Blog de Rafael Silva. Presenta artículos de opinión basados en la actualidad política, cultural y social.
La puerta giratoria más nociva es la de los altos técnicos de organismos reguladores, abogados del Estado, economistas del Estado… De esto no se habla, solo se piensa en ministros y poco más
En el último artículo, a tenor de nuestra exposición sobre los diversos aspectos que rodean la pobreza energética en nuestro país, citamos el fenómeno de las puertas giratorias como uno de los principales en torno a este asunto. Veámoslo con un poco más de detalle (en este otro artículo de nuestro Blog ya explicamos las puertas giratorias en sentido general), basándonos en este artículo colectivo (José Bautista, Dani Domínguez, Eduardo Robaina y Ana Ordaz) publicado en el medio La Marea. A fecha de septiembre de 2018, existían en nuestro país más de 175 ex altos cargos políticos que habían formado o formaban parte de los Consejos de Administración o equipos directivos de las empresas energéticas del IBEX 35. Es un fenómeno tan normalizado en nuestro país que Pedro Solbes llegó a asegurar que "Las puertas giratorias existirán siempre, y si no existen es una desgracia que la política solo pueda contar con políticos profesionales que no puedan entrar y salir". Ahí queda eso. Iremos contestando a Solbes a lo largo de nuestra exposición. En primer lugar, las puertas giratorias no solo es que no debieran existir, sino que representan toda una aberración democrática y un modo de corrupción en sí mismo. Porque aquí no estamos hablando, aclarémoslo, de una persona que viene, por ejemplo, del mundo universitario, entra en la política, y al cabo de un tiempo deja la política y vuelve a su mundo laboral. No. Aquí estamos hablando de un mecanismo que responde al más puro estilo del "Hoy por ti, mañana por mi", y que supone una intoxicación intolerable de la política con el mundo de los negocios privados. Pondremos su propio ejemplo: hasta el año 2014, Pedro Solbes fue Consejero de Enel, la eléctrica italiana que se hizo con el control de Endesa con el beneplácito del gobierno "socialista" del que él mismo formaba parte.
Su sucesora en el Ministerio de Economía, Elena Salgado, también trabajó para Endesa. Fue nombrada Consejera de la eléctrica española menos de un año después de abandonar el cargo. También fue consejero de la misma compañía Luis de Guindos, sucesor (PP) de Salgado en la misma cartera ministerial. ¿No son ya demasiadas sucesiones? Estamos hablando de toda una casta político-empresarial, que entiende la política como un juego de favores, y que además no tiene empacho en dirigir las políticas públicas no para el interés general, sino para el interés privado de estas grandes empresas. Claro, así después se entienden los "regalos" y la devolución de estos favores. El sector energético es el que más puertas giratorias aglutina en nuestro país...¿Tendrá este hecho algo que ver con que tengamos que pagar una de las facturas eléctricas más caras de Europa? Endesa es el ejemplo más paradigmático: en su plantilla han "prestado sus servicios" al menos un ex Presidente, cinco ex Ministros y una larga lista de altos cargos públicos, desde ex Secretarios de Estado hasta ex Consejeros autonómicos. La siguiente pregunta podría ser: ¿Y todos ellos entendían de energía? Pero separemos más piezas de este indecente puzzle: al igual que Repsol, Enagás, Red Eléctrica y otras compañías energéticas, Endesa también era una empresa pública y estatal, hasta que el gobierno de Felipe González inició su privatización progresiva, obra que culminó José María Aznar a finales de los años 90. Y como nos cuentan sus autores en el artículo de referencia: "Hay puertas giratorias que dejan transcurrir varios años desde que salen del gobierno hasta que fichan por alguna compañía del ramo energético. En otros casos, sólo transcurren meses. Hay ex altos cargos del Estado que entran en los Consejos de estas empresas por su reputada trayectoria profesional y académica, como es el caso de Jorge Fabra, ex Presidente de Red Eléctrica. No obstante, la mayoría no dispone de experiencia previa ni estudios o perfil técnico relacionados con el sector. Un caso llamativo es el de Arsenio Fernández de Mesa, ex Director de la Guardia Civil y actual consejero de la misma compañía. Fernández no tiene estudios universitarios, y fuera del ámbito político, solo ha trabajado como ayudante de jardinería". ¿Conocen mis lectores y lectoras muchos jardineros que sean nombrados Consejeros de una gran empresa multinacional? Yo no. ¿Arquitectura de la Desigualdad, tal vez?
