Blog de Rafael Silva. Presenta artículos de opinión basados en la actualidad política, cultural y social.
La corrupción se puede entender como el abuso de confianza por parte de individuos u organizaciones (públicas o privadas) en actividades políticas, empresariales, sindicales, culturales o de cualquier tipo que benefician directa o indirectamente a una persona o a un grupo en detrimento de la comunidad que depositó en ellos –en la función y obligaciones que debían desempeñar– su confianza. La corrupción es la expresión del predominio de una lógica particularista sobre la prosecución del bien común. Allí donde terminan por imponerse las redes clientelares y el manejo arbitrario y fraudulento de los recursos de todos, resulta quimérico pensar que pueda florecer la democracia
La corrupción es el cáncer de una democracia, quizá el factor que en mayor medida contribuye a su descrédito, a su decadencia, a su perversión. El punto de inflexión ocurre cuando de alguna manera los comportamientos y visiones corruptas se normalizan. Veamos algún ejemplo reciente: Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel del PP, aseguró en sede judicial que solo hizo en el sector público lo que todo el mundo hace en el sector privado. Se refería en concreto a los cohechos y a las dádivas. Es decir, llega un momento en que, cuando se instalan en el sector público las mismas prácticas, filosofías y objetivos que en el sector privado, en definitiva, las mismas dinámicas de actuación, pervirtiendo la propia esencia de lo público, la corrupción, como una práctica más, quizá como la práctica por excelencia, se instala también en dicho ámbito con total naturalidad. De hecho, el señor Correa declaró que a él nunca le había constado que lo que hacía fuese delito. Y como afirmábamos también en la última entrega, la corrupción tiene un coste, pasa una factura social. Se calcula en miles de millones de euros la cantidad saqueada por la corrupción de empresarios y políticos sin escrúpulos (corruptores y corruptos), cantidades todas ellas procedentes de los recursos públicos, que son de todos, que son bienes comunes, pertenecientes al conjunto de la ciudadanía, dinero que podría haberse invertido en escuelas, en hospitales, servicios sociales, atención a la dependencia, prestaciones por desempleo, violencia de género, o cualesquiera otras partidas sociales. La corrupción va minando la confianza, y llega a provocar lo que Jesús García Gualdras ha denominado como "el destrozo de la cultura de la honestidad". Este autor envió una carta al medio digital Rebelion el 16 de febrero de 2016 con dicho título, y cuyo contenido vamos a comentar a continuación. García Gualdras expone que "los representantes políticos se acaban constituyendo en cártel de los intereses que se presentan a las elecciones, y gracias a las redes clientelares que van organizando, con la complicidad de las empresas de medios de comunicación, que son parte de la misma trama, consiguen instalarse en los centros de influencia".
Establecidos estos "conseguidores" en los despachos públicos, toda una red de empresas se organizan para beneficiarse directa o indirectamente de sus decisiones. A cambio, estas empresas suelen dar puestos de trabajo y prebendas a las personas del entorno de los políticos a su servicio, es decir, los mismos que les han proporcionado suculentos contratos. Y así, este tipo de relaciones ilícitas acaba convirtiéndose en el modo de funcionar común, asimilándose por el conjunto de la ciudadanía como "lo normal". Se acaba internalizando, como algo "natural", que el empleo público y las condiciones de vida dependen de esta forma de entender la política y las empresas, es decir, el mundo en última instancia. García Gualdras prosigue: "Las relaciones políticas, económicas y sociales se pervierten por las zancadillas y codazos (legales o ilegales) que "naturalmente" todos han de dar para colocarse en algún lugar de esta tela de araña, y se produce (ya se ha producido) el destrozo de la cultura de la honestidad, tan funcional para enmascarar, o incluso justificar, el repugnante saqueo de los mencionados en primer lugar [se refiere a los empresarios], los cuales se han constituido en jefes de unos oligopolios, convertidos descaradamente en peajes privados (bancarios, energéticos, industriales, comerciales, farmacéuticos, alimentarios...) que nos desahucian, nos precarizan y nos humillan, con nuestro "consentimiento y nuestro beneplácito". El destrozo de la cultura de la honestidad, y de resultas de la solidaridad, a quien perjudica realmente es a nosotros, las clases subalternas y populares". Y así, retribuciones, privilegios, prebendas y jubilaciones tan escandalosas son asumidas por la mayoría social y normalizadas por la ciudadanía. Los directivos cobran al año cientos de veces lo que sus empleados. Se va constituyendo una "deshonestidad legal" (en expresión de García Gualdras) referida a una acumulación de riqueza desmesurada, que convive con la pobreza, desempleo, miseria y exclusión social de una gran parte de la población, porque al mismo tiempo estos personajes son los mismos que dejan a la gente sin empleo, sin electricidad, sin vivienda, sin agua, sin calefacción, sin recursos en una palabra.
