Arquitectura de la Desigualdad (76)

Y como siempre en este asunto de los paraísos fiscales, los grandes "dando ejemplo". Mal ejemplo, se entiende. Nuestro índice bursátil, el famoso IBEX-35, paradigma de las empresas transnacionales de peor gusto, es un buen exponente del uso de los territorios offshore, tal como nos contaba Lucía Villa en este artículo para el medio Publico en mayo de 2016. Su titular ya es bastante sustancioso: "El Ibex-35 triplicó su presencia en paraísos fiscales durante la crisis". Tal como suena. Me remito a sus datos e informaciones. En 2014, el número de filiales ubicadas en territorios con ventajas fiscales batió el récord, con un total de 891. El Banco Santander, con 235 filiales, se llevaba la palma como principal beneficiaria de la elusión fiscal, según un informe de Oxfam Intermon y el ORSC, que puede consultarse en este enlace. Concretamente, entre los años 2009 y 2014, es decir, durante los peores años de la crisis, repletos de medidas de austeridad para el conjunto de la mayoría social,  las empresas de dicho índice bursátil multiplicaron por 3,3 el número de filiales situadas en paraísos fiscales. Es decir, que mientras la crisis (en realidad, la estafa) estrangulaba a miles de pequeñas empresas, lanzaba a los jóvenes al exilio laboral, obligaba a muchas familias a dejar sus casas porque no podían hacer frente a sus hipotecas, reducían las pensiones y prestaciones por desempleo, y nos sentenciaban hasta la saciedad con el mensaje de que habíamos vivido "por encima de nuestras posibilidades", estas indecentes empresas, las compañías con mayores beneficios de nuestro país, incrementaron hasta un 228% su presencia en estos territorios de régimen tributario extremadamente favorable. Parece ser que su "responsabilidad social" sólo daba para eso. 

Enseguida saldrán los defensores de estos grandes agentes del más desalmado capitalismo a decirnos que estas prácticas son absolutamente legales, pero en la mayoría de casos la domiciliación de estas empresas en lugares como Delaware (417 filiales), Holanda (131), Irlanda (65), Luxemburgo (55) o Islas Caimán (29), no está relacionada con la producción de bienes y servicios en dichos territorios, sino que responde a operaciones financieras que les permiten eludir el pago de unos impuestos que, de otra manera, irían a parar a las arcas públicas del Estado, contribuyendo (como es su obligación) al conjunto de servicios públicos que todos (incluidos ellos) disfrutamos. El caso de Banco Santander es absolutamente paradigmático, pues como indica Lucía Villa los datos son escalofriantes, ya que la media fue de una apertura de 53 filiales en un solo año, es decir, una por semana. Le seguían en ese aberrante ránking ACS con 113 filiales, Iberdrola con 69, Abengoa con 67 y BBVA con 52. El informe citado más arriba afirma taxativamente: "La economía de los paraísos fiscales crece al doble de velocidad que el resto de la economía productiva mundial. En los últimos años, la inversión hacia paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro y más de la mitad del comercio mundial pasa por estos territorios". El resultado, como venimos indicando repetidas veces durante esta serie de artículos, es que esta arquitectura de la desigualdad (apoyada en este caso por los paraísos fiscales y una legislación fiscal regresiva) está diseñada para proteger los intereses de las grandes corporaciones y fortunas, frente a las necesidades de la mayoría. 