Esta práctica de las puertas giratorias viene de lejos. En los años 90 ya había políticos que saltaban del gobierno a las empresas energéticas. Por entonces aún eran frecuentes los perfiles técnicos (es decir, que observaban un comportamiento un poquito más ético), pero hoy día ya no respetan ni ese detalle. Las privatizaciones iniciadas por González y Aznar dieron un giro a esta dinámica. Hoy día la dinámica es perversa y escandalosa: no respetan el tiempo estipulado por ley para los nombramientos, no fichan a personas de reputado conocimiento o experiencia en el sector de que se trate, y además, los sueldos (por no hacer casi nada, por lo cual Felipe González aseguró que dejaba el cargo en Gas Natural porque se aburría) son absolutamente escandalosos. Pero yendo a la cita de entradilla, es cierto que más allá de los sonados nombres de ex Presidentes o ex Ministros, no suelen salir a relucir otros cargos que giran entre la política y la empresa privada, nombramientos que pasan desapercibidos porque el conjunto de la ciudadanía los conoce menos, poseen menor visibilidad mediática, pero resulta que juegan un papel clave a la hora de diseñar y redactar leyes, decretos, proyectos de ley, normativas, órdenes ministeriales, etc. Esas personas son las que, desde sus altas atalayas políticas, han redactado la letra pequeña de las leyes, y a las que luego se les pagan esos "favores" en forma de miembros de un Consejo de Administración. De todos modos, que la clase política y las energéticas tengan contacto directo no es raro. Por un lado, el suministro de electricidad, gas y petróleo es un negocio estratégico y de vital importancia para la sociedad y la economía. Debido a ello, los sucesivos gobiernos legislan y regulan este fundamental sector, estableciendo límites y garantizando el funcionamiento del "mercado" energético pensando, supuestamente, en el bien común. ¿Pero realmente lo hacen?
Todo ello explica el enorme interés de estas empresas por mantenerse próximas y en buena sintonía con los círculos del poder político. Pero hasta ahora, lo que han buscado los políticos de turno ("PSOE y PP, la misma mierda es" gritaban en las manifestaciones del 15-M) no es el servicio público pensando en el interés general (respondiendo a un derecho humano fundamental), sino en el servicio privado pensando en el interés particular de ellos mismos y de unos cuantos allegados. Por otro lado, el sector energético requiere inversiones de capital intensivo, es decir, es necesario poseer e invertir grandes sumas para, entre otras cosas, construir una central nuclear, poner en marcha una central hidroeléctrica, desplegar kilómetros de líneas de alta tensión o afrontar la burocracia necesaria para obtener licencias operativas. Es evidente que el negocio de suministrar petróleo no es igual a quien posee una farmacia o una panadería. Pero tampoco es normal ni bueno la exagerada concentración del poder. En la actualidad, tres empresas eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, ahora Naturgy) acaparan en torno al 90% de la producción eléctrica nacional. Dicho de otra forma, el pastel energético se reparte entre muy pocas manos. Esto explica la relación fluida y directa (que a su vez genera ese modo de corrupción al que antes hemos aludido) entre gobernantes y dirigentes empresariales del negocio energético. De esta forma, esa "relación fluida" se va transformando en un juego de intereses e intercambios de favores, que se manifiesta a través de estas puertas giratorias. Un fenómeno ampliamente extendido y consentido, incluso bien visto por alguna parte de la ciudadanía, y muy bien suavizado por los grandes medios de comunicación, por supuesto al servicio de sus amos, ya que cada año ingresan gran parte de los presupuestos millonarios en publicidad de estas empresas, blanqueando con ello sus terribles prácticas.
En el IBEX 35, principal selectivo bursátil español, existen 6 compañías del ramo energético: Iberdrola, Naturgy, Endesa, Repsol, Enagás y REE (Red Eléctrica de España). Las cuatro últimas eran empresas públicas, es decir, propiedad del Estado hasta finales de los años 90. Las dos últimas (Enagás y REE) siguen teniendo como accionista mayoritario al Estado, que es quien garantiza por ley que operen en régimen de monopolio (transporte de gas y electricidad, respectivamente), aunque el 80% de sus dividendos (dinero con el que la empresa "premia" a sus accionistas) va a parar a manos privadas, tales como fondos de inversión extranjeros (BlackRock), o grandes bancos (Caixabank). Actualmente España tiene una de las facturas de la luz más caras de la Unión Europea. Además, a pesar de ser uno de los países con más horas de luz solar del planeta, el mix energético español sigue siendo adicto al gas natural y al petróleo, dos recursos que España importa de países como Argelia, Arabia Saudí o Libia. De ahí el riesgo de que los gobernantes tengan más preocupación por ganarse un puesto bien remunerado en una compañía energética que por erigir un sector energético estable, soberano y autosuficiente en la medida de lo posible, así como respetuoso con el medio ambiente. Recomiendo a los/as seguidores/as de este Blog la lectura completa del artículo de referencia, ya que sus autores/as citan gran cantidad de datos concretos que ayudan a hacerse una idea más o menos exacta de la magnitud del cáncer que representan las puertas giratorias para nuestra política económica y nuestros servicios públicos en general, así como para entender el bárbaro funcionamiento de nuestro sector energético en particular. Es evidente lo que habría que hacer con todo este tinglado: desmontar las puertas giratorias, aboliendo dicha posibilidad, así como devolver a su control público y social (propiedad del Estado, pero controladas democráticamente por sus trabajadores/as y por el resto de la sociedad) todas estas empresas del ramo. Continuaremos en siguientes entregas.