Sobre la urgente Reforma Constitucional

Una nueva vuelta de tuerca al tornillito que representa la presión de los llamados Mercados Financieros Internacionales sobre la autonomía soberana, política y de gestión de los países, gobiernos o Estados, esta vez del nuestro, es lo que supone la propuesta urgente de Reforma Constitucional. Efectivamente, se pretende dar una nueva redacción a uno de los artículos de la Constitución Española de 1978 (el 135), para que incorpore el mandato que limite al Estado (Central y Autonomías) a no superar cierto porcentaje en el déficit estructural del mismo, el llamado techo de déficit, según los proponentes para velar por la estabilidad presupuestaria, y según los que estamos en contra, para elevar a norma constitucional las exigencias de la dictadura de los mercados.

Podemos considerarlo efectivamente como el mayor atentado contra el Estado del Bienestar, principal conquista social realizada por la clase trabajadora, y que ahora quieren desmantelar con un acuerdo "de consenso" entre PP y PSOE, las dos principales fuerzas de derecha que gobiernan este país desde la democracia. De hecho, se trata de una artimaña para que después sea proyectada a una posterior Ley que la regule de forma concreta, en el sentido de limitar a los gobiernos central y autonómicos para que no puedan realizar políticas expansivas de gasto social cuando haga falta, priorizando el grado de endeudamiento público, que no podrá sobrepasar cierto límite establecido al efecto (el 0,4%). 

Tomando las palabras de Gaspar Llamazares, "el constituyente a partir de esta reforma son los mercados y la especulación financiera. Es toda una degradación de nuestra Constitución, que termina siendo un balance de pérdidas y ganancias que juega en Bolsa. Esa es la realidad cuando se habla de confianza y de las empresas de rating en relación con esta reforma constitucional". Simplemente, España dejará de ser un "Estado social y democrático de Derecho", como dice su Título Preliminar, para ser un Estado donde cuadran las inversiones y el gasto público. 

Pero lo más ruín de todo es que hasta ahora ha habido verdadera necesidad de modificar la Constitución para temas realmente importantes e interesantes, como la reforma del Senado, el acceso a la Corona o el reflejo real de nuestro Estado de las Autonomías, y no se ha hecho, urdiendo que se necesitaba mucho consenso para reformar la Carta Magna. Pues bien, ahora parece ser que el consenso se consigue en una sesión plenaria del Congreso, en el mes de Agosto, deprisa y corriendo, tramitada en 48 horas, y a hurtadillas del resto de fuerzas políticas, que han sido expresamente ignoradas y ninguneadas para la correspondiente negociación y pacto. Desde la izquierda, además de expresar nuestro más profundo rechazo e indignación sobre la propuesta de Reforma Constitucional, exigimos que se celebre una consulta popular al respecto, es decir, un referéndum sobre el tema, pues una reforma de tanto calado como la que se pretende abordar no se puede hacer a espaldas de la soberanía popular.