La indecencia del Tasazo Judicial

Vamos a profundizar en este artículo sobre otro de los famosos frentes abiertos de este Ministerio de Justicia, como son las tasas judiciales. De entrada, es notorio señalar el enfrentamiento de todos los sectores implicados con el Ministro Gallardón, algo que nunca había ocurrido en democracia. En efecto, jueces, fiscales, procuradores, abogados, secretarios judiciales, personal funcionario y laboral del Ministerio, etc., incluso el propio CGPJ, han salido a denunciar el aberrante enfoque del tasazo judicial. Y es que Gallardón ataca aquí a otra de las líneas de flotación del Estado Social y Democrático de Derecho, como es el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva.

Este ataque se basa en un grosero y desorbitado incremento, tanto en número como en cuantía, de las tasas judiciales, lo cual en la práctica va a acabar con otro de los servicios públicos fundamentales, como es la Justicia. Numerosos ataques previos se habían producido ya en esta línea, como por ejemplo el debilitamiento del Turno de Oficio, que garantizaba que cualquier persona pueda ejercer su derecho a una defensa digna. Y con las tasas judiciales, al igual que con el euro por receta en el campo sanitario, lo que se produce es un re-pago de los servicios públicos por parte de toda la ciudadanía, lo que acaba con su principio de gratuidad y universalidad. Ya hemos explicado en otros muchos artículos el sentido de las tasas o precios públicos, así que no vamos a insistir en ello. Recomiendo sobre todo a mis lectores el titulado "Sobre co-pagos y re-pagos", publicado en este mismo Blog, y que retrata perfectamente la filosofía que se esconde detrás de la aplicación de las tasas.

Pues bien, la denigrante excusa que nos pone esta vez el Ministro Gallardón para la instauración de estas tasas es que con ellas se hará frente a los gastos derivados del sostenimiento del servicio de Turno de Oficio entre los abogados y procuradores, además de tener un efecto disuasorio sobre la interminable recurrencia a algunas instancias judiciales, causa fundamental, según el Ministro, de que algunos procesos se alarguen tanto en el tiempo. De nuevo, Gallardón intenta desviar la atención sobre los problemas fundamentales de la Administración de Justicia, aquéllos que no ve o no quiere ver (más bien nos inclinamos por lo segundo), y que se solucionarían con el incremento del número de jueces y fiscales, y sobre todo, con la modernización tecnológica, de medios y procedimientos, de la propia Administración.

Y para tapar su incompetencia, lo único que hace es abordar otros frentes completamente innecesarios, como la reforma del Código Penal (a propósito de la cual el CGPJ duda de su constitucionalidad), o esta injusta aplicación de tasas judiciales, en línea con lo que sus compañeros de otros Ministerios están haciendo, y que se resume en impedir que las clases populares puedan acceder a los servicios públicos fundamentales: Ana Mato nos hace pagar el transporte urgente sanitario, Cospedal anula los servicios de urgencias nocturnos de los pueblos de su Comunidad, Ignacio González les hace pagar a los madrileños un euro por receta, o Gallardón nos implanta las tasas judiciales. En el fondo, todo va dirigido a lo mismo, en un pérfido plan de ataque sin fin a la protección social de las clases trabajadoras.

Y esto es lo que hay. Y va a ser difícil explicar a los ciudadanos que tienen que pagar unas tasas, a veces desorbitadas, por acceder a una Administración de Justicia “obsoleta, añosa, desnortada y caótica, incomprensible en su funcionamiento e incapaz de generar confianza ni hacia dentro ni hacia fuera”, según definición dada por los Jueces Decanos del Estado Español reunidos en Vitoria en su XXI Encuentro Anual en noviembre del año pasado. Y si vamos al fondo de sus argumentos, siempre nos encontramos con los mismos, ya que el preámbulo de la Ley 37/2011, de 19 de octubre, de medidas de agilización procesal, apuntaba ya la posible causa de este “caos”: Según la citada norma “El sobrevenido aumento de la litigiosidad es indicativo de la confianza cada vez mayor que los ciudadanos depositan en nuestra Administración de Justicia como medio para resolver sus conflictos y pretensiones, pero al propio tiempo ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir profundas reformas para asegurar la sostenibilidad del sistema y garantizar que los ciudadanos puedan disponer de un servicio público de calidad”.

Pero entonces, como indican en el Blog de Red Jurídica: "Sin duda el engaño es groso y la contradicción manifiesta, toda vez que admite el legislador que se ha producido un aumento considerable del recurso a los tribunales por parte de los ciudadanos para resolver conflictos, pero en vez de aumentar los medios de juzgados y tribunales, el número de éstos, las plantillas funcionariales o los medios técnicos y materiales, como aconsejaría la lógica, interpreta que este ejercicio legítimo de un derecho fundamental y el uso de un servicio público como es la Administración de Justicia se está haciendo de manera irracional y abusiva, y es por ello por lo que el sistema se encuentra colapsado, siendo por tanto necesario poner algún tipo de traba a su acceso y utilización, y sabemos desde siempre que no existe mejor cortafuegos para estas cosas que el económico". Creo que queda perfectamente explicado.

A ello se une también el proceso de privatización que se está llevando a cabo con el Registro Civil, cuyos medios y procedimientos van a ser desviados a los Notarios y Registradores de la Propiedad, que aún siendo funcionarios públicos, no cobran directamente del Estado, sino de las tasas que recaudan. Por su parte, las tasas se imponen a cualquier persona, sea física o jurídica, y si es física, sólo se exime a quienes tengan ingresos inferiores a 12.780 euros anuales, computando no sólo los del propio interesado, sino los de toda su unidad familiar (doble del IPREM, límite para el derecho a la justicia gratuita, el mismo indicador que se ha usado para impedir los deshaucios). En algunos casos es tremendamente sangrante, como en las multas o en las reclamaciones de consumo, ya que nadie va a poder defenderse de los abusos de las grandes empresas, pues además de tasas altísimas para pleitos cotidianos, se imponen también tasas en asuntos pequeños, que directamente disuaden de reclamar, por ser mayor la tasa en cuestión que el propio importe reclamado. Una indecencia más de este Gobierno, que sólo protege a los poderosos.

Como conclusión, esta introducción y elevación de tasas judiciales (entre 50 y 750 euros, dependiendo del procedimiento), junto con la supresión de los SOJ (Servicios de Orientación Jurídica) y los ataques al Turno de Oficio, representan en su fase actual el total desmantelamiento del servicio público de la Justicia, tal y como figura en nuestra Constitución, y veníamos disfrutando hasta ahora (con sus defectos y limitaciones, claro está). El modelo de una justicia accesible para todos, gratuita y de calidad se desmorona, consagrando una Justicia de dos o más velocidades, donde la capacidad económica de los "clientes" del servicio va a hacer depender no sólo la posibilidad de su acceso, sino seguramente también su rapidez. Una Justicia de ricos y otra de pobres, al igual que está ocurriendo en Sanidad o Educación. Un nuevo estallido social está servido con este asunto.