Arquitectura de la Desigualdad (141)

La pobreza infantil se incuba en hogares lógicamente atravesados por la incertidumbre económica, que tienen que decidir continuamente a qué dedican sus limitados recursos. Ello provoca un estrés que pasa factura no solo a los padres, sino también a los hijos e hijas de la unidad familiar. Son típicos los hogares donde no se puede mantener una temperatura adecuada, que poseen humedades, o poca luz natural. Hogares pertenecientes a barrios inseguros, mal iluminados por la noche, con pocos y malos servicios, más peligrosos, más contaminados, situados en los extrarradios de las ciudades...Todo ello afecta al desarrollo psicosocial de los individuos desde su infancia, que se proyectará luego en su etapa adulta. El tiempo libre, la capacidad de juego, las relaciones sociales, etc., han de ser cultivados desde las edades más tempranas, pues son actividades fundamentales para el desarrollo integral del niño. ¿Cómo se puede atajar todo esto? Como decíamos al comienzo de este bloque temático, la mejor forma es atajando directamente la pobreza y la desigualdad, y no hay otro modo de hacerlo que proyectando políticas públicas que transformen dichos objetivos en sus prioridades. Hoy día, los presupuestos para acabar con estas situaciones son limitados y escasos, y las Administraciones Públicas no muestran realmente interés en acabar con estas terribles situaciones. De entrada, habría que partir de una prestación universal por hijo a cargo con una dotación económica digna. Y si existen condiciones de vulnerabilidad dicha prestación debería incrementarse exponencialmente. Pero aquí ocurre tres cuartos de lo mismo (en cuanto a argumentos en contra se refiere) que con la Renta Básica Universal. Tomamos como referencia el artículo de Sarah Babiker comentado en la entrega anterior. 

Veamos: existen quienes argumentan que por qué deben ellos pagar una ayuda por el hijo (por ejemplo) de Cristiano Ronaldo ("Si el sistema funciona, Ronaldo paga por 80 niños y niñas a través de los impuestos"). Bien, ante este argumento, tenemos que decir que los hijos, desde este punto de vista, no pertenecen a los padres, sino que son sujetos de pleno derecho e independientes de sus progenitores, teniendo derecho a ese mínimo vital. Y como siempre, el otro argumento típico de los detractores de la prestación universal por hijo a cargo sospecha de las propias familias ("¡A ver en qué se lo iban a gastar!"). La verdad es que nos tiene que dar igual en qué se lo gasten, puesto que hay que verlo únicamente como un mecanismo de redistribución, es decir, como una manera de destinar recursos donde no los hay. Pero al igual que con la RBU, nos cuesta mucho esfuerzo hacer que estos argumentos sean comprendidos y asumidos por los padres y madres. Necesitamos una visión más amplia de los derechos, y necesitamos anular de nuestras mentes los prejuicios reaccionarios, que nos impiden ver las cosas como son. Los niños y niñas pobres se enfrentan también a otros muchos aspectos indeseables: la violencia, el rechazo de sus iguales, una educación deficiente, una participación insuficiente, y todo ello además de forma multiplicada cuando se trata de menores migrantes (los MENA). Hace falta combatir la discriminación en la infancia y la adolescencia, avanzar en la promulgación de una ley integral contra la violencia hacia la infancia, fortalecer el apoyo a las familias, mejorar la dotación presupuestaria para planes transversales por los derechos de los niños y niñas, mejorar la coordinación entre las diversas instituciones y ONG que abordan los problemas de la infancia, y facilitar los procesos de asilo a los MENA, favoreciendo su plena inserción social. 

Es muy triste que hoy día, a 30 años de la promulgación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña, no se conozcan prácticamente los derechos políticos y sociales de la infancia, y mucho menos se pongan en práctica de una forma garantista. Nuestras sociedades continúan practicando y asumiendo un adultocentrismo generalizado, que consiste en pensar que los niños y niñas no son sujetos en sí mismos, sino que pertenecen a su madre o a su padre, o al tutor o tutora de referencia, o a la institución de referencia. Por su parte, la escuela pública también se ha convertido en un espacio segregador. Según un estudio de reciente publicación de la OCDE, la mitad de los estudiantes españoles de clases pobres se concentran en escuelas en condiciones depauperadas. Si además de proyectar la desigualdad en sus familias las proyectamos en sus colegios, ya tenemos todas las piezas del puzzle para condenar a dichos niños y niñas en su posterior etapa adulta. Esto explica también que nuestra tasa de abandono escolar temprano sea una de las más altas de la Unión Europea. En este sentido, como afirma José Carlos García Fajardo (Profesor Emérito de la UCM y y Director del Centro de Colaboraciones Solidarias) en su artículo "No es país para niños pobres", la educación es la herramienta más poderosa para romper el ciclo de transmisión de la pobreza de padres a hijos. La escuela debe ser el estamento universal donde todos los niños y niñas puedan ser incluidos, con plenas garantías de proporcionales una educación de máxima calidad, que pueda colocarlos, a su vez, en la mejor rampa de lanzamiento para conseguir que lleguen a adultos con plenas posibilidades y oportunidades. Una sociedad justa debe garantizar que todos los niños y niñas puedan ser todo lo que quieran ser. Pero desgraciadamente, el pleno desarrollo de la infancia no es una prioridad política en casi ningún país del mundo. 

