Por una Reforma Educativa para todos (VI)

En el anterior artículo de la serie discutimos la necesidad de dejar claro que la educación concertada no es un derecho constitucional, así como tampoco lo es la aplicación o versionado que la derecha política realiza sobre el supuesto "derecho a la libertad educativa". Precisamente es un asunto que vuelve a estar en la palestra, después de que la actual Ministra de Educación en funciones, Isabel Celáa, se atreviera a insinuarlo en una Conferencia ante asociaciones de enseñanza católica. Por supuesto, le llovieron las críticas desde todos los frentes educativos, tanto privados como concertados, y únicamente obtuvo apoyo desde las asociaciones de la escuela pública. Pues bien, llegados a este punto, nuestra conclusión es clara y cristalina: una Educación pública y laica es una necesidad democrática, tal como sentencia Teresa Galeote en este artículo para la web de Laicismo, cuyo planteamiento seguiremos a continuación. Desde hace varias décadas, precisamente desde que la educación concertada comenzó a extenderse en nuestro país, los ataques a la escuela pública no han cesado. La intención clasista de la derecha es deteriorar la imagen de la escuela pública lo más posible, para fomentar la escuela privada y la concertada (gran parte de la misma en manos de la secta fundamentalista Opus Dei). Teresa Galeote expone: "El debate sobre la Escuela Pública viene de lejos. Durante los años 80, cuando tras la dictadura franquista, el Gobierno de Felipe González afirmaba que los centros privados eran necesarios, ya que pretendía universalizar la educación pública y no había centros educativos públicos suficientes; se dijo que era una medida provisional hasta la construcción de nuevas escuelas públicas. Con dicho argumento, el Gobierno de Felipe González contó con los centros privados existentes, asumiendo los salarios de los docentes y otros gastos generales. Pero lo que supuso una necesidad provisional se ha convertido en norma interesada que ha ido en aumento. Después de más de 30 años, la red concertada cuenta con más de dos millones del alumnado y con 130.000 profesores en los diversos centros concertados; dicha situación es un agravio comparativo hacia las personas que acceden a una plaza en la Educación Pública, a través de una dura oposición. Es necesario recordar que en la escuela concertada regida por el Opus, el profesorado es contratado y despedido por el Obispado, aunque los salarios salen del erario público, lo que es lo mismo, de nuestros impuestos". 

La situación de nuestros vecinos europeos es muy diferente. Su ratio de escuela pública es del 81% (en nuestro país es del 68%, siendo la Comunidad de Madrid la que bate el récord a la baja, con un 49% de alumnado público). Y así, tenemos un Estado como el Español definido como "aconfesional" en nuestra Carta Magna (esa con la que tanto se llenan la boca los partidos que se autodenominan "constitucionalistas") que está impulsando la educación privada concertada con claro predominio de la Iglesia Católica en los conciertos educativos (el 70% van a parar al Opus). En los años 80 se garantizaban plazas suficientes en centros públicos, pero ahora solo se garantiza la existencia de plazas suficientes, sean públicos o concertados. En Madrid, según UGT, entre los años 2000 y 2013, se cedieron 82 parcelas para construir colegios privados, en los barrios de nuevo desarrollo. De hecho, la cesión de parcelas (unida frecuentemente a los procesos corruptos) es un instrumento básico para la privatización de la enseñanza pública. Conclusión: más escuela concertada en manos de la Iglesia, ya que tan solo un pequeño porcentaje va a parar a cooperativas. El desmantelamiento de la escuela pública es una agresión que no podemos aceptar, pues socava la democracia y es un claro elemento de segregación, de clasismo y de elitismo. Es un ataque contra uno de los derechos fundamentales, éste sí, recogido en la Constitución. Y como decimos, la Comunidad de Madrid es punta de lanza en este fenómeno: según los datos que aparecen en la web oficial de esta Comunidad, en el año 2009 se destinaron 793,31 millones de euros para conciertos educativos, y en los presupuestos de 2018 que firmaron PP y Ciudadanos alcanzaron la cifra de 1012 millones de euros. Y la guinda del pastel son los descuentos fiscales que el gobierno de Madrid destina a las familias que lleven a sus hijos a la escuela privada. Se calcula que la cifra asciende a 90 millones de euros. Por su parte, el sindicato CC.OO. denunció que el gobierno madrileño ha reducido el 22% de la partida para la gestión de infraestructuras educativas públicas. En su opinión, lo más triste de esta gestión de los recursos es que los resultados escolares de los últimos cursos en Madrid se han situado por debajo de la media, y ya están por debajo de los datos obtenidos en el año 2000. 

