gasto (los servicios públicos). Para ello se establecían tres pilares: imposición personal sobre la renta a través del principio de capacidad económica; la imposición general sobre el consumo; y las cotizaciones sociales.
Los principios fiscales de inspiración neoliberal suponen un ataque al esquema anterior. De esta forma se pasa a un sistema fiscal cuyo principio orientador es la necesidad de ampliar la acumulación de los beneficios y de las altas rentas salariales, pero sobre todo favorable a las rentas de capital, por medio del protagonismo de los impuestos indirectos, tales como el impuesto al consumo, los impuestos especiales, tasas y precios públicos.
De esta forma avanzan hacia un sistema fiscal neutro por medio de: la desfiscalización de las rentas de capital; la sobreimposición de las rentas de trabajo; la bajada de impuestos directos e incremento de los indirectos y la disminución del gasto público y de los niveles de bienestar social. Frente a ello y para generar una alternativa social a la crisis, tenemos que elaborar una propuesta de reforma fiscal progresiva que permita liberar los recursos suficientes para crear empleo y superar el déficit social.
Apostamos por una reforma fiscal que suspenda los regalos fiscales regresivos y antisociales, para dedicar esas cuantías a la inversión real, al aumento del gasto social y al incremento del I+D+I, como mecanismo de creación de empleo y de defensa de unos servicios públicos de calidad. Para ello es necesario el aumento del gasto público y una reforma que se construya sobre:
1.- Una política fiscal basada en los impuestos directos frente a los indirectos.
2.- Equiparación de la contribución fiscal de las rentas del capital y del trabajo.
3.- Introducción de medidas de fiscalidad ecológica que graven las actividades que perjudican el medio ambiente e incentive las que tengan efectos favorables sobre el mismo.
En el marco de una reforma general del sistema fiscal que recupere los principios de progresividad, equidad y suficiencia, y tome como objetivos prioritarios la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal, Izquierda Unida propone a nivel autonómico:
En el tratamiento del tramo autonómico del IRPF:
1.- Reducción de un punto del tipo aplicado en el tramo inferior de este impuesto (17.707 €)
2.- Creación de dos tramos diferenciados, con incrementos de los tipos aplicados: de más de 60.000 euros, con un incremento de dos puntos porcentuales en el tipo aplicado; y de más de 120.000 euros, con un incremento de cuatro puntos porcentuales en el tipo aplicado.
En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones:
1.- Reposición del impuesto allí donde se haya eliminado y reforma integral de las deducciones y bonificaciones en las CC.AA en las que éstas han hecho de facto la eliminación de este impuesto.
2.- Establecer un nuevo sistema de deducciones y bonificaciones en función de la renta y patrimonio de las personas que son objeto de este impuesto, favoreciendo exenciones a aquéllas personas con las rentas más bajas.
3.- Restablecimiento del Impuesto de Patrimonio y Transformación en un Impuesto sobre las Grandes Fortunas.