Programa Autonómico de Izquierda Unida (XI): Apoyo a dependientes y discapacitados

Respecto a la aplicación de la Ley de Dependencia, exigimos financiación y gestión pública para cumplir sus objetivos, y transparencia en el control de los gastos. Que toda persona afectada pueda elegir ser atendida en su domicilio por especialistas o en un centro adecuado a sus necesidades, y que el tiempo de espera, tras la petición de ayuda, no exceda de los seis meses.

Exigimos que se establezcan los mecanismos necesarios para que las CC.AA. equilibren sus aportaciones y aseguren la completa equidad del sistema. La atención a la dependencia debe ser cubierta por servicios profesionales y públicos; la prestación económica para los familiares debe ser excepcional. Además, la potencia operativa de los sistemas de atención a la dependencia es un gran yacimiento de empleo y fortalecería los servicios públicos.

Por su parte, las políticas de apoyo a la discapacidad deben implicar una apuesta radical por la promoción de la autonomía personal y por la igualdad de derechos.

Los principios de "no discriminación" y de "accesibilidad universal" han de pasar de las bellas palabras y de las declaraciones de buenas intenciones, a hechos tangibles. En este contexto, las políticas de empleo son el primer hito para abrir las perspectivas sociales de integración. Si en tiempo de crisis toda la población sufre circunstancias de riesgo, el impacto en la discapacidad resulta descomunal e insostenible. Por eso, su tratamiento singular y proteccionista es un reto urgente.

Entre las medidas de apoyo a la discapacidad, proponemos el desarrollo de un Plan de Accesibilidad Autonómico que aborde las necesidades de reforma, acondicionamiento y accesibilidad para discapacitados, así como un Plan de Visualización, Prevención e Inclusión de las personas con problemáticas de salud mental.

Ninguna de estas políticas será posible sin el compromiso con los profesionales públicos, regulando sus funciones profesionales en diálogo y acuerdo con los colegios profesionales y sindicatos, e impulsando la formación y la dignificación de su función profesional.

Por la situación actual se hace más necesario que nunca la puesta en marcha de

Planes Autonómicos de Inclusión Social, de carácter totalmente transversal, en los que se señale muy bien, con los protocolos correspondientes, la necesaria complementación y coordinación de los distintos sistemas y áreas de intervención: Servicios Sociales, Salud, Educación, Vivienda, Políticas Activas de Empleo…Desde una perspectiva de gestión de la diversidad, dichos planes deben contemplar las especificidades que presentan los distintos colectivos en situación de vulnerabilidad.