Otro dato ilustrativo es que el fenómeno del fracaso escolar se concentra en las zonas más pobres, justamente donde los recursos económicos para la escuela pública están siendo reducidos. Sindicatos y asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas han denunciado que se han eliminado aulas de enlace para adaptar a escolares inmigrantes, y que en toda la Comunidad de Madrid ya solo quedan cinco grupos de bachillerato nocturno para los estudiantes que trabajan. En el fondo de este planteamiento aberrante, lo que subyace es la intención manifiesta de adelgazar la educación pública a costa del crecimiento de la privada y la concertada, con el consiguiente aumento de la posibilidad de hacer negocio con un derecho fundamental, como es el derecho a una educación pública de calidad, gratuita, laica y democrática. La trampa del crecimiento de la educación concertada ha sido un plan muy bien urdido y planificado por sus promotores, la derecha política, social y mediática de este país. En Madrid, el número de centros concertados y privados ha superado al de las escuelas públicas: entre privados y concertados hay un total de 1.688, frente a los 1.634 de la red pública. Y tenemos también un dato muy significativo: hace una década, la educación madrileña contaba con un total de 1.028.753 estudiantes, mientras que en la actualidad la cifra ha crecido hasta los 1.195.810. Pero a pesar de haber sumado 167.057 nuevos estudiantes, casi todos ellos (129.937) han ido a parar a centros privados o concertados, la inmensa mayoría de carácter religioso. Al aumento de conciertos educativos en manos de la Iglesia Católica, se suma también (de ello se han encargado las últimas contrarreformas educativas, como la LOMCE) la enseñanza de la religión en la Escuela Pública, por lo que cabe afirmar que estamos ante un "Estado Confesional de Hecho" (en expresión de Teresa Galeote), aunque nuestra Constitución afirme lo contrario. Se trata de una clara usurpación de lo público en beneficio del sector privado, de la mercantilización de la enseñanza, del descarado negocio para unos pocos y de la expansión de la ideología católica. Así pues, ante el ataque sistemático a la educación pública y laica en nuestro país, solo cabe su más firme, valiente y encendida defensa, ya que es uno de los resortes fundamentales de la democracia. Desde la muerte del dictador, los sucesivos gobiernos han privilegiado a la Iglesia y al conservadurismo inspirado en los principios del nacionalcatolicismo de corte franquista. Todos ellos, incapaces de entender los principios de la libertad de conciencia y movidos por el espíritu franquista, están convencidos de que hay que recristianizar a esa parte del pueblo que ha sido pervertida por los ideales de la democracia. 

