Hacia otra Política de Fronteras (46)

Otro hecho denigrante que venimos practicando desde hace varios años, por parte de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, son lo que pudiéramos denominar "controles racistas", es decir, un requerimiento por parte de la Policía a cualquier persona con determinados rasgos o patrones raciales o aspecto físico, mediante el cual se comprueba si dicha persona está fichada, posee antecedentes penales, o bien se encuentra en situación administrativa irregular. Por ejemplo, la mayoría de personas marroquíes han sido detenidas tras la solicitud de documentación en espacios públicos, y lo mismo ocurre con los subsaharianos, o los procedentes de los países del Sahel. Según un informe de la ONG SOS Racismo, el 75% de las personas senegalesas que se encontraban encerradas en un CIE durante 2014 (período de análisis del informe), habían sido detenidas a raíz de que la Policía les había pedido la documentación en un lugar público. Se llevan a cabo de forma sistemática identificaciones por perfil racial con el objetivo de llenar los vuelos colectivos de deportación, según denuncia esta ONG, los cuales suponen un buen nicho de negocio para las empresas que trabajan en él. Youssef Oluled, autor del artículo de referencia que estamos siguiendo, explica: "Entre 2014 y 2017, un 31% de las personas acompañadas afirmaban haber sido detenidas tras la solicitud de documentación en espacios públicos. Esta práctica sigue señalando en las calles, a personas que son o se les presupone origen migrante, contribuyendo a la criminalización racial. Esto pone de manifiesto cómo las identificaciones racistas permanecen al servicio del sistema de expulsión y las llamadas para que acudan a Comisaría alegando otros motivos, se siguen empleando como un mecanismo para expulsar, incluso después de que esta práctica fuera declarada ilegal por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos". 

Y para los que son liberados de los CIE, no finaliza la condena civil. En anteriores entregas habíamos referido las labores que se echan en falta a la hora de integrar a las personas migrantes que vienen a nuestro país (en general a cualquier país del mundo), y como vemos, continúan sufriendo muchas lagunas, muchos impedimentos, muchas limitaciones. Porque después del CIE, lejos de la creencia de que las personas que son liberadas del mismo pueden automáticamente regularizar su situación, la realidad es que estas personas quedan libres pero su libertad real de movimiento no existe, y sus posibilidades reales de subsistir son muy limitadas. La regularización se dificulta al ser ligada a la existencia de un contrato laboral formal, y al cumplimiento de diversos requisitos. Por ello, una de las exigencias de SOS Racismo es precisamente la desvinculación del contrato de trabajo al permiso de residencia. Pues lo contrario, condena a los migrantes al círculo de la violencia institucional y estructural. Una violencia que se torna extrema en muchos puntos calientes a través de algunas fronteras mundiales (países bálticos, frontera mexicana con Estados Unidos, o en nuestro caso, la frontera hispano-marroquí). Prestémosle atención a ésta última, donde se llevan produciendo durante los últimos años una serie de hechos especialmente deleznables. La frontera entre Marruecos y España, o si se prefiere, entre África y Europa, es una frontera especialmente violenta. El periodista Enric Llopis nos lo cuenta en este artículo para el digital Rebelion, a raíz de un informe de las organizaciones Iridia, Novact y Fotomovimiento, publicado en abril de 2017. Resaltaremos lo más sobresaliente de dicho informe. Como decimos, esta no es solamente una de las fronteras más peligrosas del mundo, sino todo un espacio de excepcionalidad jurídica donde sistemáticamente se violan los derechos humanos. La frontera entre los Estados español y marroquí es un punto caliente por muy diversas causas, por su situación geoestratégica, por su cercanía con la Península y por su puerta de acceso a otros países europeos del norte. 

El recorrido por los diferentes puntos de esta frontera es espeluznante. Podemos comenzar por la ciudad de Nador, muy cerca del paso fronterizo melillense de Beni-Enzar. Allí los inmigrantes subsaharianos se ven obligados a vivir en los montes ante la hostilidad y el racismo imperante. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que no se les alquilan viviendas, padecen agresiones e insultos por parte de los vecinos, y la represión de la policía marroquí es continua. Entre 1.500 y 2.000 migrantes provenientes del África negra se agrupan en una veintena de campamentos de Nador. Viven hacinados, en la extrema pobreza, en tiendas hechas únicamente de plástico y ramajes. Las personas entrevistadas por los equipos de las ONG responsables del informe aseguran que en estos lugares han pasado hambre y enfermedades, por la humedad, el frío y la falta de agua. Un sufrimiento extremo para el que no encontramos explicación. Los investigadores del informe recabaron información sobre el terreno y contactaron con las organizaciones sociales que trabajan en Ceuta, Melilla, Nador y Tánger. En los campamentos de Nador se han constatado mujeres víctimas de las mafias de trata, abortos en condiciones precarias, y casos de violencia sexual durante el desplazamiento y la presencia de menores. Todas las personas entrevistadas para el informe aseguraron haber sido víctimas de la violencia de las fuerzas de seguridad marroquíes. La Plataforma Nacional de Protección de Migrantes de Marruecos ha denunciado 17 "operaciones" de incendio y destrucción de campamentos de inmigrantes entre julio de 2015 y marzo de 2016. A ello se agregan 175 casos de arresto durante 2016 (144 en Tánger, 12 en los bosques de Nador, 2 en la ciudad de Oujda, 3 en la frontera entre Marruecos y Argelia, y 1 en Meknés). 

