Sobre el patrimonio de la Familia Real

Tengo desde hace tiempo ganas de escribir sobre este tema, y más todavía a raíz del destacado asunto de corrupción donde se está viendo implicado (ya imputado) Iñaki Urdangarín, marido de la Infanta Cristina de Borbón, y que ha puesto en jaque a toda la Familia Real, que ha tomado varias decisiones últimamente al respecto, tales como apartar a las Infantas (y sus respectivas parejas) de los asuntos oficiales de representación de la Corona, así como publicar en su página web las asignaciones presupuestarias de la Casa Real, cosa que ya veníamos reclamando desde Izquierda Unida hace mucho tiempo.

Efectivamente, y haciendo eco del texto publicado en Actuable.es en relación a este asunto, la Constitución Española de 1978 hace una única mención a las cuentas de la Casa Real. Es en su artículo 65.1 en el que se afirma que “el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y Casa, y distribuye libremente la misma.” En ningún caso se dice por tanto que esa distribución tenga que ser opaca y secreta, sino sólo que es el monarca quien determina cómo se distribuye.

 
En los últimos días hemos conocido la presunta implicación, a través del Instituto Noos, y en los tiempos de gobierno de Jaume Matas (implicado en múltiples casos de corrupción) de sociedades y organizaciones participadas por Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón en negocios oscuros que estarían siendo investigados por los juzgados. Como defensores del Estado de Derecho, esperamos que el caso sea investigado hasta el final con todas las consecuencias. De hecho, el juez ha puesto ya fecha a la declaración como imputado del yerno del Rey Juan Carlos. 

Pero más allá de su recorrido judicial, urge dar importantes pasos hacia la transparencia de las cuentas de la Casa Real, que no sólo se nutre de fondos públicos, sino que además son especialmente sensibles. Se trata de la Jefatura del Estado, y ello supone que incluso los fondos cuyo origen no son los Presupuestos del Estado podrían generar dudas a partir de la hipotética capacidad de la Casa Real de ejercer influencias de alto nivel. Tal parece ser, por ejemplo, el motivo por el que se habrían entregado grandes sumas por informes irrisorios o inexistentes en la trama investigada: más allá de si se ejercen o no tales influencias, parece claro que hubo quien creyó que éstas le podrían beneficiar.

Así, en otros altos cargos del Estado existe una obligación de transparencia que va más allá del mero conocimiento de los ingresos públicos. Los diputados y diputadas, por ejemplo, hacen público todo su patrimonio, actividades y rentas, lo cual permite saber si tienen intereses que pudieran condicionar su acción pública.

De todos modos, llama mucho la atención que la decisión de publicar (parcialmente, dicho sea de paso) las cuentas de la Casa Real tenga que venir de la mano de un presunto caso de corrupción de un miembro de la misma, cuando esto tenía que venir practicándose desde siempre, por un ejercicio de mera transparencia de las Instituciones del Estado, y la Corona como la primera de ellas. No obstante, también aprovecho para apostillar que el coste efectivo de la Casa Real va más allá de los cerca de 8,5 millones de euros que se le asignan directamente a través de los Presupuestos Generales del Estado, dado que un conjunto de Ministerios también soportan distintos tipos de gastos para el funcionamiento diario del Palacio de La Zarzuela.

Por ello solicitamos a la Casa Real que haga públicos anualmente:

1.- La distribución de la cantidad percibida por el Rey para el sostenimiento de su familia y Casa de los Presupuestos del Estado. incluyendo las rentas y salarios.

2.- El patrimonio de cada miembro de la Casa Real, incluyendo las acciones que se tengan en cualesquiera sociedad.

3.- Los ingresos y rentas que tenga cada miembro de la Casa Real, su origen y las actividades a las que se deben.

4.- Las organizaciones, ONGs, patronatos, etc... en los que ostenten cargos los miembros de la Casa Real.

5.- Los regalos recibidos por miembros de la Casa Real o por Patrimonio Nacional cuyo uso y disfrute corresponda a ellos.

Como defensores de la transparencia, pensamos que es imprescindible que se hagan públicos tales datos, pero además consideramos que la propia Casa Real debe ser la primera interesada en publicarlos para alejar cualquier posible duda, especialmente en las circunstancias actuales. Y finalmente, desde la izquierda nos reafirmamos en nuestros principios, convicciones y valores republicanos, por lo cual seguiremos luchando para que algún día la partida económica para la Casa Real simplemente no exista, constando únicamente el presupuesto para la Presidencia de la República.