El Federalismo como Modelo Territorial y de Estado (VI)

Vamos a tratar en este artículo de la serie que estamos dedicando al Federalismo lo relativo a los Derechos de la Ciudadanía, en el Estado Federal que nosotros proponemos desde la izquierda. Como no puede ser de otra manera, se trata de un tema crucial, fundamental para organizar no sólo una convivencia avanzada, sino también un Estado garantista de todos los Derechos Fundamentales de los ciudadanos/as de todos los territorios federados. El objetivo final, como ya hemos venido comentando en nuestra idea de Federalismo, es conseguir un auténtico Estado Social, Participativo y Solidario. Nuestra actual Constitución se queda en una regulación muy laxa, casi en una enumeración, de dichos Derechos. Nosotros entendemos que una futura Constitución Federal debe no sólo dar cabida y reconocimiento a todos los Derechos Fundamentales, sino además obligar a desarrollar una normativa que los regule y les dé la prioridad necesaria.

Deben figurar aquí todos los derechos de lo que pudiéramos denominar la Ciudadanía Social, concepto que aparece con fuerza para significar la preponderancia de las personas dentro de los sujetos político-jurídicos soberanos. Y por tanto, a modo de un superconjunto del clásico concepto de ciudadanía de un país, pueblo, región o nación, la Constitución Federal define a la Ciudadanía Social como la destinataria del reconocimiento de todos los Derechos, objetivos y subjetivos, individuales y colectivos, ampliando el catálogo de los mismos que la actual Constitución reconoce (Trabajo, Vivienda, Sanidad, Educación, etc.), y extrapolándolo a los Derechos de Subsistencia, Alimentación, o Participación, entre otros. La Ciudadanía Social representa el ente ciudadano por excelencia, en su mayor dimensión, al que se le debe la protección de sus derechos, y la garantía del reconocimiento de los mismos, así como la aplicación de políticas efectivas para alcanzarlos. Pero no de una forma teórica o declarativa, sino de una forma efectiva y formal.

De esta manera, el Estado Federal por el que nosotros apostamos tiene que ser el garante final de la traducción a derecho positivo de los Derechos Humanos, reconocidos en todas las Declaraciones y Acuerdos Internacionales (Carta de Naciones Unidas, sus diferentes Convenciones y Declaraciones, etc.), y que tienen que pasar a ser exigibles por todos los ciudadanos/as. Hasta que no nos creamos esto del todo no seremos capaces de diseñar un buen Estado Federal, y una buena Constitución Federal que le de soporte, amparo y marco jurídico. Y esto no sólo ha de afectar a los derechos de ámbito personal, de la esfera privada o de ámbito político como tal, como ya se recoge en nuestra Constitución de 1978. Además, deben figurar todos los Derechos Sociales y Culturales (como el Derecho a la Educación, el Derecho al Trabajo, el Derecho a la Vivienda, etc.), que deberían adquirir la categoría de exigibles de forma efectiva, individual y colectivamente.

Las políticas económicas y sociales deberán estar al servicio del cumplimiento de tales exigencias, es decir, de la instauración de una Ciudadanía Social. Y esta Ciudadanía Social debería instaurar el derecho a la participación en las empresas, así como el derecho a la participación en los órganos locales, regionales y estatales de decisión de las políticas económicas y financieras. Es el principio de la Democracia Económica, fundamental para una política de control y planificación de la economía por parte de la clase trabajadora, y germen primigenio para poder evitar en el futuro nuevas crisis. La Ciudadanía Social debe abarcar y comprender también el concepto de Ciudadanía Ambiental, es decir, la plasmación de los derechos ambientales de las personas, que tienen que adquirir también la categoría de exigibles.

La Constitución Federal, por lo tanto, deberá recoger todos estos derechos, que serán de aplicación a todos los ciudadanos/as, independientemente del lugar donde residan. De esta forma, el Estado Federal garantiza unas cotas mínimas de reconocimiento de derechos, que luego cada pueblo federado podrá ampliar (nunca restringir) con total autonomía e independencia. Pero esto es importante: el Estado Federal garantiza el reconocimiento y la garantía mínima de unos Derechos Humanos Fundamentales, así como la prestación en todos los pueblos federados de unos Servicios Públicos, recogidos en la Constitución Federal. El Estado Federal nunca podrá restringir estos mínimos, pero sí ampliarlos, mediante la garantía de autonomía de sus pueblos. El catálogo mínimo debiera constar, al menos, de los Derechos de Subsistencia, Educación, Sanidad, Trabajo, Vivienda, Igualdad, Información y Participación, y de los servicios públicos de Alimentación, Servicios Sociales, Dependencia, Protección Medioambiental, Justicia, Seguridad, Banca, Medios de Comunicación (incluyendo el acceso a Internet), Transportes, Energía y Agua. Todos ellos, por tanto, formarían los mínimos exigibles en cuanto a Derechos Fundamentales y Servicios Públicos, gratuitos y universales.

A ese nivel, por tanto, tendremos un Estado Federal garantista de la inversión en protección social, en calidad del empleo, en protección medioambiental y en justicia fiscal, todo lo contrario de lo que tenemos ahora, sobre todo a tenor de la última reforma constitucional de agosto de 2011, patrocinada por el tándem PP-PSOE. La Constitución Federal deberá garantizar, negro sobre blanco, que las políticas públicas están obligadas a alcanzar y mantener un nivel de inversión en protección social que garantice la cobertura de todos esos derechos a toda la población de todos los pueblos federados. Concretará asímismo el principio de progresividad fiscal, que obligará a la que carga fiscal sea mayor para quien más capacidad tenga, y más beneficios obtenga. Se indicará también la obligación por parte de los poderes públicos de perseguir el fraude fiscal e impedir la economía sumergida, ya que el Estado garantiza, mediante todo el sistema de derechos fundamentales antes comentado, que la ciudadanía posee los recursos mínimos para poder vivir dignamente. Se garantizará igualmente en la nueva Constitución Federal la consagración de un sistema y de una Ley Electoral realmente justa y proporcional, y todos los mecanismos de democracia representativa, decisoria y revocatoria.

De igual forma, la nueva Constitución Federal declarará el Estado Federal Español como un Estado Laico, donde las políticas públicas no apoyen ni financien ninguna confesión religiosa, así como la renuncia a la guerra como medio de alcanzar ningún objetivo social, político, o geoestratégico con terceros países, o en general como instrumento de política internacional. El Senado se declarará como la Cámara Federal de Representación Territorial, es decir, de todos los territorios federados. Y por supuesto, declarará la instauración de los principios de democracia económica en las empresas, mediante un mayor control y representación de los trabajadores, así como la renuncia a los principios de inspiración neoliberal, tales como la primacía de tener que pagar la deuda y sus intereses, antes de cualquier tipo de inversión social. De esta forma, declarará los principios fundamentales que inspirarán una economía al servicio de las personas en vez de al servicio de los mercados, entrando en la tan ansiada esfera de las políticas pensadas para la satisfacción de las necesidades humanas, renunciando a los postulados básicos del capitalismo. Continuaremos en el próximo artículo, exponiendo las ideas sobre un Gobierno compartido y un Proyecto Federal común.