Arquitectura de la Desigualdad (103)

En la última entrega habíamos comenzado a exponer (siguiendo esta reseña del libro de Juan Ramón Rodríguez Fernández), dentro del asunto de la gestión neoliberal de la pobreza, lo relativo a los aspectos que tienen que ver con la formación de las personas desempleadas. Y ya habíamos advertido que aunque disfrazada bajo un objetivo formal encaminado a potenciar la empleabilidad de este sector y a favorecer su inserción en el mercado laboral, en realidad estos planes o itinerarios formativos cumplen una función muy diferente, que es la de actuar como elemento redentor de las personas pobres, pues mediante la participación activa en estas acciones formativas, las personas en exclusión social demuestran al sistema su buena predisposición a insertarse. De entrada, fijémonos en un detalle ciertamente ilustrativo: es el sistema quien te deja sin empleo, pero son las personas quienes tienen que demostrar su actitud y su buena voluntad para volver a reinsertarse en el sistema. Siguiendo esta máxima, cualquier persona que no desee hacer este ejercicio, será excluido y demonizado por el propio sistema que lo excluye. De esta forma, la participación en la formación "actúa como un mecanismo que permite diferenciar aquéllos pobres que se esfuerzan y que merecen recibir la ayuda económica, de aquéllos pobres que no demuestran esforzarse lo suficiente y que por tanto no son merecedores de la prestación económica" (son palabras de Enrique Javier Díez Gutiérrez, autor de la reseña que estamos tomando como referencia). El sistema diferencia entonces entre los pobres auténticos y los pobres fingidos, como si esta diferenciación existiera de verdad. Y ello implica que hay que demostrar al sistema no solamente que somos pobres, sino que estamos de acuerdo en participar activamente de su farsa. 

Este perverso sistema neoliberal de gestión de la pobreza elimina o ignora el derecho de ciudadanía social por el cual todo ciudadano o ciudadana tiene derecho a un mínimo de subsistencia, que deja entonces de ser un derecho reconocido y exigible, para pasar a ser algo que hay que ganarse mediante la predisposición a participar en estos itinerarios formativos, demostrar que se cumplen los requisitos y llegar así a poder percibir las míseras prestaciones que les asignan a estas personas. Pero todo ello se comprende como normas de sentido común: hasta este punto llega la alienación que el sistema ejerce sobre los individuos. En primer lugar, se asume que los pobres han de demostrar al sistema que lo son. No basta con que lo sean, sino que en un mundo tecnológicamente tan avanzado y con abundantes cruces de datos, los desempleados han de demostrar que continúan siéndolo y que no poseen recursos para poder vivir dignamente. En segundo lugar, el sistema difunde y asume que las acciones formativas son la panacea para resolver los problemas de estas personas, y alcanzar así mayores cotas de igualdad social. Perversa lectura la que se hace de ello, pues la pobreza, la desigualdad social, la violencia de género, la injusticia, el racismo, etc., como estamos demostrando en toda esta serie de artículos, son proyecciones estructurales de nuestra sociedad. Aclaremos que no estamos afirmando que la educación y la formación no sirvan para nada, sino que es inútil canalizar por la vía formativa (mediante los tipos de cursos de estos itinerarios formativos) todas las carencias y desequilibrios de una sociedad tan desestructurada como la que proclama el neoliberalismo. Siguiendo este razonamiento equivocado, la precariedad o el desempleo serían problemas achacables fundamentalmente a la educación, que no forma adecuadamente, o a las propias personas que no tienen las competencias profesionales requeridas, o las actitudes más adecuadas, o simplemente que no se esfuerzan o que no emprenden lo suficiente. 

