Blog de Rafael Silva. Presenta artículos de opinión basados en la actualidad política, cultural y social.
La energía, siendo un bien que influye directamente en la posibilidad de vivir una vida digna, es un derecho básico al que todos deberíamos tener acceso a un precio justo, de forma generalizable e igualitaria. No puede ser un privilegio para unos pocos, sino un derecho para todo el mundo. Pese a que el derecho a la energía aun no se ha positivizado explícitamente como derecho humano, el rol esencial que ha jugado la energía en el desarrollo humano de las personas y de la sociedad durante los siglos XX y XXI sitúa la energía como un bien de primera necesidad al que se tiene que garantizar el acceso
Como manifestación fundamental de la pobreza, la pobreza energética despliega graves consecuencias derivadas, que se proyectan principalmente en afecciones a la salud, disminución del rendimiento físico y académico, problemas sociales y relacionales (intra y extrafamiliares), degradación de los edificios, incremento de las emisiones de CO2, y deuda excesiva. Veamos estos efectos con más calma, siguiendo de nuevo el magnífico informe "La energía como derecho", de Marta García y Joana Mundó (descargable en Internet desde este enlace):
1.- Impactos en la salud: Varios estudios relacionan la pobreza energética con afecciones específicas sobre la salud física, que afectan principalmente a niños/as, personas de avanzada edad o que sufren enfermedades crónicas. El frío y la humedad permanentes pueden comportar problemas respiratorios como asma, bronquitis o alergias, así como agravar enfermedades ya existentes. También tiene efectos sobre el rendimiento físico e intelectual de las personas que la padecen. La salud mental también se puede ver afectada por estas situaciones, dado que vivir en un hogar en malas condiciones puede causar problemas como ansiedad, exclusión, insomnio, inestabilidad familiar, fracaso escolar o incluso aislamiento social. Como en general en cualquier tipo de pobreza, la estigmatización de quienes la sufren comporta graves problemas de inserción social.
2.- Degradación de los edificios: Un problema de humedad permanente puede conllevar un empeoramiento de las situaciones de pobreza energética, en espiral diabólica que se retroalimenta. De esta forma, cuanto más se deteriore la vivienda, más va a costar mantener la temperatura y las condiciones óptimas de bienestar, de modo que sus habitantes tendrán que dedicar cada vez más recursos económicos a mantener la temperatura de confort. La baja eficiencia energética de las viviendas, por su parte, provoca un incremento del consumo de energía, aumentando también las emisiones de gases de efecto invernadero. Este hecho tiene efectos sobre el medio ambiente, y por ende sobre la salud pública, dado que el aumento en los niveles de CO2 se relaciona con un aumento de las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, y de dolores de cabeza.
3.- Endeudamiento: Las personas con pocos recursos económicos acostumbran a tener dificultades para hacer frente a facturas de alimentación, transporte, o las relacionadas con la educación de los hijos, además de las propias facturas del gas, del agua o de la electricidad. Así pues, la dificultad para hacer frente a las facturas de los suministros energéticos básicos contribuye a aumentar el endeudamiento de las familias. A su vez, este hecho provoca que muchas familias entren en una peligrosa dinámica de subsistencia diaria, que les hace más difícil salir de la situación de precariedad.
Desde una perspectiva de aseguramiento de los derechos y suministros básicos para una vida digna, la energía representa, pues, un aspecto fundamental. Por tanto, avanzar hacia la consecución y el reconocimiento de la energía como un derecho humano básico, eliminaría en cascada todos estos problemas. Es el Estado quien debe proveer unos sistemas de garantías para asegurar en todo caso este suministro de forma universal, y prevenir que nadie pueda, por problemas económicos, verse privado del mismo. Pero la pobreza energética, como el hambre o los conflictos bélicos, son un problema mundial. Como afirman las autoras del informe: "Cuando se habla de pobreza energética a nivel global normalmente se hace referencia a la privación de acceso a la energía que tienen en muchos países empobrecidos, debido a que no existen suficientes redes de transporte y distribución de electricidad o gas (dejando a mucha población sin la posibilidad ni tan siquiera de comprar energía a una comercializadora). De hecho, las Naciones Unidas han declarado la década 2014-2024 como la Década de la Energía Sostenible para Todos, poniendo especial atención a los 1.300 millones de personas que viven en países donde no hay acceso a la electricidad". Pero sin embargo, en este "gran país que es España" (en expresión de M. Rajoy), y en muchos más países "ricos" y "desarrollados", aunque existe una buena y extensa red de distribución de energía, también hay personas que no tienen de facto acceso a ella. ¿El motivo? Unas condiciones socioeconómicas que les obligan a prescindir de su uso por la imposibilidad de pagar las facturas, o porque se abstienen de encender la calefacción en invierno, o porque la compañía les ha cortado el suministro por falta de pago. Hoy día, prácticamente todas las tareas reproductivas y de cuidados, las que se ejercen dentro del hogar, tales como la alimentación, la educación, la higiene, los cuidados de personas dependientes o enfermas, etc., necesitan primordialmente la energía para poder ser llevadas a cabo.
Y como con cualquier bien de primera necesidad, hay unos mínimos de abastecimiento energético que se pueden considerar como fundamentales para la supervivencia. Por ejemplo, el asociado con la conservación y cocción de alimentos, climatización, iluminación, higiene personal y del hogar. Estableciendo un paralelismo con la pirámide de Maslow, este nivel tendría que ver con la satisfacción de las necesidades fisiológicas (reposo, alimentación). Un siguiente nivel cubriría las necesidades básicas de energía, entendiendo como tales los usos eléctricos relacionados con el acceso a la información (Internet, teléfono, TV...), y las necesidades que permiten alcanzar un mínimo nivel de confort en el hogar. Continuando con el paralelismo de la pirámide de Maslow, este nivel se relacionaría con la salud y la seguridad. El siguiente nivel tendría que ver con los niveles de energía necesarios para poder realizar un trabajo productivo, y para garantizar la subsistencia y la autonomía (por ejemplo, llevar a cabo un trabajo autónomo que requiera energía en el hogar), y que esté vinculado con el reconocimiento y la autonomía. Y finalmente, un último nivel tendría que ver con el ocio y las actividades relacionadas con la realización personal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes (a estos derechos les dedicaremos en su momento una serie de artículos independiente) recoge "el derecho de todo ser humano de disponer de agua potable y saneamiento, y de energía". Por su parte, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) reconoce el derecho a una vivienda adecuada y el "derecho al acceso a energía para la cocina, la iluminación y la calefacción", y declara que "los gastos derivados del uso del hogar deberían ser de un nivel que no impida ni comprometa la satisfacción de otras necesidades básicas". E igualmente, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer instituye claramente el derecho a la electricidad como un derecho humano. Por tanto, tan solo a la luz de estas directivas internacionales sobre derechos, se comprueba claramente que, con un poco de voluntad política, se podrían modificar los entornos legales para que recogieran de hecho el reconocimiento de la energía como un derecho humano fundamental. Continuaremos en siguientes entregas.