Blog de Rafael Silva. Presenta artículos de opinión basados en la actualidad política, cultural y social.
En España se da un tipo específico de negacionismo que no es “esto no pasó”, sino “de esto no se habla”, y así seguimos. Es una anomalía tremenda que exista la Fundación Francisco Franco, es una anomalía obscena que no se haya hecho del Valle de los Caídos un monumento de memoria y siga como símbolo operativo de los valores fascistas en una democracia. Igualmente es repugnante que la Iglesia Católica continúe ocupando esferas de la vida pública que bajo ningún concepto debería ocupar en, insisto, una democracia avanzada
Encaramos ya la recta final de esta serie de artículos. Sólo nos queda el repaso (ya hemos expuesto dos referentes en las últimas entregas), en propuestas, de todo lo que hay que hacer para superar completamente el franquismo en nuestro pais, una vez analizados todos los puntos de vista, y todos los aspectos donde residen nuestras carencias democráticas en torno a este asunto. Bien, pues finalmente, vamos a presentar el texto de una proposición de ley presentada por ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), donde se desarrollan todos los asuntos que se deberían abordar para un restablecimiento absoluto de la memoria histórica y democrática republicana. Fue presentada al Congreso de los Diputados en diciembre de 2016, es decir, hace justo un año, y se puede consultar al completo en este enlace. Como siempre, nosotros vamos a destacar aquí los puntos más sobresalientes de dicho texto, centrándonos en los aspectos que nos parezcan más relevantes. Como se introduce en la exposición de motivos de la PL referida, "se pretende la recuperación de la memoria histórica de la II República y de la represión franquista, que la propia dictadura y la amnesia de la transición tergiversó y escondió". Hemos de partir de la base de que la legislación actual (Ley de 2007) no reconoce a todas las personas represaliadas, ni les otorga la condición jurídica de víctimas. Es una ley timorata y cobarde, que no enfrenta con garantías la superación del franquismo.
Al mismo tiempo, se obvia la calificación de Crímenes contra la Humanidad para aquéllos realizados impunemente por el franquismo, no se retiran las distinciones otorgadas a los criminales por serlo, y ni siquiera se anulan las sentencias que tribunales absolutamente ilegítimos dictaron. La actual Ley (estatal) de Memoria Histórica está absolutamente influenciada por una situación de franquismo sociológico que una nueva Ley ha de superar, para establecer los moldes definitivos de una sociedad que supere completamente todos los tics franquistas, que es igual que decir todos los tics fascistas, genocidas o totalitarios. Tampoco se reconoce la restitución del patrimonio, los documentos y el papel moneda incautado a personas e instituciones. Finalmente, el Estado no asume ni siquiera la responsabilidad con las víctimas, tanto pidiendo perdón como ejerciendo el deber y la obligación que tiene para la localización e identificación de las víctimas abandonadas en fosas comunes repartidas por todo el territorio nacional. Es, pues, necesaria y urgente una modificación de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica para lograr el reconocimiento y reparación de todas las víctimas, la aplicación de la doctrina de las Naciones Unidas sobre los Crímenes contra la Humanidad y la asunción por parte del Estado de sus responsabilidades con las víctimas, entre otros asuntos pendientes para alcanzar una plena superación del franquismo en nuestra sociedad del siglo XXI.
