Sobre la Reforma Penal de Gallardón

Asistimos en el último Consejo de Ministros a la aprobación de la nueva Reforma del Código Penal propuesta por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y sobre la misma, queremos sacar a debate algunos comentarios, explicar algunos puntos desde nuestro prisma de izquierdas, y desmontar algunas falacias en torno a este asunto, para que no nos llevemos a engaño. Efectivamente, el Ministro nos venía adelantando hacía tiempo la necesidad de darle una nueva vuelta de tuerca a nuestro Código Penal para actualizarlo, y recoger un mayor endurecimiento de las penas para algunos delitos.

Bien, esta es la primera falacia que tenemos que desmontar. En primer lugar, porque la inmensa mayoría de las penas y delitos "nuevos" que se recogen no son tales, sino que ya existían (o se podían perseguir) con el Código Penal antiguo. Por tanto, y salvo algunas pequeñas excepciones, la novedad principal es la propuesta de prisión permanente revisable, una especie de cadena perpetua a la española, que según el Ministro, se aplicará a cierto tipo de delitos, aquéllos que son socialmente más reprochables. Bien, la pregunta es ¿hacía falta de verdad una revisión del Código Penal?

La respuesta es rotundamente NO. Nuestro Código Penal ya era lo suficientemente duro como para reflejar hasta las penas a los más detestables delincuentes, de hecho es uno de los más duros de todos los países de nuestro entorno, y prueba evidente de ello es que teniendo un índice de delincuencia media, nuestra población reclusa es mayor que la media de los países europeos. ¿Qué ocurre entonces? Pues que nuestro Ministro Gallardón, en su afán de cosechar medallas personales, y haciendo alarde del más vulgar populismo, propone una reforma "en caliente" de nuestro Código Penal, es decir, una reforma que surge de la alarma social provocada por algunos delitos, muy graves por cierto, pero frente a los cuales nuestro ordenamiento jurídico ya prevé las penas adecuadas.

Nunca un legislador ni un gobernante debe reformar o adaptar las leyes penales en función de la alarma social, con los ánimos populares caldeados en función de los muy posibles deleznables y horrendos delitos que se hayan podido cometer. Los poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) no pueden trabajar a golpe de telediario, sino que las modificaciones legales tienen que ser siempre fruto de un análisis serio, riguroso y sobre todo tranquilo, sosegado y frío, justo e imparcial, sin presiones populares ni ánimos de venganza, que por supuesto son sentimientos muy comprensibles en las víctimas. Pero no en un Gobierno. Por tanto, lo que el Ministro Gallardón hace con esta reforma es pura y simplemente populismo.

Bien, la siguiente pregunta es ¿si no hacía falta, porqué se propone entonces esta reforma? La respuesta es más sencilla que a la primera pregunta. Se propone simplemente como una desviación de la atención, como una cortina de humo que impida que nos demos cuenta que este Ministerio no es capaz de resolver los auténticos problemas de la justicia, ligados, entre otras muchas cosas, a la deficiencia en el número de jueces, y sobre todo, a la mejora en sus condiciones de trabajo, y no nos referimos sólo a sus condiciones laborales (que por cierto, se han endurecido con esta reforma), sino y sobre todo a las condiciones del entorno y del contexto de su trabajo. Efectivamente, la reforma que se necesita de verdad es la reforma de la propia Administración de la Justicia, es decir, la que tiene que ver con la revisión, adaptación y adecuación tecnológica de todos los métodos y procedimientos judiciales que se llevan a cabo en los Juzgados.

Funcionamos en este sentido con una administración que mantiene procedimientos del siglo XIX, y ha de entrar en el siglo XXI: revisión de procesos, adaptación de procedimientos, creación de redes interconectadas de información, mejora y ampliación de los sistemas informáticos y telemáticos que puedan archivar, procesar y conectar la información de todos los Juzgados, y de todas las instancias judiciales, no sólo locales, sino autonómicas e incluso a nivel del Estado, es decir, con el propio Ministerio. Bases de datos completas e interconectadas, que puedan cruzar la información en tiempo real, para que los jueces y magistrados puedan disponer de dicha información de forma actualizada, mejorando los tiempos de respuesta, y minimizando sus posibilidades de error. Todo esto es lo que de verdad se necesita. Y como esto es lo que no se quiere/puede acometer, pues es más fácil soltar a la palestra una nueva Reforma vacía e innecesaria del Código Penal, que además de endurecer las penas, nos hace quedar bien ante la ciudadanía.

Lo que de verdad el Ministro Gallardón debería acometer son todos estos cambios, la adaptación y modernización de la justicia, para que de verdad pueda representar un servicio público ágil, rápido y cercano al ciudadano, que es lo que mayoritariamente se demanda. Esto es, un servicio público de calidad. Y un servicio público gratuito, aboliendo la nueva política de tasas y precios públicos que se están implantando en algunas instancias judiciales, que a lo que conducen, como siempre, es a que sigamos discriminando a los ciudadanos con menos recursos económicos. Y sobre todo, a lo que debiera dedicarse el Ministro Gallardón, en coordinación con otros colegas de otros ministerios, es en abordar políticas preventivas, en vez de endurecer las penas y los castigos a los delincuentes. Ir a la raíz de los problemas, llegar al origen, intentar analizar porqué se cometen los delitos, para poder atajarlos desde la puesta en marcha de políticas de prevención, de educación y de rehabilitación, en vez de en políticas punitivas. De esta forma, veremos más claro que cuando un Gobierno se centra en el castigo a sus delincuentes, es porque ha fracasado en los demás aspectos.