Porque, digámoslo claramente, financiar públicamente las diversas opciones educativas privadas no está en la Constitución. Sin embargo, hoy día, como destaca Enrique Díez en el artículo de referencia, la derecha conservadora, la ultraderecha, los obispos más reaccionarios, la jerarquía católica en general, y sobre todo, la patronal católica de la enseñanza concertada (que ya ha acaparado el 15% del total del sistema educativo y el 58% de la enseñanza privada-concertada, es decir, financiada públicamente con el dinero de todos) levanta su cabeza aún más, se empodera y anuncia que el nuevo gobierno "bolivariano" PSOE-UP va a cercenar el derecho de las familias, adoptando posturas "radicales", alejándose del pacto constitucional, "engrasando la maquinaria de adoctrinamiento", y "declarando la guerra" a la escuela concertada. Hace falta tener poca vergüenza. Enrique Díez, Profesor de Pedagogía de la Universidad de León y uno de nuestros más grandes expertos en Educación, lo explica perfectamente: "De acuerdo con la Constitución, la educación es un derecho social que los poderes públicos están obligados a garantizar y organizar a través de la planificación general de la enseñanza, la creación de centros docentes públicos y la participación efectiva de la sociedad en su gestión. La "libertad de enseñanza" reconocida por la Constitución Española (Artículo 27), a la que aluden, se concreta en la Carta Magna en la posibilidad de creación de centros privados, con arreglo a una normativa estatal, para el reconocimiento y homologación de sus actuaciones. Pero en modo alguno se contempla en nuestra Constitución, ni en el derecho comparado, la posibilidad de que las familias deban recibir una ayuda pública para elegir entre ambas redes, pública y privada, ni que ésta última deba ser financiada con fondos públicos". El art. 27.3 de la Constitución recoge el derecho de las familias a que sus hijos e hijas "reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", pero no a que ésta formación sea impartida mediante asignaturas específicas del sistema educativo público, o que sea financiada por el Estado. Como decimos, todo responde a una clara ofensiva neoliberal en el campo de la enseñanza, "anclada en la pedagogía del individualismo insolidario, aplicado a la educación" (Enrique Díez). Y por supuesto, los medios de comunicación afines a este planteamiento también se han unido a la carga. Los voceros neoconservadores, al ver atacados sus privilegios en este asunto, se han apresurado a defenderse mediante su incendiario discurso. Empujados además por el auge de la extrema derecha en nuestro país, estamos asistiendo a un rearme ideológico de lo más reaccionario en el campo educativo. Consideran a la educación y al sistema educativo uno de sus cortijos preferidos, por ser uno de los medios fundamentales de producción ideológica y proyección de su control sobre la sociedad. Cuestionar sus privilegios en el mundo educativo es, para ellos, declararles la guerra. 

Actualmente, por tanto, estamos ante un relanzamiento de la reconquista nacionalcatólica en las aulas, que debemos revertir mediante una reforma educativa para todos. La derecha de este país tilda de adoctrinamiento todo el que no sea el suyo. Son demasiados años permitiéndoles hacer de su capa un sayo en la enseñanza, que ahora es muy difícil volver a situar los parámetros de la educación en sus términos democráticos. Está claro que cada persona es libre de ser o no religiosa, pero las políticas educativas (y las instituciones públicas en general) deben mantenerse al margen de creencias y opciones personales. Es imprescindible separar el saber de la fe, los conocimientos del dogma, la ciencia de las creencias, la política de la religión, el Estado de las Iglesias, para poder garantizar la libertad de conciencia y posibilitar la convivencia entre quienes no tienen las mismas convicciones religiosas. No podemos imponer ni difundir, a través de una institución pública, asignaturas dedicadas a las creencias particulares de un grupo social o religioso determinado, sea del tipo que sea, con el agravante de que muchas de estas creencias son cuestiones de fe que incluso son contrarias a los derechos humanos (discriminación de la mujer o de los colectivos homosexuales, por ejemplo) y al conjunto de valores democráticos por los que una sociedad justa debe regirse. Todas las religiones, incluida la católica, deben ocupar el lugar que les corresponde en democracia: la sociedad civil, no la escuela. Los espacios adecuados para cultivar y expresar la fe son los lugares de culto (iglesias, templos, catedrales, parroquias, mezquitas, sinagogas...). Nosotros, desde la izquierda transformadora, proponemos una Reforma Educativa inspirada en un modelo laico, que respete la libertad de conciencia del alumnado, eduque sin dogmas obsoletos (muchos de ellos irracionales y contrarios a la ciencia y a los derechos humanos), y se elimine toda forma de adoctrinamiento religioso en los contenidos y currículos escolares. Bien, pero esto...¿qué supone en la práctica? Pues evidentemente, y siguiendo este otro artículo de Enrique Díez para el medio Publico, derogar de facto los acuerdos preconstitucionales con el Vaticano y con otras confesiones religiosas, que cualquier religión de carácter confesional quede fuera del currículo y del ámbito escolar; la desaparición de todos los actos y la simbología religiosa de los centros escolares y de los espacios públicos educativos; la eliminación de todo procedimiento administrativo (por ejemplo, la matriculación) que obligue a manifestar las creencias o ausencia de ellas, en cumplimiento del artículo 16 de la Constitución; no someter el calendario escolar al calendario litúrgico, tendiendo a una distribución más equilibrada de los tiempos y descansos escolares; y la eliminación de la asignatura de Religión en las Facultades de Educación, en la formación inicial y en la formación permanente del profesorado. Continuaremos en siguientes entregas.