Blog de Rafael Silva. Presenta artículos de opinión basados en la actualidad política, cultural y social.
Parece ser, sobre todo a tenor de los últimos casos de corrupción aparecidos, que el concepto de la "responsabilidad política" o bien no es entendido por algunos representantes públicos de nuestro país, o bien simplemente no quieren ejercerla. En cualquier caso, la ciudadanía debiera siempre exigir esta responsabilidad, pues es la que puede dignificar la propia dedicación al servicio público. Bien, vayamos por partes. Ante un posible hecho delictivo, tenemos por un lado la vía judicial, que se sustancia en los Tribunales de Justicia, y que lleva su propio recorrido. Si el juez entiende que existen indicios de delito, la vía judicial se consumará, y conllevará o no una posible condena de tipo penal o administrativo, según la naturaleza del delito encausado. Esto sería la responsabilidad penal.
Pero además, si los supuestos hechos delictivos se han cometido en la esfera pública, es decir, por representantes o cargos públicos electos, aparece además el concepto de responsabilidad política, que consiste simplemente en la asunción de responsabilidad ante la propia ciudadanía, no como causante del delito (o al menos no directamente), sino como conocedor, tolerador, encubridor o ignorante del mismo. Porque en la responsabilidad política se cae igual tanto por exceso como por defecto. Si bajo tu mandato se ha efectuado alguna ilegalidad, o existe sombra de la misma, el último responsable de que ésta se efectuara, por permisividad, negligencia o ignorancia, siempre es el mayor cargo público al frente del ámbito donde se haya ejecutado el supuesto delito. Y la única vía es la dimisión de dicho cargo, como una entrega de la confianza perdida ante la propia ciudadanía. Este es el concepto de responsabilidad política, que parece ser que para los políticos y cargos públicos de nuestro país brilla por su ausencia.
Porque la responsabilidad política se basa en la presencia de una duda razonable sobre la honradez de las personas que están al frente de cualquier ámbito público, y es el escaparate que debe guiar la buena conducta y el buen criterio ético de gobierno y representación de la ciudadanía. La responsabilidad política se ejerce por convicción de la necesidad de restaurar una confianza perdida, o una imagen deteriorada. Se responde con ella sobre la decencia, la honestidad y la integridad moral de las personas. Parte de la base de que un cargo público surge en su concepto más íntimo del depósito de confianza que los ciudadanos conceden a su representante, y que por tanto, en cuanto dicha confianza pueda verse enturbiada, limitada o puesta en entredicho, debe renunciarse a ella. El camino de la dimisión es el único posible en estos casos. ¿Parece fácil, no? Pues en nuestro país parece que no es tan fácil, porque las dimisiones se producen con cuentagotas, en casos muy excepcionales, o bien cuando las pruebas son abrumadoras, o hay condena expresa del delito.
Es evidente que para la asunción rápida de las responsabilidades penales hay que exigir una mayor agilización de la propia Justicia, pero para la responsabilidad política, lo único que necesitamos son políticos decentes. Y ante los últimos casos que han saltado a la opinión pública, parece que ese especímen brilla por su ausencia. Vamos a tomar como ejemplo el caso más grave ocurrido en la actualidad, como es el caso Bárcenas (episodio del caso Gürtel, aunque algunos afirman que es el caso Gürtel el que es parte del caso Bárcenas). En cuanto los famosos papeles salen a la luz, independientemente de que al final se pruebe si responden o no a una manipulación, toda la cúpula en pleno del Partido Popular, incluido por supuesto el propio Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, deberían haber presentado su dimisión. Y en lugar de esto, ¿qué se hace? Pues vamos a examinar las diferentes reacciones que se suceden (hasta ahora) en el tiempo.
Primero salieron con la estrategia del "no me consta", rara avis para expresar que no sabemos, no contestamos, porque el "no me consta" no niega la posible veracidad de los hechos, sino simplemente la ignorancia de los mismos. Luego vino la estrategia de las "auditorías", interna y externa, como un rápido lavado de cara (de hecho, la interna estaba lista en menos de una semana) a modo de investigación y publicidad de la contabilidad interna del PP (sin darse cuenta de que si hay una contabilidad "B" no va a estar fiscalizada por el Tribunal de Cuentas), después vino el reconocimiento de que algunos apuntes contables publicados eran ciertos (manteniendo que no todos, lo cual resta bastante credibilidad), y hasta publicaron internamente un argumentario completo, con declaración jurada incluída, sobre cómo tenían que responder los dirigentes del PP ante la prensa cuando se les preguntara por estos asuntos. Es la reacción de una mafia, más preocupada en mantener su poder que en que resplandezca la verdad.
Por último, en la comparecencia de Mariano Rajoy ante el Comité Ejecutivo Nacional Extraordinario convocado al efecto, tuvimos ocasión de asistir al más lamentable espectáculo, que fue poco menos que el "desnudo moral" del Presidente, argumentando cuestiones y explicaciones de su vida privada que a nadie le interesan, para justificar su honrada conducta: que si a los 23 años ya era Registrador de la Propiedad y se ganaba la vida bastante bien (de hecho, todavía conserva la excedencia sobre su plaza en Santa Pola), que nunca ha cobrado ni ha repartido sobres en negro, que no está en política por dinero, y lo más grave de todo, que no va a dimitir, sino que todo lo contrario, se envalentona, y asegura que ni él ni su partido se van a amedrentar ante los supuestos "ataques" y "conspiraciones" que están orquestando contra él y el PP, y que no van a conseguir apartarlo de su mesiánico destino de conducir a nuestro país a la salida de la crisis.
En fin, penoso y deprimente espectáculo que se nos brindó en su comparecencia, que pudo emplear para limpiar su imagen (al menos, de momento) y hacernos un favor a los ciudadanos/as, marchándose del Gobierno, al menos hasta que no se pruebe su inocencia, y la de los cargos implicados, y que en vez de todo ello, se nos ofrece una imagen de partido y de líder casi como un líder religioso, cuya tarea no se puede ver manchada por ninguna sombra de sospecha (calibró los hechos como "la sombra de la sombra de un indicio manipulado"), porque su vida y su dedicación al servicio público son, según él, intachables. Todo muy patético y deplorable. Éste es el concepto de responsabilidad política que tiene nuestro Presidente del Gobierno, que ha sido siempre ejemplo, en palabras de la Vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, de "vida recta", de "no saltarse una norma" y de otras solemnes declaraciones, que más bien parecían retratar la vida y milagros de Santo Tomás de Aquino.
Nos ofrecen la visión de los partidos políticos como de una secta, como de una gran hermandad intocable, donde sus lideres han de ser adorados como si de un gran chamán religioso se tratara. Y la política no es esto. La política es algo mucho más claro, directo y sencillo que todo esto, y la responsabilidad política es algo tan simple como que cuando existe la más ligera duda sobre mi comportamiento ético, debo presentar mi dimisión. No cabe otra salida en un sistema democrático, el problema es que no lo tenemos, o no lo tenemos al nivel que nos merecemos. Nuestros políticos no están a la altura, pero todavía llego a más: Mariano Rajoy debería dimitir, pero incluso aunque él no lo hiciera, no tendríamos ni siquiera que esperar su decisión, porque deberían existir mecanismos de cara a la ciudadanía para ordenar y asegurar su destitución. Pero claro, esto ya es otra historia, de la que también nos encontramos a años luz de distancia. De momento, nos conformaríamos con que el concepto de responsabilidad política se entendiera y se practicara por nuestros políticos.