Blog de Rafael Silva. Presenta artículos de opinión basados en la actualidad política, cultural y social.
La crisis de los desplazamientos forzados no es espontánea, ni coyuntural, ya que está vinculada a múltiples causas estructurales que sustentan el modelo económico y social de dominación, lo que implica abordarlas necesariamente desde su raíz o los dramas humanos que provocan los desplazamientos forzados no se van a detener
Y la forma de atacar dichas causas estructurales ya las hemos venido mencionando. Podríamos alegar que acabar con las guerras, los extractivismos y las prácticas coloniales en los países de origen de los migrantes es un objetivo muy grueso, que hay que plantear a medio plazo, como mínimo. Pues bien, mientras vamos recibiendo a los migrantes de forma digna, humana y solidaria (que es lo que deberíamos hacer), podemos ir planteando (a la vez que dichos objetivos gruesos) unos objetivos a más corto plazo, como es el aumento de los presupuestos dedicados a la Ayuda al Desarrollo. Sin embargo, ¿qué se ha hecho durante estos últimos años? Todo lo contrario: reducirlos. El montante de las ayudas al desarrollo ha caído a cifras absolutamente ridículas, indignas de cualquier gobierno mínimamente decente, al que le importe de verdad la solidaridad internacional. Concretamente, desde el año 2011 se han visto recortadas en un 45%. Pero en general, en España nunca en toda su historia como país donante un solo Gobierno ha dado cumplimiento a sus previsiones de gasto en AOD, situándolas siempre por encima de las cifras realmente alcanzadas, y presentándolas bajo toda una ingeniería presupuestaria y maquillaje de cifras, tal como señala Carlos Gómez Gil en este artículo para el digital Rebelion. La historia de nuestra cooperación al desarrollo para terceros países puede ser resumida en una constante distorsión de las cifras y estadísticas oficiales en los tres sentidos siguientes, según señala Gómez Gil: "En primer lugar, incorporando partidas y gastos de dudoso encaje como AOD. En segundo, presupuestando partidas mucho más elevadas de las que finalmente se ejecutan, de forma que se anuncian cantidades muy superiores a las gastadas. Y por último, una continuada política de desinformación en torno a los presupuestos, cifras y gastos reales en materia de ayuda al desarrollo por parte de sus responsables políticos y técnicos, que han ayudado muy poco a tener un conocimiento preciso de nuestro perfil y de nuestra posición en el mundo". O sea, que no somos ni siquiera capaces de diseñar y ejecutar de manera coherente una justa política de ayuda al desarrollo. ¿Cómo vamos a tener voz propia? ¿Cómo vamos a representar una voz digna y diferenciada en el mundo en este asunto? ¿Cómo vamos a replantear otras política de más difícil cobertura?
La cifra que se asumió hace tiempo, del 0,7% del PIB dedicado a estas ayudas, no se ha cumplido jamás. La cooperación española, como país, merece como vemos un suspenso declarado, implicando nuestra incapacidad hasta el momento para alcanzar la justa sensibilidad con estos países. Desde que España ingresó al CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo) en diciembre de 1991, nunca hemos alcanzado la cifra media europea en estas ayudas (el 0,5%), y nuestro país se coloca en los últimos puestos de los donantes europeos, solo por delante de Grecia. Si todos los países contribuyeran de forma justa a las instituciones internacionales de ayuda, al apoyo a las ONG, a la acción humanitaria, a la promoción de la paz, al respeto a los derechos humanos o a la erradicación de la pobreza, otro gallo nos cantara, en cuanto al triste hecho de los desplazados forzosos. Las ayudas al desarrollo son el mayor instrumento a nivel global para reforzar nuestra contribución a que todos los países del mundo alcancen para sus poblaciones unas condiciones de vida dignas. Son quizá el símbolo por excelencia de la solidaridad internacional. Tan solo con que viviéramos en un mundo que se tomara en serio las Ayudas al Desarrollo y las políticas de cooperación, y dejara de perseguir otros intereses, ya tendríamos una estupenda rampa de lanzamiento para encarar el problema de los migrantes desde otro enfoque. Pero desgraciadamente, esta globalización neoliberal no está por estos menesteres. Por su parte, también mantenemos un enorme déficit estructural en políticas de multiculturalidad, es decir, adecuadas al justo encaje de ciudadanos/as de diversas culturas en una misma comunidad. Porque una buena integración intercultural no solo exige aceptar y respetar las diferencias, sino también valorar y educar al conjunto de la ciudadanía en los principios de la convivencia entre personas procedentes de varias culturas. La educación, desde este punto de vista, es un soporte especialmente importante para proyectar modelos de sociedades multiculturales, de una forma justa y sana. Mucho camino tenemos que recorrer aún por esta senda.