Pero si supuestamente disfrutamos de un Estado de Bienestar...¿por qué ocurre esto? Pues porque, como explica García Fajardo, el ADN de nuestro Estado de Bienestar es la protección de los trabajadores, no del conjunto de los ciudadanos sin tener en cuenta su situación laboral. Incluso cuando se han desarrollado leyes y normativas de protección a la familia, hemos carecido de auténticas prestaciones que erradiquen la pobreza infantil. Ni las políticas públicas de protección social ni el sistema fiscal están diseñados para reducir la desigualdad y acabar con la pobreza. Únicamente se ponen parches. Es la política de la herida: sangra, pues ponle un parche. Vuelve a sangrar por aquí, pues ponle otro parche. Y así sucesivamente. Evitamos que se vea la sangre, pero no curamos la herida. Y la herida ya es profunda y estructural. Ya no sirven los parches. Si pretendemos mantener una generación que no se convierta en una generación pobre, debemos actuar en los adultos, pero también y sobre todo en la infancia. Pero como decimos, también hay que atacar la pobreza y la desigualdad en los adultos (los padres y madres de estos niños pobres) para atajar la pobreza infantil. Y ello porque como afirmamos al comienzo de este bloque temático, la pobreza infantil está fuertemente relacionada con la precariedad laboral, los bajos salarios y la inestabilidad en el empleo de los adultos, para concluir con el proceso de deterioro de las condiciones laborales de los padres, sin políticas sociales correctoras, como afirma Amaia Otaegui en el informe "El efecto de la crisis en el aumento de la pobreza infantil", publicado por la Fundación Primero de Mayo. En el desarrollo del Estado de Bienestar español, los menores no han logrado liberarse de su adscripción como dependientes, y como receptores de transferencias sociales a través de sus padres. 

Y es que como afirmábamos anteriormente, nuestro sistema deja fuera a la infancia del concepto de ciudadano, y se le desconsidera como colectivo sujeto de derechos, que tanto distingue a las sociedades democráticas modernas. Es llamativa su invisibilidad en el discurso político y mediático, y de las políticas de redistribución de la riqueza. Hay que entender a la infancia como un colectivo con entidad propia destinatario de una política social específica, más allá de los compromisos puntuales que el resto de políticas públicas puedan proyectar o incidir. Amaia Otaegui explica en el referido informe: "Si la infancia no es un sujeto central desde la perspectiva de los poderes y las políticas, desde donde se les concibe como "una carga o un peso", no ocurre lo mismo si lo observamos desde la perspectiva del consumo, en donde desde que nacen, los niños son considerados como grupo prioritario o "grupo precioso". Es por ello que los ideales de justicia social e igualdad de oportunidades, la idea de que no es inevitable ser pobre, ni serlo para toda la vida porque la pobreza no es un camino sin retorno, necesita para su materialización que se visibilice este fenómeno". Necesitamos definir políticas públicas orientadas a la protección específica a la infancia, desligando por tanto el resto de protecciones a los individuos o a las familias en general, de aquéllas que se dirigen concretamente a los niños y niñas de nuestra sociedad. La capacidad redistributiva del Estado no se ha utilizado para la infancia, a quien se ha considerado desde una política meramente instrumental, y en su caso, de carácter electoralista. Y es que más allá de las prestaciones de la Seguridad Social en forma de permisos y prestaciones por maternidad y paternidad, beneficios a las "familias numerosas", ayudas limitadas por hijos a cargo, ayuda por hijo discapacitado o pensiones por orfandad, la intervención directa y exclusiva sobre la infancia es casi inexistente. Continuaremos en siguientes entregas.