Pero desarrollemos en primer lugar lo referente a la recuperación de la Memoria Histórica Republicana. Seguimos a continuación el texto de referencia. Después de siglos de caciquismo político y de una década de dictadura, con la connivencia de la Monarquía, la Iglesia y el Ejército, la proclamación de la II República Española el 14 de abril de 1931 supuso una época de democratización del Estado Español y de sus poderes públicos, así como de progreso social. La II República, instaurada legítima y democráticamente por la voluntad popular que otorgan las urnas (en contra de las indecentes voces que aún lo niegan), supuso una gran transformación política y social, que hizo avanzar al país hacia mayores cotas de democracia, justicia, igualdad y bienestar social. En entregas anteriores ya hemos repasado los principales puntos donde la República incidió para alcanzar tales cotas. Remito a ellas a los lectores y lectoras interesadas. No obstante, nos volveremos a referir a ellas en sus aspectos principales a continuación. Las más importantes transformaciones políticas fueron el reconocimiento del sufragio universal (se reconocía por fin el derecho de voto a la mujer) y el referéndum, el reconocimiento de la pluralidad territorial del Estado (con la consiguiente descentralización y elaboración de Estatutos de las nacionalidades históricas), la separación Iglesia-Estado, la reforma militar o la instauración del Tribunal de Garantías Constitucionales. A nivel social, hay que destacar la abolición de los privilegios sociales, las reformas sobre la propiedad de la tierra, la protección de la infancia, la protección social de las clases trabajadoras, la reducción de la jornada laboral, la universalización, gratuidad y laicidad de la enseñanza primaria, la independencia y garantías judiciales, o la instauración del matrimonio civil y el divorcio.
No obstante, la continuación de las reformas políticas y sociales por las cuales la ciudadanía apostó legítimamente en las urnas, después de dos años de contrarreformas, fueron interrumpidas por la fuerza en un golpe militar que a la postre derrocó al legítimo régimen republicano. Bajo el falaz pretexto de "salvar a España del comunismo", los golpistas trajeron primero una feroz Guerra Civil que se extendió durante tres años, y después una infame, cruel y despiadada dictadura que exterminó a todos los que no pensaban como dictaba el régimen. El derrocamiento de la República conllevó la instauración de una dictadura criminal y represiva que a nivel político supuso la aniquilación de las instituciones republicanas, del pluralismo político y de las reformas de modernización estatal que se habían comenzado a implantar. Más allá de eso, el nuevo régimen condenó al ostracismo y la ilegalidad a todos los símbolos republicanos desde la moneda a la bandera, pasando por el escudo y el himno, y canalizando sus ansias totalizadoras en la usurpación del concepto de patria. Pero durante el último cuarto del siglo, la recuperación de la democracia (que fue abolida por el golpe militar y la dictadura) no ha conllevado el reconocimiento del legítimo régimen republicano como sistema democrático que modernizó el Estado Español y reconoció los derechos y libertades de que gozamos hoy y que instauraría la Constitución de 1978, arrogándose un mérito que no era tal, pues en muchos aspectos (también en alguna entrega anterior ha sido desarrollada esta comparativa) la anterior Constitución republicana superaba a la Carta Magna actual.
Como el proceso de restauración de la democracia no fue rupturista y el desalojo de los afectos al régimen dictatorial de los poderes fácticos se ha ido produciendo gradualmente, se ha instaurado en los poderes políticos de la actual democracia la idea de que no había que recuperar la memoria histórica por temor a que estos poderes se rebelaran. No obstante, a más de 40 años de la muerte del dictador y con un Estado democrático y de derecho plenamente consolidado (aunque no real), este miedo ya no puede existir, por lo cual pensamos que ha llegado el momento no solo de recuperar la propia historia, sino de reconocer el valor reformista y democrático de la etapa republicana. Ha llegado el momento de descubrir la verdad, de enfrentarse a ella, de pasar página, de hacer justicia y de conseguir del Estado la debida reparación. Ha llegado el momento de que la reciente historia de nuestro país deje de ser manipulada en las escuelas, de que el franquismo se cuente como lo que de verdad fue, una manifestación del fascismo más puro y duro, y de que la tolerancia social hacia estos regímenes totalitarios sea, a ser posible, nula. Ha llegado el momento de reconocer los cimientos de la democracia, los avances de la II República, de regresar a su filosofía, y de cerrar definitivamente aquél paréntesis negro de cuatro décadas. Ha llegado el momento de conformar un Estado sensibilizado con las víctimas, que a su vez ofrezca las garantías de reparación debidas, pero que no exima ninguna de sus responsabilidades como garante finalista de una sociedad respetuosa, pacífica y pluralista. Ha llegado el momento de la madurez democrática, y de superar totalmente el franquismo. Continuaremos en siguientes entregas.