Por una Educación Pública a todos los niveles (II)

Retomando desde el artículo anterior de esta serie, donde ya denunciábamos la deriva de recortes en materia educativa de este Gobierno, tenemos que decir que las últimas medidas anunciadas apuntan aún más en la misma dirección: degradar la educación pública precarizando la función docente (mas horario lectivo, menos complementos retributivos, sustitución de bajas a partir del décimo día) y masificando las aulas (brutal aumento del 20% de la ratio alumnado-aula), lo que resulta especialmente grave para la calidad educativa, sobre todo para poder dar respuesta a la diversidad del alumnado y adecuar el proceso de enseñanza/aprendizaje.

Por su parte, el tema de la segregación clasista que pretende el Gobierno del Partido Popular es un tema especialmente espinoso, ya que, como ocurre por ejemplo en el tema de la Sanidad Pública, la dicotomía privada/pública reproduce una polarización por clase social que no es ni justa ni eficiente. Pongamos un ejemplo claramente ilustratativo de lo que decimos. La mejor escuela europea es la finlandesa, tal como señalan los Informes PISA sobre calidad de la educación. Pues bien, en Finlandia la escuela pública es una escuela multiclasista, donde el hijo del banquero y el hijo del empleado de banca asisten al mismo colegio, una situación impensable (o al menos no deseable por el PP) en España. Pero consecuencia de ello, es que el hijo del banquero en España está por detrás que el hijo del empleado de banca en Finlandia. En contra de lo que indican los economistas y políticos neoliberales, las desigualdades dificultan la eficiencia educativa y económica, además de ser tremendamente injustas y excluyentes.

Con estas medidas, no sólo el incremento del fracaso escolar está asegurado, sino que centenares de escuelas públicas serán fusionadas (especialmente en el ámbito rural), para optimizar el aumento de ratios y la caída de plantillas, mientras que los programas de apoyo y refuerzo serán laminados. Sólo desde el más absoluto cinismo de quienes llevan a sus hijos e hijas a centros privados se pueden negar los efectos negativos de estas medidas en la educación pública. Por eso, nosotros pensamos que hay mucha demagogia detrás de lo que se ha venido en llamar "libre elección de centro". Porque en aras de esa supuesta "libertad", con la cual a los dirigentes del PP se les llena la boca, lo que se esconde son privilegios para los padres que lleven a sus hijos a colegios privados.

Pero, ¿porqué se proponen tantos recortes en este servicio público esencial, fundamental, y además, porqué se proponen ahora? Lo que nosotros entendemos es que se hace porque la derecha encuentra en la situación de crisis económica una coartada perfecta para llevar a cabo su política de una forma encubierta. Es decir, tienen muchas ganas de hacerlo, llevan mucho tiempo queriendo hacerlo, porque no creen en la universalidad de todos estos servicios (no sólo Educación, también el resto de servicios públicos básicos, como la Sanidad, la Dependencia, los Servicios Sociales, y no digamos ya el resto de derechos consagrados en la Constitución, tales como el derecho a una vivienda digna, etc.). Pero es ahora más que nunca, con la explosión de esta crisis capitalista, cuando se les aparece la oportunidad perfecta para, tomando la crisis como pretexto, llevar a cabo toda esta poda social, todo este recorte en los derechos ciudadanos.

Por todo ello, desde la izquierda hacemos un llamamiento urgente a todos los sectores de la comunidad educativa y a la ciudadanía en general, para poner en marcha un amplio proceso de movilización permanente, en la calle y en los centros, contra las políticas educativas del PP, que suponen el ataque más grave a la educación pública desde la transición, que nos retrotrae al modelo de escuela decimonónica y que, con la excusa de la crisis, pretende convertir la educación pública en una red subsidiaria y asistencial, dirigida a los sectores mas desfavorecidos o con mayores dificultades de aprendizaje.

Atacar la educación pública es atacar la convivencia y la cohesión social en nuestro país, un ataque a la mayoría social y a las clases trabajadoras que son las principales beneficiarias de su existencia. Por eso, ahora más que nunca, es necesario articular un amplio espacio de confluencia en la defensa de lo público como garante de nuestros derechos sociales, que están siendo acelerada y sistemáticamente atacados. Y de manera especial, en defensa del modelo de educación pública por el que apostamos y al que no estamos dispuestos a renunciar. Defendemos una educación pública gratuita y laica, inclusiva, democrática, coeducadora y de calidad con equidad; una educación pública de y para todas y todos, como única garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, que asegura la igualdad de derechos y la convivencia democrática de personas de distintas procedencias socio-culturales; y por ello, la que mejor contribuye a la equidad y a la cohesión social.

Exigimos una educación pública desde los 0 años, de titularidad y gestión pública, que permita atender las necesidades educativas del conjunto de la población, y con la calidad suficiente para asegurar el derecho a aprender con éxito de todo el alumnado. Que reduzca y no incremente el número de estudiantes por grupo y por profesor; que potencie y no suprima la acción tutorial; que dote de servicios de orientación a todos los centros públicos de Infantil, Primaria y Secundaria; que incorpore nuevos perfiles profesionales, como educadores y trabajadores sociales, mediadores interculturales, etc.; que garantice un sistema integral de becas y ayudas al estudio, así como la gratuidad de los libros o materiales didácticos y de los comedores escolares; que establezca comisiones de escolarización permanentes y centralizadas, para evitar la selección del alumnado por los centros.

Pero también que destierre toda forma de adoctrinamiento, empezando por sacar las enseñanzas confesionales del currículo y la simbología religiosa de todos los centros financiados con fondos públicos. Defendemos una educación que apoye y motive al profesorado, no que le desacredite, acordando un Estatuto de la función pública docente que mejore sus condiciones laborales, que recoja como dedicación lectiva las tareas y funciones que hoy demanda el sistema educativo, configurando claustros estables y estableciendo un cuerpo único del profesorado. Defendemos una formación inicial que combine teoría con práctica en los centros educativos, tutorizada por profesorado cualificado durante todo el

proceso, y una formación permanente en horario laboral que fomente su autoridad profesional mediante la adquisición de estrategias de diálogo y de negociación para resolver conflictos.

Todo esto es imposible con los brutales recortes educativos a nivel estatal y autonómico que se vienen imponiendo. Exigimos que nuestros impuestos no se destinen a rescatar bancos ni a comprar armamento o a financiar a la Iglesia Católica, sino que se dediquen en la cuantía necesaria a financiar los servicios públicos fundamentales, y muy en concreto la Educación Pública, mediante una Ley de Financiación del Sistema Público Educativo que garantice la suficiencia de recursos, hasta alcanzar el 7% del PIB en inversión pública para educación, y así hacer realidad la mejora de la enseñanza pública y el derecho universal a una educación de calidad en condiciones de igualdad. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos e hijas, y el de la sociedad en su conjunto. Continuaremos en el próximo artículo de esta serie, centrándonos en la problemática y los recortes a la comunidad universitaria. También la Educación Superior es objeto de acoso y derribo. Hemos de evitarlo.