¿Aquí no haría falta una revolución? (VI)

Continuamos exponiendo el periplo que, a nuestro juicio, deberíamos recorrer hasta conseguir romper con el actual sistema político, y poder instaurar otro nuevo, proceso guiado básicamente por el pueblo, donde en primer lugar obliguemos al actual régimen a caer (dimitir), y a partir de ahí volvamos a levantar mediante un Proceso Constituyente el nuevo sistema político, que respete absolutamente la voluntad popular. Nos quedamos en la última entrega comentando que no sería una tarea fácil, debido a la cantidad de presiones de todo tipo de Instituciones (españolas y extranjeras) y colectivos contrarios a dicho proceso, además de toda la carga que los medios de comunicación pondrían en nuestra contra.

Entendemos, por entrar en materia, que la tan ansiada reducción del déficit público se debe demorar en el tiempo, porque no hay razón alguna para que la consecución de dicho objetivo tenga que hacerse a costa del empobrecimiento y el sufrimiento de la ciudadanía, a través de los salvajes recortes propuestos en los últimos meses. Lo cual daría tiempo, también, a que dicha reducción del déficit se hiciera de forma social y progresista, es decir, haciendo pagar más a quien más tiene, implantando un sistema fiscal justo y progresivo, y yendo a buscar el dinero donde está, es decir, en las SICAV, en los grandes bancos, en las grandes fortunas, en las grandes empresas transnacionales, y en los paraísos fiscales. Ello daría lugar también a abrir un proceso de investigación para sentar en el banquillo de los acusados a los verdaderos culpables de esta crisis, haciendo justicia de una vez por todas, en vez de premiarlos y protegerlos, como hace este Gobierno.

Pero como venimos advirtiendo, cualquier intento de llevar a cabo todas estas prácticas por parte del nuevo Gobierno (incluída la derogación de todas las últimas reformas implantadas) daría lugar a un acoso sin cuartel por parte de la Troika (y de los sectores conservadores y capitalistas españoles), ejerciendo una presión asfixiante económica, política, social y diplomáticamente. Previsiblemente, los pagos pendientes del rescate a la banca dejarían de producirse, para colapsar todavía más al sistema. Acontecimientos y chantajes de este tipo no deben coartarnos, ya que el contraataque, como ya hemos venido anunciando, se debe producir a través de una renuncia a pagar la parte ilegítima de nuestra deuda (después de una auditoría que establezca su cuantía), asi como a decretar una moratoria en el pago del resto de la deuda.

Es previsible igualmente que la clase dominante y las grandes empresas nacionales y extranjeras presentes en nuestro país se alíen para intensificar un sabotaje económico, y de este modo acentuar la presión hacia la constitución de un poder popular que controle el proceso constituyente. Intentarán evadir (de hecho ya se está haciendo) grandes cantidades de capital fuera de España. La recesión continuará e incluso se acentuará, pero son los riesgos que hay que correr para poder comenzar a construir un nuevo camino. Se derrumbarían los ingresos del Estado al no poder obtener financiación, pero como hemos indicado, una política agresiva para rescatar el dinero de donde está puede soslayar, al menos parcialmente, esta situación.

No obstante, y como advertimos, las reacciones de las clases dominantes pueden ser muy crueles contra el sistema, haciendo valer todo su poder para colapsar el mismo. Los medios de comunicación (con sus campañas de terror e histeria contra el nuevo proceso constituyente), el Ejército, la Polícia, brazos armados del sistema, podrían alentar todo tipo de conspiraciones y provocaciones para abortar el proceso. Los grupos de extrema derecha se pueden volver incontrolables, intentando hacer llegar mensajes derrotistas, al contemplar cómo su poder va a quedar extinguido, y sus intereses rechazados.

Pero ninguna de estas ofensivas debe hacer mella en la Asamblea Popular que redacte la nueva Constitución, ni en general en todo el Proceso Constituyente que nos lleve al nuevo escenario político. Por tanto, no debemos en ningún momento dar una imagen de pasividad política, de miedo ni de sumisión a estas fuerzas, porque ello podría allanar el camino hacia una ofensiva política de la clase dominante para aplastar al movimiento obrero y a la izquierda, en general, a la toma del poder popular. La Asamblea Constituyente que tomara el poder debería instar a la organización popular, de toda la sociedad civil, atrayendo a todas las masas y unificando a todas las secciones más avanzadas y militantes de la clase trabajadora, de la juventud, de las mujeres, de los parados, de los empleados públicos, de los centros de trabajo, de las asociaciones y plataformas ciudadanas, etc.

A través de un sistema de democracia interna y que permita el derecho a la expresión de las diferentes tendencias, la nueva Asamblea debería debatir y decidir los contenidos de nuestra nueva Carta Magna, una Constitución realmente del pueblo y para el pueblo, que no sólo actualice todo aquéllo que quedó obsoleto de nuestra Constitución del 78 (como el papel del Senado, el avance de las Autonomías hacia un Estado Federal, etc.), sino que excluya del texto actual todo atisbo de ideología neoliberal (como el actual artículo 135, modificado durante el verano de 2011 por el tándem PP-PSOE), así como que desarrolle y garantice el cumplimiento de todos los derechos básicos (renta de inclusión, trabajo, vivienda, etc.).

Una Carta Magna que ha de insistir en los principios de establecer una economía dirigida y planificada estratégicamente, donde intervenga el Estado, como garante directo del sostenimiento de todos los sectores productivos. Nacionalizar las grandes empresas palanca de la economía, y devolver al sector público no sólo todo lo que se ha recortado, sino el control y planificación de todos los grandes sectores productivos (banca, alimentación, energía, comunicaciones, etc.). Es la única manera de recuperar unas condiciones de vida dignas para toda la clase trabajadora, y de poder encontrar trabajo decente y sostenible para los varios millones de desempleados que tenemos en nuestro país. Una potenciación y recuperación de nuestro gasto social, que nos lleve a incrementar el desarrollo, la fuerza y la potencia de un Estado del Bienestar completo, y garantista del cumplimiento de todos esos derechos sociales básicos, así como de unos servicios públicos que respondan a sus objetivos, lejos del peligro de la privatización hacia los intereses privados. Continuaremos en siguientes entregas.