Arquitectura de la Desigualdad (152)

Precisamente vamos a basarnos a continuación en el Informe de Ecologistas en Acción cuya portada hemos añadido como imagen de entradilla, en primer lugar a través de un doble artículo de Cecilia Sánchez, miembro de dicha organización, aparecido en el medio El Salto Diario. Desde hace varias entregas atrás venimos insistiendo (porque pensamos que es una condición nuclear y básica para solucionar el problema de la pobreza energética) en la necesidad imperiosa de declarar el derecho a la energía como derecho humano fundamental. Este enfoque es esencial para producir los cambios necesarios, ya que "analizar la pobreza energética desde un enfoque de derechos humanos permite poner el foco no en las carencias y las necesidades de las personas que la padecen para que el Estado las satisfaga, sino en los resultados de las medidas adoptadas por los titulares de las obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos esenciales de las personas. Se trata de garantizar tales derechos de tal forma que en caso de no cumplir con el mandato puedan ser reclamados jurídicamente por sus titulares" (Cecilia Sánchez). En efecto, el cambio que provocamos es abismal si lo enfocamos de esta forma. Pondremos un ejemplo: extrapolado al ámbito de la Renta Básica Universal (RBU, de la que hemos dado amplia cuenta en el anterior bloque temático), es justo la misma diferencia que existe entre ésta y los múltiples subsidios condicionados para pobres que existen por los diferentes territorios. Es decir, mientras que para que se conceda un subsidio de este tipo las personas han de pelearse con las Administraciones Públicas para demostrar su pobreza, la RBU asume esta renta como un derecho de ciudadanía, y lo integra sin más en su catálogo de servicios y derechos públicos y universales. Igual ocurre con la energía: si conseguimos que actúe a nivel de derecho humano fundamental, el suministro estará garantizado, ya seamos los más ricos o los más pobres de la sociedad. Lo que ocurre es que hasta ahora, debido a la ola de neoliberalismo desatada desde la década de los años 80 del pasado siglo, los Estados han sido bastante reticentes a recoger en sus ordenamientos jurídicos unos derechos que implican obligaciones exigibles por la ciudadanía.

Pero en muchos casos llegamos a contradicciones absurdas, pues por ejemplo, sin derecho a una vivienda digna difícilmente se pueden lograr las libertades que propugna el primer gran catálogo de derechos humanos, por ejemplo el derecho a la intimidad. En entregas anteriores hemos explicado la fundamentación teórica que la Constitución CE1978, los marcos normativos y tratados internacionales y la propia Unión Europea ofrecen para enmarcar ahí el reconocimiento de la energía como un derecho humano fundamental. ¿Por qué no se hace efectivo, pues? Pues por la misma razón de siempre: falta de voluntad política. Y por tanto venimos a desembocar donde siempre: arquitectura de la desigualdad. Una arquitectura social, política, económica y cultural al servicio del incremento de las desigualdades prima en nuestro país y en la inmensa mayoría de los países del planeta, es decir, y volvemos a recalcar por enésima vez, no es una desigualdad natural, no es una desigualdad espontánea, no es una desigualdad improvisada, no es una desigualdad imposible de desmontar: es una desigualdad fabricada, potenciada, exaltada y preservada por las grandes élites que nos gobiernan, por las propias directrices del neoliberalismo como doctrina casi de fe política, y una desigualdad proyectada y perpetuada, al menos mientras no tengamos el honor de ser gobernados por personas honradas, justas, humanas y valientes. Si el derecho a la energía se reconociera como derecho humano fundamental, ello implicaría, de entrada, que deberían existir agencias públicas encargadas de su suministro de forma universal e incondicional, y claro, eso haría perder muchos enteros de valor en bolsa para miles de accionistas que hoy día engordan sus bolsillos por el incremento del poder que todas estas empresas privadas poseen. De hecho, podemos afirmar que el sector eléctrico en nuestro país es un claro paradigma del control capitalista sobre un sector de producción estratégico. Siguiendo a David Pineda en este artículo para la versión electrónica de Mundo Obrero, hay que resaltar que la Exposición de Motivos de la Ley 54/1997 mostraba ya en dicha época la voluntad de que el Estado se inhibiera de la intervención en un sector estratégico como el energético. 

Dicha evolución ha ido in crescendo, de tal forma que hoy día el Estado ha perdido completamente su capacidad de intervención pública en este sector, y ya no es capaz de garantizar el suministro eléctrico a una parte de la población. Es justo lo que ocurre cuando la gestión y materialización de los derechos se transfieren a empresas privadas: dejan de ser universales, y comienzan a primar los beneficios privados sobre los intereses públicos. Bajo ese falaz disfraz de la "liberalización", se esconde un peligroso monstruo que la propaganda capitalista nos vende como algo muy bueno y positivo, abriendo el servicio a la competencia del mercado (lo cual tampoco es cierto, ya que lo que tenemos en realidad es un oligopolio), abaratándolo y mejorando la eficiencia. El dogma neoliberal pone mucho empeño en que nos creamos todas estas patrañas, y como dispone de un aparato de propaganda tan poderoso, al final, si no lo contrarrestamos, cala en la mentalidad de las mayorías sociales, y acaba por imponerse. Pero como estamos demostrando, la realidad es muy distinta: lo que ha ocurrido es que el suministro ha dejado de ser universal, ha perdido calidad, los precios de la electricidad han aumentado escandalosamente para aumentar la riqueza de unos pocos, y además se ha reducido personal, oficinas y servicios, contribuyendo al desempleo y a la precarización laboral. Toda una transferencia de fondos desde el sector público al privado, contribuyendo a socializar las pérdidas y a privatizar las ganancias. Es la misma ecuación neoliberal que se aplica a cualquier sector que sufra este proceso. Lo que hay que hacer, por tanto, para desmontar esta peligrosa deriva y revertir esta arquitectura de la desigualdad, es volver a recuperar la concepción de servicio público en el sector, lo que implica luchar por consolidar un modelo de Estado que garantice una vida digna para el conjunto de la población, y ello pasa por impedir categóricamente los cortes de suministro eléctrico para todas aquéllas personas y familias que no puedan hacer frente a las costosas facturas de este perverso oligopolio. Pero además, nuestro Estado ni siquiera tiene participación en ninguna de estas empresas, pero en cambio sí están participados otros Estados extranjeros, como el italiano, el Qatarí, el noruego, el argelino, y varias empresas estadounidenses. Al contrario de lo que ocurre en Alemania, Francia o Italia, España carece de capacidad de intervención sobre las grandes compañías eléctricas. 

