Por la senda del Pacifismo (90)

Nos quedamos analizando en la entrega anterior algunas pinceladas del gasto militar de nuestro país, que vamos a desarrollar a continuación, con ayuda de los informes del Centre Dèlas de Estudios por la Paz, quizá la entidad española de mayor prestigio dedicada a estos asuntos. Lo primero que tenemos que dejar bien sentado al analizar nuestros presupuestos en Defensa es, básicamente, que lo que nos cuentan es mentira. Es decir, no es cierto que los gastos en Defensa sean los que nos cuentan oficialmente, sino que la realidad es otra bien distinta. Como hemos señalado en entregas anteriores, los gastos militares son una excepción a la regla general, en el sentido de que se ocultan y enmascaran en diversas partidas presupuestarias de terceros Ministerios, con lo cual la cifra real es muy diferente a la que se nos ofrece desde las instancias oficiales. Existen toda una serie de argucias presupuestarias que se aplican para ocultar y disfrazar ante la opinión pública el gasto militar real, con la clara intención de que dicho gasto no se conozca. Según el organismo citado, el gasto militar español del año 2017 ascendió a 18.776 millones de euros, una cantidad que representa 51,4 millones diarios, y un 1,64% del PIB, muy por encima del 1% que señala la actual Ministra de Defensa. El principal truco consiste en que el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el de Defensa, decidió desde el año 2012 no incluir el pago de los Programas Especiales de Armamento (PEA) en los PGE, para luego, durante el ejercicio, recurrir a la aprobación en el Consejo de Ministros de un crédito extraordinario para hacer frente a los pagos de esos PEA.

Mediante esta argucia (en realidad una clara estrategia para burlar a la opinión pública) se desvían claramente los gastos reales que se van a ejecutar, y se transmite al conjunto de la ciudadanía una información que no es cierta. Porque de esta forma se lleva a cabo un engaño, pues aunque el presupuesto para Defensa aparentemente disminuía, en realidad aumentaba. Pero la incorporación de los pagos de los PEA no es el único ejemplo de ocultación de datos en Defensa, pues existe otra partida, la de las misiones militares en el exterior, a las que se asigna un crédito de 14,3 millones de euros todos los años, cuando en realidad se gastan entre 800 y 1000 millones, que son aportados desde un fondo de contingencia, situado en el programa denominado "Imprevistos y funciones clasificadas" de gastos de Otros Ministerios, que es en realidad un cajón de sastre para imprevistos contemplado en los PGE. Otra falacia que el Gobierno nos transmite en este sentido es el hecho (falso) de que el gasto militar en España se encuentra entre los más bajos de Europa, pues según los datos del Centre Dèlas y del SIPRI (organismo internacional), esto no es cierto. Otra interesante información que normalmente se nos escapa es la comparación entre lo que el Estado invierte en I+D+i (Investigación y Desarrollo) en los campos civil y militar, ya que también aporta una información muy significativa. Según los datos evaluados por el Centre Dèlas en su informe de referencia, la I+D militar representa el 7,1% de la asignación total dedicada a la investigación, el desarrollo y la innovación en los PGE del pasado año 2017. 

Pues bien, se trata de un porcentaje que consideramos desmesurado, teniendo en cuenta que la inversión en investigación del Estado Español es de las más bajas de la Unión Europea. Pero comparando la I+D militar con las asignaciones a otras áreas de investigación científicas y sociales (que es lo que nos interesa en este momento), resulta que el presupuesto en I+D militar es 1,7 veces el dedicado a investigación sanitaria, más de cinco veces superior al dedicado a investigación energética, medioambiental y tecnológica, siete veces y media el de la oceanográfica y pesquera, ocho veces y media la agraria, y la mitad de la investigación y desarrollo tecnológico-industrial. Las cifras, por tanto, son tremendamente ilustrativas del gran peso que posee el complejo militar-industrial, y de la clara discriminación positiva que disfruta frente a otros campos de investigación en nuestro país. Pero volviendo a los Planes Especiales de Armamento (PEA), hay que decir que éstos representan un gran lastre de cara a la deuda que están generando, cuyas cifras reales desconocemos. Según el Secretario de Estado de Defensa, los PEA tienen un gasto previsto hasta el año 2030 de más de 20.000 millones de euros, lo que significa que se tendrán que abonar entre 1.000 y 2.000 millones de euros anuales, además de las devoluciones pendientes al Ministerio de Industria de los créditos de I+D. Una enorme deuda que se debe resolver y que representa una grave hipoteca para futuros gobiernos. Hasta ahora, todas las peticiones de auditoría sobre los PEA instadas por los grupos políticos han sido descartadas, y es que los dos partidos que han gobernado alternativamente en nuestro país (el famoso bipartidismo) no quieren que se sepa qué tipos de anomalías rodean los contratos de estos PEA.