Al hilo de este asunto, José Luis García, en su texto "Interculturalidad" (inserto en VV.AA.: Diccionario de relaciones interculturales. Diversidad y Globalización, Universidad Complutense, Madrid, 2007, pag. 205) afirma: "Los problemas de la interculturalidad, lejos de concretarse en la coexistencia entre sujetos con diferentes mentalidades, habilidades y prácticas, en los problemas interactivos de comunicación o en la educación para magnificar los valores de todas las culturas, se plasman en las consecuencias sociales de los mecanismos existentes en los Estados nacionales para acoger, reconocer, dar derechos y exigir deberes de ciudadanía a los individuos que conviven en su territorio, sin que la naturaleza del origen les discrimine en la vida social". Un verdadero proyecto de interculturalidad ha de tomar como pilar fundamental la erradicación del racismo, fundamentado en una crítica al etnocentrismo, ya que en caso contrario, no cuestionaremos las propias estructuras de desigualdad provocadas, en este caso, por la procedencia o la etnia. Pero no solo ha de quedarse en esto: ha de abarcar también políticas de convivencia, políticas de integración, políticas de derechos, políticas de reconocimiento, políticas de discriminación positiva, políticas laborales, políticas sociales, políticas educativas, etc. El peor signo de que somos incapaces de diseñar buenas políticas de interculturalidad es el alto índice de rechazo social hacia la población inmigrante y refugiada, especialmente cuando su situación de clase es desfavorecida. Y los paneles luminosos donde todo este odio y rechazo al extranjero se manifiestan es en el ideario aberrante de los partidos políticos de la ultraderecha, que desgraciadamente, resurgen tanto en el contexto del viejo continente como en las políticas de la Casa Blanca. Según los datos del informe "Evolución del racismo y la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia en España" de 2013, el 72% de la población española considera "elevado" o "excesivo" el número de inmigrantes en España, mientras que solo el 23% considera que este número es "aceptable", y el 1% "insuficiente". Además, el 40% está "muy de acuerdo" o "más bien de acuerdo" con que un extranjero que sea parado de larga duración sea expulsado del país, y un 47% piensa que los españoles deben tener preferencia en el acceso a la atención sanitaria. Asímismo, un 66% de la población considera "muy aceptable" o "bastante aceptable" que a la hora de contratar a un trabajador, tenga preferencia un español antes que un inmigrante.
Como podemos apreciar, tenemos aún mucho que trabajar en las políticas de inserción, tolerancia e interculturalidad (además de en políticas de ayuda al desarrollo, como destacábamos al comienzo). Y muy en relación con estas políticas, hemos también de reducir la muy abultada cifra de delitos de odio que se cometen en nuestras sociedades. Los informes de la Red Europea de Información sobre Racismo y Xenofobia contabilizan unos 4.000 casos de agresiones racistas al año en nuestro país. Según sus estimaciones, cada día al menos 10 personas sufren una agresión física o verbal por motivos de raza, etnia o nacionalidad (no están contabilizados aquí las agresiones por homofobia, sexismo o aporofobia, que contabilizarían un capítulo aparte). Los programas informativos diarios, con bastante frecuencia, nos dan cuenta de agresiones de este tipo. Son síntomas evidentes de una sociedad enferma de racismo e intolerancia, que no está preparada para recibir ni para integrar y convivir de forma civilizada con personas extranjeras, o procedentes de otras culturas. Arturo Borra, un autor bastante especializado en estos asuntos, le dedica (entre otros muchos) este artículo al asunto de la interculturalidad, que estamos tomando como referencia. Nuestro país, como otros muchos, necesita sumergirse ampliamente en una pedagogía de la interculturalidad, que nos enseñe a fabricar correctamente las alteridades necesarias para comprender y asimilar este fenómeno. Una verdadera política interculturalista "apuntaría a la construcción de condiciones igualitarias en una sociedad culturalmente plural" (en palabras de Arturo Borra), y necesita de la creación de espacios de comunicación, participación y decisión inclusivos. Una sociedad plenamente intercultural debe intervenir en los mercados de trabajo, en los procesos de discriminación racista, en las políticas de inclusión de todos los colectivos culturales en las instituciones públicas (incluyendo el sistema educativo), y en la construcción de un relato discursivo de las migraciones correcto y justo en los medios de comunicación, entre otros planos fundamentales.
Con todos estos mimbres, solo bajo una sociedad plenamente intercultural será posible instalar el concepto de "Ciudadanía Universal", como expresión que resume la capacitación y madurez social para abarcar todos estos campos con éxito. Sin embargo, a años luz de este deseado panorama, hoy día asistimos a un discurso agresivo que identifica la inmigración como una amenaza, no solo a un nivel laboral, sino también en los planos identitario y de seguridad. Todo un discurso de hostilidad hacia los migrantes es desplegado sin el más mínimo reproche social, lo cual es indicativo de nuestra podredumbre en estos asuntos. La capitana del barco "Sea-Watch 3" ha sido detenida por desembarcar a varias decenas de migrantes en el puerto de Lampedusa, y curiosamente, el más bravo y agresivo discurso contra ella ha sido vertido por el propio Ministro del Interior italiano, Mateo Salvini. Pero no solo él: mientras desembarcaba y era detenida por "tráfico de inmigrantes", había personas que se habían acercado hasta el puerto para gritarle que "quién era ella para llegar con todas esas personas a su país". La situación es lamentable, indignante, perversa. Nuestra educación en valores interculturales es nula. La brutalidad, insensibilidad e ignorancia de nuestros dirigentes políticos son fiel reflejo de hasta dónde llegamos como sociedad en la asunción de valores interculturales. Hay razones sobradas para afirmar que los obstáculos institucionales para una política intercultural son recurrentes, y de carácter estructural, y que no conseguiremos avanzar hasta no desplegar todos los recursos necesarios para convertirnos en sociedades de acogida, de integración, de amistad, de cooperación, plenamente interculturales. Han de ser desechadas las actuales "políticas de identidad", que magnifican nuestra cultura y nuestros valores en detrimento de los demás, que se limitan a reclamar, por mera caridad humanitaria, sistemas de "cuotas" o "cupos" para la recepción de personas extranjeras pobres. Nuestra responsabilidad humana ante los otros no puede ser ignorada. La historia no nos absolverá de ello. Baste recordar para ello la consabida consigna de que "ningún ser humano es ilegal". Continuaremos en siguientes entregas.