Hace falta voluntad política para acabar de una vez con la pobreza energética. Para ello, las medidas principales son bien sencillas, y se podrían resumir en las siguientes: 1) Prohibición de los cortes de suministros básicos a hogares en situación de vulnerabilidad. 2) Recuperar los 3.500 millones de euros que deben las compañías eléctricas al Estado y al pueblo español, a causa del montaje del llamado "déficit tarifario". 3) Prohibición de las puertas giratorias, para que los Ministros dejen de ser comisionistas de las grandes eléctricas, construyendo sus políticas como un sistema de favores y privilegios. 4) Auditar los costes de la electricidad y acabar con los abusos tarifarios. Medida ésta última que implica intervenir públicamente el mercado energético, que quizá es el desafío más importante que tenemos en esta materia. Porque de hecho, todas esas medidas podrían confluir en una sola, que no es otra que nacionalizar las compañías eléctricas con mayoría de capital público, para que sean devueltas al patrimonio social, como bien común, público y de todos, del conjunto de la ciudadanía, indemnizando únicamente a los pequeños accionistas en dicha operación. Ni que decir tiene que la vuelta de las compañías eléctricas al control público y a propiedad social no sólo acabaría con las prácticas aberrantes que dichas empresas llevan a cabo hoy día, que contribuyen a profundizar las brechas y desigualdades sociales, sino que además llevaría al campo energético (uno de los derechos humanos básicos) la justicia social. Mientras esto no se lleve a cabo, continuará la pobreza energética, continuará la arquitectura de la desigualdad, continuarán las subidas de la luz, continuarán los escandalosos sueldos de los directivos de estas compañías, continuarán las puertas giratorias facilitando a los políticos retiros de oro (después de haber favorecido los intereses de estas grandes transnacionales), y continuará el mercado eléctrico desbocado. Nos seguirán diciendo que la culpa la tienen la sequía, el clima, el precio del petróleo, la transición ecológica, los costes de la producción y distribución, los impuestos, y un largo etcétera de excusas y pretextos para ocultar la realidad. Y la verdad es que este suministro no puede estar al arbitrio de intereses privados, sino del control y garantía universales de un servicio público, en correspondencia con un derecho humano fundamental.

Y mientras, como nos cuenta Javier Ginsanz en el Blog "Economía a lo claro", las subidas mensuales e interanuales son constantes. Javier Ginsanz nos explica muy bien en su artículo las características de este mercado "de locos", donde cada tipo de electricidad se ofrece a su precio y a cada hora del día se fija un precio que es el de la electricidad más cara. Todo una tómbola eléctrica al servicio de los más poderosos, un sistema demencial y absolutamente antidemocrático para un bien de primera necesidad. Un negocio redondo y miserable, donde los gestores de estas empresas privadas y sus accionistas aumentan sus beneficios con la precariedad y el sufrimiento de las clases populares. Javier Ginsanz nos pone un símil muy ilustrativo en su artículo: "Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y la pagáramos a precio de chuletón". Y añade que, según la estimación del experto Jorge Fabra, los españoles hemos pagado 20.000 millones de euros de más a las eléctricas, solo entre 2005 y 2015, debido a este injustificable sistema de precios. La existencia de este oligopolio, además, incentiva el fraude, como se ha podido comprobar en diversas multas impuestas a estas compañías durante los últimos años por acordar entre ellas sistemas de precios y anular así la competencia. Son empresas que están acostumbradas a manipular el mercado en su beneficio, y a diseñar mil maniobras para obtener mayores beneficios a costa de los sufridos "consumidores". Además, este oligopolio produce una energía muy contaminante. Es llamativo, en este sentido, que las cinco grandes eléctricas (Endesa, Naturgy, Iberdrola, EDP y Viesgo) fueran responsables de la emisión del 17% de todos los gases de efecto invernadero (GEI) emitidos en España durante 2016, según el Observatorio de la Sostenibilidad. Un mercado que obedece a oscuros algoritmos, poco transparente y sujeto a factores descontrolados se podría aplicar a un bien de lujo, pero jamás sería lícito aplicarlo a un suministro básico y fundamental para la vida de las personas. Por si todo ello fuera poco, hasta un 40% de la factura eléctrica refleja una serie de costes que nada tienen que ver con el coste directo de producir la electricidad y suministrarla, y que sólo sirven para engordar aún más los beneficios de estas grandes compañías. Continuaremos en siguientes entregas.