Los Programas Especiales de Armamento son una clara amenaza para la utilización social de los PGE, y seguirán pendientes del debido esclarecimiento. El secretismo que los rodea algún día saldrá a la luz, y hará aparecer el enorme iceberg de irregularidades que esconden, y que están hipotecando nuestro futuro como país. Además de representar compras de armas que no necesitamos, implica una injusta asignación de recursos públicos, precisamente en años en que deben ser dedicados a las necesidades sociales más básicas y fundamentales. Y es que incluso desde una perspectiva economicista, los PEA continúan siendo una pérdida de oportunidades para las empresas de la economía productiva, y continúan ahondando en la crisis, al producir unos bienes inútiles desde el punto de vista social, pues las armas consumen recursos del Estado que, de ser destinados a la economía real y productiva, tendrían un mayor impacto en la creación de puestos de trabajo. El informe de referencia finaliza en una clara conclusión: "En la coyuntura actual de enorme retroceso en las políticas públicas que ha generado la crisis del capitalismo financiero global, las políticas económicas de los gobiernos deberían inclinarse por proteger el denominado Estado de Bienestar, es decir, aquéllas políticas que proporcionan auténtica seguridad y protección a las personas, así como desarrollar políticas que incentiven la economía productiva, que son las que proporcionan empleo. Ni las armas, ni la industria militar que las produce, ni los ejércitos que las consumen, dado el enorme gasto que originan (18.776 millones de euros en 2017) proporcionan más seguridad que el empleo o las coberturas sociales; por el contrario debilitan el Estado de Bienestar al derivar recursos hacia un ámbito improductivo, la seguridad militar". 

Está claro por tanto que la senda pacifista debe invertir estas prioridades, y devolver los recursos necesarios a las arcas públicas para apostar por dichos modelos de seguridad, más humanos y reales. Las amenazas que podamos sufrir no se resuelven con fragatas ni aviones de combate, sino con empleos decentes, protección social, rentas dignas, cotizaciones justas y amplios sistemas de protección y seguridad social. Ahí es donde se demuestra la capacidad de un país para proteger a sus ciudadanos y ciudadanas. Los gastos militares deben ser reducidos, los presupuestos para Defensa deben ser recortados, y el resto de presupuestos para inversiones, gastos e investigaciones sociales deben ser aumentadas. Es decir, hay que invertir la actual tendencia. Pero desgraciadamente, nuestros gobiernos están muy presionados, y no solamente por el enorme poderío del complejo militar-industrial, sino por las propias directrices del imperialismo estadounidense y la OTAN, su brazo armado, de los cuales ya hemos hablado largo y tendido en el anterior bloque temático, al cual remito a mis lectores/as. No es posible un país justo y avanzado si éste dedica los presupuestos que deben incidir en el bienestar de las personas, a una industria militar, a la exportación de armas, y a la participación de misiones militares en terceros países. No es posible un país justo y avanzado si la perversión de los gastos militares llega a nublar la debida asignación a otras partidas que garantizan los servicios públicos y los derechos fundamentales del conjunto de la ciudadanía. No es posible una senda pacifista que dedique gastos militares en escalada, porque dichos gastos no son sino un reflejo de la actividad de la sociedad en la que se vive. Continuaremos en siguientes entregas.