El Genocidio Palestino (30)

Otro aberrante hito alcanzado por la sociedad israelí ha sido, en el año 2017, aprobar el proyecto de ley que define a Israel como "hogar nacional del pueblo judío", es decir, el establecimiento de un Estado-nación judío. La idea es completamente irracional: consiste en llevar el fundamentalismo religioso hasta su máxima expresión, definiendo a Israel como el Estado que pertenece exclusivamente a todos los judíos del mundo, sin tener en cuenta la población real que allí existe. Es como si en España nuestro Gobierno declarara el "Estado cristiano", definiendo a nuestro país como la nación de todos los cristianos del mundo. Hagamos por un momento dicho ejercicio mental de imaginación...¿vemos el alcance del mismo? ¿Observamos su patetismo y su irracionalidad? Esta ley revoca el árabe como lengua oficial en Israel, a pesar de que es la lengua materna de 1 de cada 5 ciudadanos israelíes. La población de Israel incluye actualmente a 1,7 millones de palestinos. Dicha legislación, siguiendo este artículo de Jonathan Cook, afirma que los judíos del mundo tienen un derecho "único" a la autodeterminación nacional en Israel, y pide al Gobierno fortalecer aún más los lazos con las comunidades judías fuera de Israel. También aumenta los poderes de los llamados "Comités de Admisión" que en la práctica impiden a los ciudadanos palestinos vivir en cientos de comunidades, controlando la mayor parte del territorio israelí. Según esta ley, únicamente el hebreo es lengua oficial en Israel, y a la lengua árabe se le concede solo un "estatus especial". Antes de la publicación de esta ley, los ciudadanos palestinos residentes en Israel ya se quejaban de que la mayoría de los servicios públicos y los documentos oficiales no se extienden en árabe. El objetivo de la ley, por tanto, no es otro que retratar y consolidar el profundo racismo institucional que existe en Israel, normalizarlo aún más, y darle un soporte legal que aún no poseía. Con ello contribuyen igualmente a que la realidad del apartheid se vuelve legal e irreversible. 

De hecho, la mayoría parlamentaria israelí siempre ha negado que exista un pueblo indígena (el palestino) viviendo en su tierra natal, pero esta ley consagra definitivamente los "derechos de superioridad" de la población judía sobre la población palestina. No obstante, como decimos, la ley actúa sobre un soporte social que ya practicaba esta situación, ya que desde su fundación en 1948 Israel se ha definido como el Estado del pueblo judío, en lugar del Estado para todos los ciudadanos del país, incluyendo a su minoría palestina. Desde entonces, se han publicado decenas de leyes que discriminan de facto a los ciudadanos palestinos. Por ejemplo, la Ley de Retorno de 1950 solo permite la acogida de judíos de otras naciones en Israel, y el derecho de éstos a recibir los plenos derechos de ciudadanía. La ley consagra y hace explícita como ley fundamental el hecho de que todos los judíos, incluso aquellos que no son ciudadanos israelíes, tienen en Israel derechos superiores a los de los ciudadanos palestinos. Por otra parte, las autoridades israelíes admitieron el pasado año (2019) el objetivo real del asedio inhumano de 13 años sobre Gaza. Todo forma parte, como venimos explicando, del interés supremo de expulsar a los palestinos de su tierra. De hecho, llegaron a reconocer que Israel está dispuesto a ayudar a los palestinos a abandonar Gaza, siempre y cuando no vuelvan jamás. Todo obedece a la campaña "más tierra, menos árabes" llevado a cabo por las hordas sionistas para expulsar y desplazar a los pueblos indígenas de Palestina que aún habitan en su tierra. Sin embargo, la realidad palestina es obstinada: alrededor de 2/3 de los palestinos de Gaza son refugiados, cuyos abuelos y abuelas fueron expulsados por Israel de sus aldeas primitivas en 1948, por lo cual resisten y resistirán. De hecho, como cuenta Ahmed Abu Artema en este artículo, en 1948, cuando Israel estableció su Estado, las bandas sionistas perpetraron más de 70 masacres contra los palestinos que entonces habitaban dichas tierras, destruyeron más de 530 pueblos y ciudades, y mataron al menos a 15.000 palestinos. Más de 750.000 palestinos se vieron obligados a huir, lo que permitió que Israel controlara el 78% de las tierras palestinas. 

