Una mirada 75 años atrás...y adelante

Se cumplía pocos días atrás el 75 Aniversario del comienzo de la Guerra Civil Española, que estalló como sabemos el 18 de julio de 1936, y finalizó el 1 de abril de 1939, casi tres años después, abriendo un largo período de casi 40 años, de los más oscuros de nuestra historia, la dictadura franquista. Efectivamente, las tropas del General Franco se levantaron contra el gobierno legítimo de la II República del Presidente Azaña, trayendo consigo un reguero de muerte, aislamiento y destrucción en todos los sentidos. Como todas las dictaduras militares y totalitarias, dicho período supuso para nuestra sociedad un recorte total de las libertades y derechos adquiridos en períodos anteriores, y una vuelta atrás en las conquistas sociales realizadas.

Dicho período finalizó de hecho en noviembre de 1975 con la muerte del dictador, pero no de derecho, pues en realidad finalizó cuando se cerró el período histórico que denominamos de Transición Democrática, con la celebración de Elecciones Generales en 1979. Los que vivimos dicha etapa recordamos con cierto estupor las cautelas e incertidumbres que protagonizaban nuestra vida, y las experiencias en la clandestinidad para luchar contra la dictadura franquista. Desde la izquierda, consideramos que aquél período transicional no cerró las heridas de tantas personas que lucharon en el pasado para acabar con el régimen, y que sufrieron directa o indirectamente sus consecuencias. Existe desde diciembre de 2007 una Ley de Memoria Histórica, a pesar del rechazo del PP, que desde Izquierda Unida pretendemos completar, pues se queda aún muy corta para resarcir las heridas morales del pasado, y colocar a nuestra sociedad en condiciones de pasar página definitivamente de aquélla época. Dicho de otra forma, pensamos que sigue existiendo una clara deuda histórica en nuestra sociedad con quienes en aquélla época se mantuvieron en defensa de la democracia y del Estado Republicano.

Tal como se expresa en nuestra propuesta de Reforma de la Ley de la Memoria Histórica, "La declaración de nulidad de las ilegítimas e injustas sentencias dictadas por los tribunales que aplicaron las normas e instrucciones de un gobierno y de unas instituciones ilegítimas, se convierte en un requisito para avanzar en el máximo resarcimiento posible a las víctimas del franquismo". Y continúa más adelante: "La declaración de nulidad es una asignatura pendiente para la reparación de los inconmensurables daños causados por ese fanatismo intolerante que acabó violentamente con muchas vidas, que liquidó las libertades y derechos ciudadanos y que supuso una impresionante regresión política, social, moral, cultural y económica, cuyos efectos podemos encontrar todavía en nuestra actual situación".

Es decir, que aunque se haya reconocido por la actual Ley la ilegitimidad de los tribunales franquistas, todos los procesos que se incoaron por ellos conservan aún su validez, que no su vigencia. Y por tanto, mientras todas esas sentencias no sean anuladas, los condenados no serán formalmente inocentes, y no podremos cerrar total y completamente dicho capítulo negro de nuestra historia reciente. Queda pendiente, en consecuencia, la plena rehabilitación jurídica de las víctimas del franquismo, con declaraciones judiciales de "inocencia" de los condenados, y la anulación de las sentencias que los condenaron injustamente. La respuesta del Estado debería consistir, precisamente, en proclamar legalmente la anulación de las sentencias dictadas en los procesos penales de los tribunales franquistas, a través de los cuales se impusieron condenas de todo tipo a los republicanos y demócratas españoles, cambiano el curso de nuestra historia, curso que después de la dictadura nos impuso un reinado de los descendientes de los Borbones tampoco refrendado por el pueblo.

Además de todo ello, desde IU pensamos que el Estado debe asumir un papel más activo en la localización e identificación de las víctimas y desaparecidos a partir del Golpe de Estado de 1936. Por tanto, la localización e identificación de las personas que murieron a partir de ese momento es un deber público que no puede dejarse ni única ni principalmente a la iniciativa y esfuerzo de la ciudadanía, que ya lo lleva haciendo a través de las diversas Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, que se han creado en nuestro país a partir de la promulgación de la Ley de 2007. En conclusión, desde Izquierda Unida, y tomando las palabras de Cayo Lara, "no pararemos hasta que la democracia se reconcilie totalmente con ese pasado tan negro de su historia".