La situación es ciertamente desoladora: el IBEX-35 posee casi mil sociedades en paraísos fiscales, a datos de abril de 2017, como nos destacaba Marina Estévez en eldiario.es. De hecho, la única empresa del selectivo español que no posee ninguna filial en paraísos fiscales es AENA. Todo este escenario crea un halo de absoluta impunidad de las grandes empresas transnacionales, y sobre todo de la gran banca privada, es decir, de la gran delincuencia financiera. Apoyados en el "secreto comercial", se cometen todo un abanico de aberraciones fiscales absolutamente toleradas y consentidas por los Gobiernos, que además con sus medidas fiscales favorecen aún más a los poderosos. Lo explica muy bien Jérôme Duval en este artículo para el medio Diagonal, que rescatamos a continuación. Duval se pregunta: "¿Cómo explicar, por ejemplo, que las Bermudas (donde el banco Sóciéte Générale tiene una filial que ha obtenido 17 millones de euros de cifra de negocio en 2013 sin ningún asalariado) hayan sido retiradas de la lista francesa de paraísos fiscales en enero de 2014? ¿Cómo Bélgica ha podido esperar a 2015 para colocar oficialmente al gran ducado de Luxemburgo en la lista belga de los paraísos fiscales? ¿Cómo es posible que ciertos Estados europeos, la Unión Europea (UE), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental de lucha contra el blanqueamiento de dinero, la OCDE o el FMI tengan listas de paraísos fiscales distintas?". Y concluye: "Esta incoherencia de las falsas soluciones aportadas por actores que supuestamente luchan contra el fraude y la evasión fiscal favorece la impunidad de los grandes delincuentes financieros que disfrutan, por otro lado, de una justicia a medida, tolerante o continuamente esquivada". 

Y así, la actual directiva europea sobre la protección del "secreto comercial" protege a los delincuentes. Esta directiva fue aprobada en el Parlamento Europeo el 14 de abril de 2016 (dimos cuenta de ella en uno de los artículos de la serie "Contra los Tratados de Libre Comercio"), y a pesar de una petición popular contra esta iniciativa firmada por más de 500.000 personas, una gran mayoría de los eurodiputados aprobaron el texto por 503 votos a favor, 131 en contra y 18 abstenciones. Esta directiva supone un peligro extraordinario, y constituye otro armazón legal que protege la arquitectura de la desigualdad. El actual texto amenaza el trabajo de investigación de los periodistas, y por extensión, la información revelada del ciudadano, protege a las empresas y sus maniobras ilegales prohibiendo la divulgación de sus "secretos económicos" a la opinión pública interesada. Compromete seriamente y se sitúa en contra del trabajo de periodistas, filtradores, denunciantes, ONG's y demás actores que intenten sacar a la luz pública informaciones sensibles de interés general. En el fondo, como sostenemos, protege y da amparo a la criminalidad financiera y fiscal. Coloca los intereses de las multinacionales por encima del interés general. Estamos ante el mundo al revés: vía libre, legal y encubierta a las empresas que quieren eludir impuestos y evadir capitales, y denuncias y penas (incluso de prisión) para aquéllos denunciantes de dichas prácticas y actividades, justo los que deberían estar protegidos y recompensados en vez de perseguidos y castigados. 

También sería interesante preguntarnos...¿cuál es nuestro paraíso fiscal más cercano? Respuesta: Andorra. Tomo datos e informaciones de este artículo donde se publicó la misiva que las EuroMarchas remitieron al Papa Francisco, para denunciar (a propósito de que el Obismo de la Seu d'Urgell es copríncipe de dicho territorio) la tremenda situación de nuestro paraíso fiscal. Extraemos a continuación los párrafos más suculentos de dicho escrito: "El principado no muestra ningún respeto por los derechos de los trabajadores. La política de inmigración es sumamente restrictiva. El derecho de voto está restringido sólo a los andorranos, incluso en las votaciones locales. La independencia de la justicia está seriamente cuestionada, y la mendicidad prohibida. Y mientras las puertas de Andorra han permanecido cerradas a los inmigrantes, han estado abiertas de par en par para los evasores fiscales y los ricos residentes extranjeros. La vocación de la banca andorrana como paraíso fiscal se reafirma con su internacionalización hacia las localizaciones offshore más importantes del mundo, como son Panamá, Luxemburgo, Suiza, Mónaco, Bahamas, Islas Vírgenes y otros. Y por supuesto, las puertas de Andorra se abren para facilitar la elusión fiscal de particulares y empresas españolas hacia el principado. Andorra ha introducido impuestos por primera vez en su historia para captar capitales, atraídos por su baja fiscalidad, practicando una competencia desleal, en lo que se denomina "dumping fiscal". Estas políticas fiscales agresivas de Andorra se traducen en recortes en servicios públicos para los ciudadanos del Estado Español. La sanidad, la educación y otros servicios básicos se ven seriamente perjudicados en detrimento de las clases más débiles". Continuaremos en siguientes entregas.