Acuerdo Programático para Andalucía (VIII)

Avanzar en Democracia.

Transparencia, Participación Ciudadana y Ética en el ejercicio de lo público.

Avanzar en transparencia es mejorar la relación entre la política y la ciudadanía, es impulsar la capacidad de adoptar medidas que potencien la práctica de un gobierno abierto, donde la participación y la colaboración son esenciales para ganar en democracia. Recuperar credibilidad en la acción política y de las Instituciones democráticas pasa por asumir la ética civil y los valores democráticos en todos los ámbitos, luchar contra la corrupción y hacer política de otra forma, con participación y control de la ciudadanía.

Para posibilitar la participación real y efectiva de los andaluces y andaluzas en la toma de decisiones sobre los asuntos que les afectan, es necesario seguir impulsando fórmulas que trasciendan las simples declaraciones programáticas sin aplicación práctica, y contemplar la participación como eje transversal a toda la acción de gobierno. Para ello:

1.- Aprobaremos una Ley de Participación Ciudadana e Institucional en desarrollo del artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

2.- Aprobaremos una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

3.- Implantaremos en las Administraciones Públicas andaluzas Planes de Evaluación Participativa de las políticas públicas.

4.- Aprobaremos el Estatuto de Altos Cargos de la Junta de Andalucía, con rango de Ley, que contemplará una Carta de Compromiso Ético que deben suscribir todos los cargos públicos, en la que la austeridad y los comportamientos ejemplares, así como la vocación de servicio público, deben distinguir a los cargos de un gobierno progresista.

5.- Aprobaremos la Carta de Derechos de la Ciudadanía que permita a toda la ciudadanía conocer sus derechos y delimitar su alcance.

6.- Desarrollaremos y realizaremos las modificaciones reglamentarias necesarias en torno a un Programa de Parlamento Abierto para mejorar los mecanismos de participación directa en el ámbito parlamentario, siguiendo el camino abierto con la iniciativa escaño 110.

7.- Reforzaremos las medidas de control y supervisión sobre la gestión de lo público, entre ellas las de la Cámara de Cuentas para prevenir posibles actuaciones fraudulentas, o actuar desde un primer momento si se detectan posibles casos de abusos o corrupción, e iimpulsaremos los procedimientos para la restitución de los fondos públicos utilizados de forma fraudulenta.

8.- Modificaremos la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz.

9.- Reformaremos el Reglamento del Parlamento para garantizar la creación de Comisiones de Investigación.

10.- Abordaremos la reforma de la Ley Electoral al objeto de mejorar la proporcionalidad en la representación parlamentaria, a cuyo fin constituiremos un grupo de trabajo que determine las posibilidades y límites de dicha reforma en el segundo período de sesiones.

11.- Aprobaremos medidas de austeridad y planes de control del gasto público para la calidad y la eficiencia de lo público, tales como:

11.1.- Centralización de los gastos de promoción, publicidad, etc., a nivel de las Consejerías, Departamentos, Organismos o Empresas dependientes o vinculadas.

11.2.- Control de la calidad y eficiencia de la contratación pública.

11.3.- Comisión de control y seguimiento del gasto.

Un buen conjunto de medidas se presentan en este apartado, algunas de las cuales merecen unos comentarios, por su gran importancia. Efectivamente, tenemos un deterioro social en todo lo que tiene que ver con la mejora y ampliación de los cauces democráticos, tanto en lo que se refiere al propio funcionamiento de nuestras Instituciones, como en lo tocante a los mecanismos de participación ciudadana. A este respecto, mecanismos tales como el del Escaño 110 (nuevo escaño reservado a la defensa pública por parte de cualquier ciudadano en relación a cualquier iniciativa popular), o el de mejora del procedimiento de las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) me parecen muy interesantes.

Otro frente importante se refiere al de la Ley de Información Pública, que garantizará a toda la ciudadanía el derecho al libre acceso de la información de todos los Organismos y Empresas Públicas, y por último, trascendental es también todo lo que se refiere a los avances para erradicar los posibles comportamientos corruptos de los cargos públicos, sean o no electos, controlando y auditando la acción de gobierno de los mismos, y ofreciendo canales de comunicación, control y participación, para que dichas corruptelas no puedan materializarse en el ámbito de lo público. El compromiso con un Código Ético de Comportamiento es vital, pero no sólo su aceptación por parte de los cargos públicos, sino las capacidades a las que se dote a las Administraciones Públicas para controlar su cumplimiento.

Por último, un par de comentarios en relación a dos asuntos de sumo interés, como son por un lado la reforma de la Ley Electoral, para garantizar una más justa representación parlamentaria en función del porcentaje de voto real de cada coalición política, modificando la injusta distribucón que aplica el algoritmo D´Hont, y por otra parte, lo que se refiere a garantizar que se puedan organizar Comisiones de Investigación con todas las garantías, como la que actualmente se acaba de constituir para investigar el caso de los falsos ERE por parte de la Junta. Comisiones que han de investigar con total independencia, claridad, rigor, transparencia, tiempo y medios, y cuyas conclusiones en su caso deben ser vinculantes en cuanto a la asunción de responsabilidades políticas de los cargos implicados.