¿Qué hacemos con nuestra deuda?

De atrás le viene el pico al garbanzo en el tema de la deuda, pues siempre ha sido un elemento de opresión de los países ricos, avanzados e industrializados, hacia los países pobres. El lastre de una deuda pública elevada merma las capacidades de crecimiento y expansión de un país, y esto ha sido utilizado durante siglos por las grandes potencias para mantener en el subdesarrollo a los terceros países que dependían de ellos. Aquí y ahora, el tema de la deuda, de su pago y del pago de sus intereses, nos viene acuciando durante estos últimos años de crisis económica, porque representa evidentemente una pesada losa que impide nuestra recuperación, y una excusa perfecta, desde la ideología neoliberal, para dedicar (como se ha hecho en los Presupuestos Generales del Estado para 2013) la mayor parte de nuestro presupuesto público a su pago, recortando en el resto de las partidas sociales, presupuestarias y ministeriales, hasta el punto de deprimir el país de tal forma que incluso la consecución de los propios objetivos de reducción del déficit público se pone hoy en cuestión por muchas Instituciones nacionales (Banco de España, FUNCAS, etc.) e internacionales (FMI).

Pero el tema de la deuda pública que tenemos en realidad es su abordaje y solución desde un punto de vista social, es decir, comprender cómo hemos llegado hasta aquí, y proponer soluciones justas para su enfoque y resolución. La inmensa mayoría de nuestra deuda es deuda privada (de familias y empresas) procedente de los tiempos de nuestra burbuja inmobiliaria, por un lado, y de las oscuras e inmorales prácticas financieras de nuestras entidades bancarias, por otro. Luego por tanto, lo primero que tenemos que decir con respecto a la deuda es que es una deuda que se ha estatalizado, o si queremos, que se ha nacionalizado, esto es, que se ha hecho pública viniendo en realidad del sector privado. El último ejemplo que tenemos de ello es la deuda pública originada en el FROB, resultante de canalizar el dinero que recibirán las entidades financieras procedentes de su rescate por parte de las instituciones europeas. Es dinero que irá a los bancos (en realidad, para que estos bancos privados puedan seguir pagando a sus bancos acreedores europeos, alemanes y franceses sobre todo), pero que tendremos que pagar todos los ciudadanos.

Y un segundo punto que también es evidente es que tenemos una parte del montante de dicha deuda (y por tanto, de sus intereses) que al provenir de las malas prácticas financieras, opacas, engañosas, ilegales, perversas e inmorales, podemos considerar ilegítima, y por tanto, negarnos a pagarla. En lugar de las auditorías privadas de Oliver Wyman y Roland Berger para dilucidar los activos tóxicos presentes en las entidades financieras, lo que necesitamos es una auditoría de nuestra deuda, que investigue qué parte de la misma es ilegítima, para proceder a su repudio. Quedarnos entonces solo con la deuda que podamos considerar legítima, y solicitar una moratoria en el pago de la misma, hasta tanto no exista un crecimiento real de nuestra economía, que no ponga en riesgo de colapso al país, llevándolo a la bancarrota.

En resumidas cuentas, desde la izquierda consideramos que el repudio al pago de una parte de nuestra deuda es un elemento importantísimo, llegado este punto, para proceder a una salida social de la crisis, en vez de la posibilidad que se baraja, de solicitar un nuevo rescate, en cualquiera de sus modalidades (blando, duro, real, virtual, etc.), cuya condicionalidad nos hundiría todavía más en la miseria. En el fondo, como comentábamos más arriba, la oligarquía financiera pretende, por medio del discurso de la deuda, asentar su dominio sobre la clase trabajadora, perpetuando sus beneficios a costa de los sucesivos recortes sociales. Nosotros pensamos que una reestructuración de la deuda, unida a una reforma fiscal realmente justa y progresiva, permitirían incrementar los recursos del Estado, que posibilitarían poder financiar planes de empleo y de desarrollo de nuestros servicios públicos, así como de inversión productiva, dirigidos a una salida social de la crisis. Resumiendo, los puntos a plantear serían los siguientes:

1.- La realización de una auditoría de la deuda por medio de la habilitación de mecanismos activos de participación social. Basta ya de dejar a la iniciativa privada que realice los controles que las instancias públicas deben realizar. En este sentido, también rechazamos la figura de la supuesta autoridad fiscal independiente, reflejada en los PGE 2013, para controlar y supervisar la proyección y ejecución de los presupuestos.

2.- Rechazar el pago de la deuda considerada ilegítima, entendiendo ésta como el déficit no generado para la financiación de nuestros servicios públicos, o empleado para políticas de protección social. Toda cantidad no empleada en estos fines ha de considerarse ilegítima, y por tanto declarada en repudio. No podemos pagar una deuda ocasionada por los abusos y las conductas irresponsables de los banqueros que nos han conducido a esta crisis.

3.- Sobre esta decisión soberana de impago de la deuda ilegítima, iniciar un proceso de renegociación de la deuda pendiente, sobre la base del rechazo al Pacto de Estabilidad Europeo, que como sabemos, consagra la implementación de las políticas de severa austeridad en el ámbito público, para conseguir el saneamiento y equilibrio de las cuentas públicas. Todo ello con el objetivo de evitar que el pago de la deuda suponga un agravamiento de las condiciones de vida y de trabajo de los sectores populares y de la clase trabajadora.

4.- Por último, pero no por ello menos importante, total oposición a cualquier tipo de intervención (en cualquier modalidad de rescate) de nuestro país por parte de los poderes económicos europeos, rechazando cualquier tipo de "memorándum", que explicite una nueva condicionalidad de los cuadros macroeconómicos, bien sea impuesto por un pretendido "gobierno de salvación nacional", bien por medio de un "gobierno tecnocrático". En este sentido, entendemos que el Banco Central Europeo debe, sin esperar a ninguna petición oficial de rescate, proceder a la compra masiva de deuda pública de nuestro país en el mercado secundario, para conseguir la desaparición de las operaciones especulativas de los mercados.