Por su parte, el elemento por excelencia de mayor fuerza material y simbólica son las vallas fronterizas, esas que el actual Gobierno del PSOE ha prometido despojar de las crueles "concertinas" (cuchillas), pero aún no hemos llegado a ver. Argumentan que no completarán el proceso hasta que no doten de mayores medios y mecanismos de seguridad a los agentes fronterizos, pero aún no han especificado concretamente cuáles. Por ejemplo, el informe citado se detiene en un intento de "salto", fechado el 20 de marzo de 2017. En él, un grupo de jóvenes camerunenses y guineanos, con edades comprendidas entre los 16 y 23 años, fueron capturados por las fuerzas auxiliares de Marruecos en un bosque próximo a Ceuta, en el contexto del franqueo de la valla. Los muchachos fueron desplazados en autobús hasta Casablanca. El informe explica textualmente: "Los afectados llevaban vendas ensangrentadas en la cabeza, manos y piernas; en la cara mostraban evidencias de los golpes, varios tenían la pierna rota, y dos, incluso, mordeduras en las piernas". ¿Podemos sospechar siquiera el nivel de sufrimiento que estos chicos tuvieron que padecer ante tanta barbarie? ¿Puede seguir ocurriendo esto en la Europa del siglo XXI? ¿Es lógico, racional, o solamente explicable tanta violencia gratuita? No existen datos oficiales, pero a la luz de los testimonios recabados se da por hecho que tras cada "salto" se registran heridos, algunos de ellos de gravedad. Organizaciones sociales de Nador comunicaron a los autores del informe que fracturas, cortes profundos y dolencias musculares son consecuencias habituales de estos intentos. Además se está aplicando un criterio de "devolución" inmediata de los migrantes, lo que podría estar relacionado (no sabemos si hoy día ha cambiado) con criterios restrictivos de atención médica. 

No acaban aquí los despropósitos ligados a la violencia estructural de nuestra frontera sur. De un tiempo a esta parte, a los países de esta indecente Unión Europea les interesa detener "a tiempo" (esto es, en su raíz) los movimientos migratorios, para que puedan ser abortados antes de que lleguen a más. En este sentido, la UE dedica abundantes recursos económicos para que el país magrebí detenga los movimientos de población. Concretamente, las fuerzas de seguridad marroquíes aplican torturas o malos tratos a quienes capturan en su territorio o "devuelven" a la Guardia Civil. En lado español de la frontera, es ésta institución la que en la mayoría de los casos se encarga del control. Además de las 15 muertes ocurridas después que la Guardia Civil realizara disparos en la playa del Tarajal (febrero de 2014), el informe documenta episodios de violencia en la valla, como golpes para que los migrantes descendieran de la verja, o empujones para que se cayeran. También se califica de "preocupante" que la Guardia Civil permita que efectivos marroquíes entren en el "perímetro" fronterizo del Estado Español, con el fin de realizar las "devoluciones". Como en anteriores entregas hemos expuesto, el negocio de la vigilancia fronteriza mueve millones. Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) denunciaron que entre los años 2007 y 2013 la Unión Europea destinó más de 2.000 millones de euros al refuerzo de las fronteras, cifra que contrasta con los 700 millones de euros dedicados a mejorar la situación de los refugiados (¿cuántos millones se dejan de dedicar para parar las guerras, o para mejorar la situación social de los países de origen?). Se mencionan habitualmente compañías como Indra, dedicada al negocio del control fronterizo en más de 2.700 kilómetros del territorio español. Otras grandes empresas que acceden a los contratos del Ministerio del Interior para la "seguridad" fronteriza son Dragados y Ferrovial. Parece ser que es un negocio al alza. La miseria moral de los Estados, de nuestros gobernantes y de estas carroñeras empresas no tiene límites. Continuaremos en siguientes entregas.