Programa Económico y Social desde la izquierda (III)

En este tercer bloque de nuestras propuestas económicas y sociales desde la izquierda, vamos a abordar las que tienen que ver con el sector financiero, es decir, la Banca. El objetivo último y final en este caso es uno muy claro: TRANSFORMAR EN PÚBLICO TODO EL SECTOR BANCARIO. Así de claro. Porque entendemos que todo lo que sea quedarnos en medias tintas no contribuirá a solucionar el problema, sino a parchearlo, para que al final nos podamos volver a encontrar en el futuro con los mismos problemas. Por tanto, la nacionalización de todo el conjunto del sistema financiero (incluyendo la participación en sus empresas correspondientes), incluyendo las empresas aseguradoras, muy ligadas últimamente al sector financiero. Después de este proceso de nacionalización, su gestión será llevada a cabo de la siguiente forma: un tercio de representantes de la Administración, un tercio por los sindicatos, y un tercio por los trabajadores de la entidad.

Y todo ello, porque desde la izquierda pensamos que toda la base social de los ahorros de la población, de toda la ciudadanía, no pueden estar en manos privadas, sino públicas, y sus objetivos dependerán del plan económico de que dote el Estado a sus bancos participados. Esto puede chocar en las mentalidades liberales y capitalistas que nos llevan imponiendo durante décadas, pero hay que cambiar dicha mentalidad. El nuevo Sistema de Banca Pública creado deberá prohibir toda práctica de carácter especulativo, y centrarse en una Banca ligada a la economía productiva, desarrollando las funciones de Banca Comercial, Banca Postal, Banca de Inversión, Banca de Ahorros y Banca de Deuda Pública. En cualquier caso, las estrategias iniciales de todo este sector público bancario serán las siguientes:

1.- Después de realizar una Auditoría Pública y transparente de las cuentas de todas las entidades financieras, aprobar una indemnización a los pequeños accionistas que tengan un capital menor de 100.000 euros.

2.- Renunciar al Pago de la Deuda Pública ilegítima, deuda originada por la falta de ingresos fiscales de las rentas altas tras las reformas realizadas por los Gobiernos del PSOE y del PP durante las últimas décadas, así como por las deudas contraídas por las propias entidades financieras. 

3.- Se debe abrir una Investigación Judicial para depurar las responsabilidades de los directivos y grandes accionistas de las entidades bancarias, pudiéndoseles exigir responsabilidades económicas y penales. 

4.- Eliminación de la Ley por la cual prescriben temporalmente los delitos con la Hacienda Pública.

5.- Eliminación del FROB y del SAREB, dos de los instrumentos que han servido, desde el contexto de las últimas reformas financieras, para dotar de fondos públicos a las entidades que habían llegado a una situación de insolvencia. Entendemos que una vez nacionalizadas defitivamente las entidades, estos instrumentos ya no son necesarios. 

6.- Readmisión de todos los trabajadores que hubiesen sido despedidos de sus respectivas entidades, a las nuevas entidades nacionalizadas, después de la reestructuración propuesta para la nueva Banca Pública.

7.- Diseñar un plan de devolución de todo el capital ingresado por los clientes estafados mediante productos financieros engañosos u opacos, tales como las llamadas participaciones preferentes.

8.- Limitación de los salarios de todos los trabajadores, como máximo, al triple del SMI (Sueldo Mínimo Interprofesional, elevado en nuestra propuesta a 1.100 euros brutos mensuales), en las mismas condiciones que el salario máximo de un cargo público.

9.- Incompatibilidad para formar parte de la Dirección de las nuevas entidades públicas, a cualquier persona que haya formado parte de los Consejos de Administración de las entidades financieras privadas, durante los últimos 10 años.

10.- Obligación, para las nuevas entidades públicas, de rendición de cuentas anualmente, no sólo ante el Tribunal de Cuentas, sino ante el Parlamento.

11.- Se establecerá un control efectivo del movimiento de capitales, y se intervendrán las sucursales o filiales de bancos españoles en paraísos fiscales, a fin de evitar que las grandes fortunas eludan sus responsabilidades fiscales y sociales. De igual forma, ninguna entidad bancaria podrá abrir sucursales en ningún paraíso fiscal.

12.- El conjunto de viviendas vacías en poder de las entidades financieras, pasará a engrosar un Parque Público de Vivienda Social, que se alquilarán a precios asequibles mediante una empresa pública de alquiler a un precio, como máximo, del 10% de la renta de la familia necesitada. Se les condonará íntegra e inmediatamente la deuda de su hipoteca a todas las personas deshauciadas por falta de recursos, aplicando, como ya hemos recogido en nuestras propuestas del bloque anterior, la dación en pago con carácter retroactivo.

13.- Como norma general, todas las personas y familias verán rebajadas su aportación a la hipoteca a un 10% de su renta disponible.

14.- La Obra Social de las Cajas de Ahorros, cuya utilidad social se acredite, se incorporará mediante el adecuado proceso a los diferentes servicios públicos de las correspondientes Administraciones.

15.- Se habilitarán líneas de crédito suficientes para pequeñas y medianas empresas, autónomos y familias, a un bajo interés.