Sin embargo, como sabemos, no porque haya mayores niveles formativos o porque la educación se extienda a todas las capas sociales, y nos inunden con innumerables habilidades sociales, y sepamos redactar perfectamente un CV o realizar una entrevista de trabajo, vamos a arreglar todos estos problemas estructurales, o a vivir en sociedades más justas. Tenemos muchos ejemplos al respecto. Por ejemplo, buena parte de las personas responsables de la implantación de políticas de austeridad, medidas precisamente responsables de altísimos costes sociales, tienen unos niveles educativos muy altos y no por ello con sus decisiones políticas trabajan por el bienestar del conjunto de la sociedad. O por ejemplo, tampoco la calidad y el número de puestos de trabajo se ven especialmente influidos por el nivel educativo y la formación profesional específica, sino que dicho empleo es sobre todo expresión de la correlación de fuerzas entre el mundo del capital y el mundo del trabajo. ¿A nadie se la ha ocurrido pensar que para una persona desempleada es una mala noticia que bajen los salarios de las personas que están trabajando, y que dicha medida va a afectarle negativamente, por muchos cursos de formación que esté llevando a cabo? La lógica es bien sencilla: si bajan los salarios simplemente baja el consumo, las empresas venderán menos sus productos y servicios (porque no habrá poder adquisitivo para poderlos adquirir) y ello incidirá negativamente en la circunstancia de firmar nuevos contratos. Así de claro. Díez Gutiérrez continúa: "Al enfatizar este carácter individual del proceso de inserción social, y al soslayar las bases estructurales de la pobreza y el desempleo, se subraya la responsabilidad individual del propio sujeto en su situación social --si eres pobres o tienes un trabajo precario es porque no te has esforzado lo bastante o no has aprovechado las oportunidades que la sociedad te ha ofrecido--; y se abre la puerta a la culpabilización, criminalización y al tratamiento punitivo de la exclusión social: las personas pobres son pobres porque son vagas, porque no se esfuerzan lo bastante, algunas de ellas son delincuentes...y por ello, el Estado tiene que reducir las ayudas dirigidas a estos colectivos y a la vez sustituirlas por procedimientos punitivos y de control al pobre".

De hecho, se va creando un concepto peyorativo en el imaginario colectivo que tiene que ver con la idea del "subsidiado", es decir, del que prefiere vivir a costa de las prestaciones del Estado. Se va perdiendo la visión de los Derechos Humanos, que proclaman que es el Estado el que tiene la función de velar porque toda su población posea medios suficientes para vivir dignamente. Los derechos humanos no proclaman que esos medios tengan que venir de un trabajo, sino que las personas tienen el derecho a poder acceder a ellos. Pero entiéndase bien: no estamos queriendo decir que estemos en contra de la Formación Ocupacional, que en muchas ocasiones, sectores y circunstancias puede ser bastante válida. Pero sí aseguramos que en torno a este nicho de negocio se mueve una ideología profundamente neoliberal basada en un andamiaje que supervalora los itinerarios formativos, que se enfoca a los beneficios del sector privado, y que criminaliza al pobre obligándolo a tener que demostrar al sistema su situación social y aceptando los requisitos para dicho recorrido. Y nosotros nos preguntamos: ¿Por qué gran parte de estos fondos para la Formación no se dedican a la creación directa de puestos de trabajo (públicos y privados), puestos de calidad que tengan una verdadera utilidad social y que permitan una adecuada integración de los desempleados? ¿Por qué gran parte de estos fondos para la Formación no se dedican al fortalecimiento de una verdadera red de ingresos mínimos que cubran efectivamente y de forma constante las necesidades vitales básicas de estas personas? Respuesta: Porque entonces la educación ligada a estos itinerarios formativos dejaría de ser un mecanismo de redención y de castigo para los pobres, así como una oportunidad de negocio para el sector privado. 

Díez Gutiérrez finaliza la reseña en los siguientes términos: "Es necesario abandonar los planteamientos de lucha contra la pobreza basados en la empleabilidad, y establecer los mecanismos que permitan contribuir a la desmercantilización de la educación, pensándola como un bien común y un derecho social, y no como un producto de consumo individual. Dos propuestas con potencialidad para abrir camino en estas direcciones son la Renta Básica y el Trabajo Garantizado. Es hora de ver la integración y la organización social con otra mirada y con otras categorías diferentes a las del caduco pensamiento neoliberal". Los Planes de Trabajo Garantizado (PTG), ya comentados en entregas anteriores, concentran todos los trabajos que una determinada comunidad necesita (pueden ser gestionados por Ayuntamientos o Comunidades Autónomas), atendiendo no sólo a la rentabilidad económica, sino social. Proporcionarían empleo digno y estable a cientos de miles de personas, bajo unas condiciones controladas pública y democráticamente. Por su parte, la Renta Básica Universal (RBU) será discutida a fondo próximamente (ya fue expuesta con profundidad en nuestra serie de artículos "Marxismo, Socialismo y Capitalismo en el Siglo XXI"). Entre ambas medidas conforman  un núcleo directo y diferido para asegurar la actividad y los ingresos mínimos necesarios para que la totalidad de las personas puedan desarrollar una vida digna. A ello se deberían dedicar nuestros líderes y dirigentes políticos, en vez de proponer tanto entretenimiento y criminalización para los pobres, mientras en el otro extremo de la soga social existen individuos que poseen tanta riqueza como para gastarla durante varias vidas. En el fondo, más de lo mismo: desigualdad pura y dura, a gran escala, creada y gestionada por el sistema. Continuaremos en siguientes entregas.