Hacia otra Política de Fronteras (49)

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es la máxima autoridad jurídica de nuestro continente, y en octubre de 2017 sentenció que las expulsiones inmediatas llevadas a cabo en Ceuta y Melilla por parte de nuestro Gobierno violan el Convenio Europeo de Derechos Humanos, tal como recoge este artículo de Gabriela Sánchez para eldiario.es, al que nos remitimos. Es decir, que las llamadas devoluciones en caliente no se pueden practicar, so pena de violar dicho tratado. En concreto, sus artículos prohíben los retornos colectivos y obligan a garantizar el derecho de recurso efectivo de las personas devueltas. En efecto,  la Corte Suprema Europea concluyó que las devoluciones en caliente (expulsión inmediata) de dos ciudadanos de origen subsahariano a Marruecos no se pueden practicar. La denuncia fue llevada a cabo por dos personas, originarias de Mali y Costa de Marfil, refiriéndose a unos hechos ejecutados en agosto de 2014. Después de varias horas encaramados a la valla de Melilla, agentes españoles de la Guardia Civil les pusieron una escalera para que bajaran, y los entregaron a las autoridades marroquíes. Nadie les preguntó su nombre. No fueron identificados, ni les ofrecieron el acceso a un abogado ni a un intérprete, tal como establecen expresamente diferentes acuerdos internacionales que nuestro país tiene suscritos. Incluso nuestra Ley de Extranjería vigente en ese momento recogía la normativa prevista en estos casos. España fue sancionada a pagar 5.000 euros a cada víctima, en concepto de indemnización. Pero lo mejor de todo este relato viene a continuación: ¿Qué hizo entonces nuestro Gobierno? Pues intentar legitimar estas prácticas. ¿Cómo lo hizo? Pues en 2015 añadió la figura legal del "rechazo en frontera" dentro del texto de la Ley de Seguridad Ciudadana (la llamada "Ley Mordaza"), que supuso mediante esta vía indirecta una modificación de la Ley de Extranjería. 

Es decir, que a pesar de las numerosas advertencias acerca de la ilegalidad intrínseca de medidas de este tipo, por parte de organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Consejo de Europa y numerosas ONG, el Ejecutivo insistió en regularlas en su legislación, y llevarlas a cabo de forma sistemática en cada salto de las vallas de Ceuta y Melilla. Ante las numerosas críticas, los Ministros del Interior han justificado estas prácticas intentando hacernos ver que no hay sitio para todos, que la inmigración debe ser "regulada", que debe estar en función de ofertas de trabajo reales, etc., todo ello muy "ordenado". Es un abominable discurso que esconde las terribles realidades de estas personas, cuyas circunstancias, la mayoría de las veces, hemos creado nosotros. Pretenden obviar todo el fallido sistema que provoca que miles de personas sean literalmente expulsadas de sus tierras. Hay que abrir las fronteras, ya lo hemos dicho en varias ocasiones en entregas anteriores, pero dentro de un contexto más amplio de una Política de Fronteras no solamente respetuosa con la legalidad internacional y los derechos humanos, sino también con el pacifismo, con el antiimperialismo y con la cooperación internacional. Desde el momento en que planteamos estas cosas en las tertulias, todo un ejército de periodistas, políticos y tertulianos previsibles nos ataca directamente a nuestra línea de flotación con los argumentos de que somos ingenuos, buenistas, o que simplemente, no sabemos cómo funciona el mundo. Parece ser que ellos no solo lo saben, sino que además lo bendicen. Dejemos por tanto de poner el foco en las fronteras, en su militarización y en su seguridad, pues el problema no tiene nada que ver con ello. Tampoco son decisivos la altura del muro, cuántos muros haya, el número de agentes que los vigilen, o la presencia de los más sofisticados sistemas de seguridad. Hemos de comprender que ninguna frontera va a servir para impedir la entrada, sino para hacerla más dolorosa. 

Las fronteras más rígidas contribuirán únicamente a que las mafias se refuercen, y a que solo puedan cruzarlas los que tengan dinero para pagarlas. Eso se traducirá en travesías más complejas, aumentando el riesgo de tragedias en dicho recorrido. Y tampoco es solución delegar nuestra "seguridad migratoria" a terceros países, para que sean ellos los que lleven a cabo el trabajo sucio a cambio de dinero. El caso del acuerdo UE-Turquía, que ya hemos citado en entregas anteriores, es el más paradigmático en este sentido. Nos basamos a continuación en este artículo de Gladys Martínez para El Salto Diario, donde detalla la situación transcurridos dos años, en marzo de 2018. En ese mismo mes de 2016, la UE firmaba con Turquía un acuerdo para "resolver" el problema de los refugiados que trataban de llegar desesperadamente, en su mayoría desde Siria, hasta las costas griegas a través de Turquía, a cambio de 6.000 millones de euros. Pero no se perseguía la creación de vías alternativas y seguras, sino más bien el freno del flujo de estas personas, para que no pudieran llegar a territorio europeo. Dicho "acuerdo de la vergüenza" fue criticado desde todas las instancias de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y ONG que abordan dichos temas, Los resultados eran palpables: un año después de la firma, el número de llegadas por esta ruta pasó de las 850.000 a 180.000 personas, pero por contra, el número de muertes en el Mediterráneo aumentaba un 38% respecto a 2015. Y mientras nuestros indecentes gobernantes practicaban dichos vergonzantes acuerdos, se silenciaba que países mucho más pequeños, como Líbano, acogían ya a un millón de sirios, o Jordania a cerca de 700.000. Así mismo, Europa se autoimponía la obligación de dar acogida a 160.000 refugiados entre todos los países miembro, cifra que ha sido sistemáticamente incumplida por todos ellos, incluido por supuesto España. Y así, dos años después del acuerdo, un país grande como España, con 47 millones de personas, sólo había acogido a 1.900 de las 16.000 personas a que se había comprometido. Absolutamente lamentable.