Una deshonestidad legal que se reviste de diversas estrategias: nepotismo, puertas giratorias, tráfico de influencias, información privilegiada, enriquecimiento ilícito, y todo un rosario de prácticas inmorales que se toleran de forma descarada. En los casos más graves, algunos delitos son llevados ante los tribunales, pero han prescrito, o bien los absuelven por falta de pruebas, o simplemente, porque "era legal". Un poderoso ejército de abogados, junto a un sistema judicial al servicio de los poderosos, blindan también a la corrupción salvaje. Claro, también los paraísos fiscales son legales, también las SICAV son legales, también la precariedad es legal. En una palabra, la arquitectura de la desigualdad es legal. El sistema la consagra, la perpetúa, lucha para que se extienda, se incremente y se refuerce. Ex Banqueros, ex Ministros, familiares de la Casa Real, políticos y empresarios a cualquier nivel forman toda esta trama organizada, perfectamente formada en la escuela de la corrupción. La corrupción es el espejo de lo peor de esta sociedad capitalista, explotadora y opresora, desigual e injusta, que fomenta la arquitectura de la desigualdad y la miseria donde los ricos son cada vez más ricos, y los pobres lo son cada vez más. Mencionar cada uno de los casos de corrupción de nuestra etapa "democrática" nos llevaría a incrementar nuestro número de artículos en demasía, así que no lo haremos. Creemos que con la radiografía de la corrupción que estamos presentando aquí es más que suficiente para que los lectores y lectoras se hagan una idea, y puedan comprender, como así es nuestro objetivo, que la corrupción es otro elemento que actúa en el mismo sentido que los demás: agrandar la arquitectura de la desigualdad. Otra práctica "legal" pero corrupta en sí misma, es la privatización de empresas públicas, que también aumentan la desigualdad, ya que permiten la subcontratación en condiciones precarias (adelgazando el negocio matriz, lo cual a su vez también les permite reducir la plantilla general), externalizando sus servicios a terceras empresas o a falsos autónomos, y contribuyendo a un incremento de las desigualdades entre los trabajadores de la empresa matriz y los trabajadores de las subcontratas.
Y todo ello, como venimos contando, es absolutamente legal. Las empresas que lo practican están amparadas en la legalidad. La conclusión es evidente: la precariedad y la desigualdad están amparadas por la legalidad. O lo que es lo mismo: la sociedad se pervierte y corrompe porque ampara legalmente la desigualdad. Y la bola de nieve crece y crece, y siguen empujándola desde las élites: salarios millonarios, puertas giratorias, impunidad empresarial, paraísos fiscales, condiciones laborales abusivas, expolio de recursos, financiación de empresas armamentísticas, políticas de austeridad, consejos de administración y directivos millonarios...La lista es interminable. Para conseguir una sociedad igualitaria sería imprescindible aniquilar todos estos mecanismos. Pero...¿no son todos ellos precisamente representantes típicos y dignos del propio capitalismo? Conclusión: El capitalismo es la corrupción, y viceversa. Ambas caras de la moneda se necesitan, al igual que el rico necesita al pobre para aumentar su riqueza. Capitalismo y corrupción se retroalimentan, se condicionan, se complementan. La corrupción es inherente al capitalismo. En 2007 se publicaron las conclusiones de un estudio de investigación muy interesante (referido en este artículo del medio El Salmón Contracorriente), donde se relata que 737 accionistas, lo que representa el 0,123% del total de accionistas del mundo, controlan el 80% del valor de las más de 43.000 compañías multinacionales (en dicho año). Y además, 147 de estos accionistas, el 0,024% del número total de ellos, controlan el 40% del valor total de estas empresas. Es decir, existe una alta concentración del control. Y, lo que es quizá todavía más importante, esos accionistas están fuertemente conectados entre ellos. ¿En qué se traduce todo esto? Pues en que unos pocos grandes inversores internacionales e interconectados controlan toda la economía mundial. O lo que es lo mismo: controlan los Gobiernos y los Estados. Es decir, imponen las decisiones que benefician sus intereses, financiando a los partidos y a sus miembros, sus campañas electorales y sus medidas. Las gigantescas cantidades de dinero de las que disponen son una herramienta del control del mundo, de ese escandaloso poder que nos gobierna en la sombra.
Así mismo, las mal llamadas "políticas de austeridad" (que en realidad son políticas de desigualdad) son otro modo de corrupción, una estrategia encaminada a la "acumulación por desposesión" (expresión creada por el geógrafo marxista británico David Harvey) de las clases populares, y a una transferencia de fondos del sector público al privado. Para ello se inventan unas oscuras y absurdas reglas macroeconómicas, como el asunto de la regla del déficit público. En realidad, se trata sólo de una excusa para acabar con cualquier petición de derechos, y dejar así todo el poder del Estado para la implantación de privilegios capitalistas. Se trata de un sistema de intervención estatal para la desigualdad. Es el Estado, de esta forma, la intervención pública, quien mandata la desigualdad, por eso decimos que se trata de otra forma de corrupción. Y al ser normas impuestas desde instancias supranacionales antidemocráticas (como es en nuestro caso la Unión Europea), también son decisiones corruptas en sí mismas, ya que socavan la soberanía popular, y en última instancia, la democracia. Corrupción y capitalismo forman ese tándem, ese mal sistémico y que sistemáticamente ataca a la democracia. La nueva generación de "piratas de saco y corbata" (en expresión de Rodolfo Bejarano) copan las altas esferas de la política y del mundo empresarial, y entienden el planeta como un objeto de saqueo. Mientras el sistema los legitime, ahí estarán para corromper todo lo que encuentren a su paso, y cuando encuentren amplias barreras, diseñarán otros mecanismos, tales como la nueva generación de los Tratados de Libre Comercio, que dicho sea de paso, no tienen absolutamente nada que ver con el libre comercio. Lo hemos explicado a fondo en su serie de artículos correspondiente, a la que remito a los lectores y lectoras interesadas. El capitalismo ha de buscar por nuevas vías y herramientas lo que no puede obtener de forma lícita, y así recurre a estos instrumentos a su servicio, y los disfraza de algo bonito, que suene bien, que parezca algo muy positivo, y que va a traer muchas ventajas. Pero mientras intentan convencernos de ello, ocultan las negociaciones, impiden las consultas a los textos del tratado, y difunden datos inconexos y falaces. ¿No es todo esto también corrupción? Corrupción y más corrupción. Llega un momento en que, para consagrar y ampliar la arquitectura de la desigualdad, el capitalismo ha de recurrir a ella. No puede funcionar sin ella. Continuaremos en siguientes entregas.