Según los datos de la ONG B'Tselem, entre 1967 y 2017, Israel ha establecido más de 200 asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, ubicando allí a unos 620.000 colonos. Otro asunto a destacar es la indecente y sistemática tortura que la población palestina reclusa sufre en las cárceles israelíes. Yara Hawari lo documenta ampliamente en este artículo, al que nos remitimos. Hawari explica: "Nada de todo esto es nuevo. Desde el establecimiento del Estado de Israel en 1948 la Agencia de Seguridad de Israel (ISA, por sus siglas en inglés) ha torturado sistemáticamente a las personas palestinas por medio de diferentes técnicas. Y aunque muchos países han incorporado a su legislación nacional la prohibición de la tortura (a pesar de lo cual sigue siendo una práctica extendida con el pretexto de la seguridad nacional), Israel ha tomado un rumbo diferente: no ha aprobado una legislación nacional que prohíba el uso de la tortura, y sus tribunales han permitido el uso de la tortura en casos de "necesidad", lo que ha dado carta blanca a la ISA para utilizar la tortura de forma generalizada contra las personas presas políticas palestinas". De esta forma, la práctica de la tortura está arraigada en el sistema penitenciario israelí, es sistemática y está legalizada por medio de varias leyes nacionales. Y aunque las organizaciones palestinas de derechos humanos presentan regularmente reclamaciones a las autoridades israelíes por estos asuntos, raramente reciben respuesta, y cuando la reciben a menudo es para informar que se ha archivado el caso en cuestión por falta de pruebas. De hecho, desde el año 2001 se han presentado 1.200 reclamaciones contra los servicios de seguridad israelíes por torturas, pero nunca se han procesado sus responsables. Y así, cada año el sistema penitenciario militar israelí detiene y encarcela a miles de presos y presas políticas palestinas. Desde el inicio de la ocupación de Cisjordania y Gaza, y el establecimiento de la ley marcial en estas zonas, Israel ha detenido a más de 800.000 palestinos/as, el equivalente al 40% de la población masculina o a una quinta parte del conjunto de su población. La legislación israelí también permite al ejército mantener presa a una persona hasta 6 meses sin cargos, según un procedimiento conocido como detención administrativa.

Además, este período se puede prolongar indefinidamente y mantener "secretos" los cargos. Por consiguiente, se puede alcanzar una situación absolutamente surrealista, donde ni las personas presas ni sus respectivos abogados saben de qué se les acusa o qué pruebas se poseen contra ellas. El último día del período de dichos 6 meses se informa a la persona presa si va a ser liberada o si por el contrario su detención se va a prolongar. Todo este procedimiento ha sido calificado por la Asociación de Apoyo a las Personas Presas y de Derechos Humanos Addameer como de tortura psicológica. Por su parte, los niños y niñas palestinos no se libran de la terrible experiencia del encarcelamiento y la tortura en el sistema penitenciario israelí, y casi siempre se les niega la presencia de la tutela paterna durante los interrogatorios. Los adolescentes palestinos mayores de 16 años son juzgados como adultos, lo que contraviene lo estipulado en la Convención de los Derechos del Niño. De hecho, Israel detiene, encarcela y procesa a entre 500 y 700 niños y niñas palestinas cada año. A fecha de diciembre de 2019 había 5.000 personas presas políticas palestinas, entre las que se incluían 190 niños y niñas, 43 mujeres y 425 personas encarceladas en detención administrativa. La mayoría de estas personas han sido sometidas a alguna forma de tortura. Para la población palestina la tortura no es sino otra faceta más de la violencia estructural a que se ve sometida por parte del régimen israelí, que la tiene atrapada en una prisión a cielo abierto y le priva de sus derechos fundamentales. Es, además, una faceta que recibe poca atención por parte de la comunidad internacional, por lo general debido a que las autoridades israelíes utilizan los argumentos de la seguridad del Estado, reforzados también por el relato de la "guerra contra el terrorismo". En 2009 Israel estableció la figura de un tribunal militar juvenil para procesar a niños y niñas palestinas menores de 16 años. Es el único país que lo hace. Según UNICEF, utiliza las mismas instalaciones y el mismo personal que en los tribunales militares para personas adultas. 

Israel argumenta para todo ello razones espurias. Según la ONG B'tselem: "Israel argumenta que no está sujeto al derecho internacional de los derechos humanos en los Territorios Ocupados ya que oficialmente no es territorio israelí soberano. Y aunque es cierto que Israel no es soberano en los Territorios Ocupados, esto no merma su deber de respetar las disposiciones internacionales relativas a los derechos humanos. Los juristas internacionales discrepan con la postura de Israel, que también ha sido rechazada repetidamente por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y todos los Comités de la ONU que supervisan la aplicación de las diversas convenciones de derechos humanos. Estos organismos internacionales han afirmado una y otra vez que los Estados deben respetar las disposiciones de derechos humanos ahí donde ejercen un control efectivo". Otro asunto más, y ya hemos perdido la cuenta, donde Israel despliega toda su violencia estructural e institucional, donde la potencia sionista hace gala del desprecio que le merecen todas las vidas de los palestinos, y donde se vuelve a burlar de la legalidad internacional. La impunidad de la entidad sionista es, nos atreveríamos a decir, casi absoluta. Es necesario que la sociedad civil y la comunidad internacional apoyen activamente a quienes trabajan para ayudar a las víctimas de la tortura. Todos los Estados signatarios de los Convenios de Ginebra deben presionar en este sentido para cambiar esta terrible realidad, y conseguir que Israel erradique la tortura hacia la población palestina. Y por supuesto, al más alto nivel, la Corte Penal Internacional tiene la responsabilidad última de hacer rendir cuentas a Israel. Dado que la tortura es un crimen de guerra "jus cogens", está sujeta a la jurisdicción universal, lo que significa que terceras partes ubicadas en cualquier lugar del mundo pueden presentar denuncias penales contra individuos e instituciones por este motivo. Y qué decir tiene que hay que continuar apoyando activamente a todas aquellas organizaciones que trabajan por los derechos del pueblo palestino en los ámbitos nacional e internacional, con el fin de acabar con la naturaleza y la práctica sistemática de la tortura israelí. Continuaremos en siguientes entregas.