Ya durante los meses previos al acuerdo, las fronteras europeas comenzaron a cerrarse a cal y canto. Primero, Turquía blindó su frontera sur con Siria. Después, se cerró la ruta de los Balcanes: Eslovenia, Serbia, Croacia y Macedonia cerraron y militarizaron sus fronteras. Las fuerzas de seguridad ejecutaban expulsiones masivas y violentas en las fronteras de dichos países. El paso hacia el norte desde Grecia quedó también bloqueado. Poco a poco, las islas griegas, para los que conseguían llegar hasta ellas, quedaron convertidas en campos de concentración. Al principio, los campos de refugiados se convirtieron en campos de detención. Luego, se fueron masificando y alcanzando condiciones de vida deplorables, convirtiéndose en campos de detención a cielo abierto. Por su parte, nuestro país también posee acuerdos informales con Marruecos para que este país norteafricano también controle los flujos migratorios hacia nuestro país. A su vez, Libia, desde la caída de Gadaffi, ha ido convirtiéndose en un Estado fallido, sumido en varias revoluciones y luchas tribales por el poder, lo cual ha conducido también a que la estancia de migrantes en su territorio se haya convertido en un infierno. Este es el fenómeno "paisaje europeo" que ofrece nuestro continente a los migrantes. Y la cosa tiende a ir a peor, por el continuo aumento de la presencia en los parlamentos europeos de las fuerzas políticas de la ultraderecha, pues podríamos concluir que el único factor que las une a todas ellas es el odio y el rechazo hacia los migrantes. Pero volviendo a Turquía, ¿qué es lo que está pasando allí en realidad? Pues que aunque Europa vendió en dicho acuerdo a Turquía como un tercer país seguro, lo cierto es que Turquía no considera refugiados a los solicitantes de asilo no europeos. Y como tampoco respeta el principio de no devolución, según Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos, lo que ocurre es que se deportan masivamente a los refugiados, incluidos sirios, a los que se envía de vuelta a su país en guerra. 

Además, también se han denunciado torturas y malos tratos a los solicitantes de asilo en los centros de detención y deportación, además de malas condiciones de vida en los campos. El panorama es ciertamente desolador: en la práctica lo que existe es un claro mercadeo de personas a cambio de dinero, con lo cual no se cumple con las directrices del derecho internacional, se vulneran varias leyes y convenios internacionales y europeas en materia de derechos humanos, tales como la Convención de Ginebra, la Convención Europea de Derechos Humanos o la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, cuando todas ellas contemplan el derecho de asilo y prohíben expresamente las devoluciones o expulsiones de refugiados. Actualmente podríamos distinguir por tanto ciertos niveles de "externalización" de nuestras fronteras europeas: el primer nivel sería impedir que lleguen a salir de su país de origen (mediante acuerdos con sus respectivos gobiernos). El segundo nivel es el que vela por que si salen, no consigan llegar a territorio europeo, es decir, se alientan las muertes en el Mediterráneo. Para ello, no dudan en intervenir embarcaciones humanitarias, en cerrar puertos europeos, o en seguir militarizando las fronteras. Y el tercer nivel estaría en los propios países de destino (si alcanzan a llegar), donde se crean espacios de excepcionalidad y de exclusión de derechos, desde los campos de concentración en las islas griegas hasta los CIE en nuestro país (ya referidos en anteriores entregas), además de que se les impide la plena integración y se les excluye del derecho al trabajo, se les aboca a la economía sumergida, no se les reconocen derechos fundamentales (como el derecho al voto), etc. Mientras, la ONU y el resto de la comunidad internacional miran para otro lado. La inmigración se está convirtiendo, gracias a estas desastrosas e indignas políticas, en el caballo de batalla del proyecto europeo, pero en realidad lo que está ocurriendo es que todo el fango de las políticas agresivas, belicistas e imperialistas está saliendo a la superficie. Toda la ponzoña derivada de nuestras actividades en política exterior, cual boomerang, se están volviendo contra nosotros. Y a todo esto, los gobernantes europeos se afanan en proclamar la "lucha contra la inmigración" como uno de sus más valiosos objetivos, cuando lo que en realidad despliegan son todos los trucos, artimañas y violaciones posibles a la legalidad internacional. Flaco favor le estamos haciendo al proyecto europeo de integración, a no ser que se trate de un proyecto clasista, racista y supremacista. Continuaremos en siguientes entregas.