Programa Económico y Social desde la izquierda (II)

Vamos al segundo apartado de nuestras propuestas económicas y sociales, centrándonos esta vez en garantizar y/o recuperar (hacer efectivos, en una palabra) nuestros derechos sociales y de ciudadanía. Pensamos a este respecto que el Estado debe garantizar todos los siguientes derechos de una forma digna: la Vivienda, la Sanidad, la Educación y la Atención Social en situaciones de Dependencia. Pensamos que además un nuevo Proceso Constituyente que nos llevara a una nueva Constitución Federal debería reconocer más derechos de ciudadanía social, pero eso lo dejamos para otros artículos (véase la serie que estamos publicando sobre el Federalismo). En resumidas cuentas, los derechos que nuestra actual Constitución define, tanto objetivos como subjetivos, debieran estar completamente garantizados.

Este Bloque Social de medidas podría comenzar derogando la nueva Ley de Alquileres, sustituyéndola por otra que otorgue mayor seguridad jurídica a los inquilinos, y también derogando la actual Ley Hipotecaria, contemplando los puntos que propusimos en su respectivo artículo, donde me remito. Además, proponemos las siguientes medidas:

1.- Todos los servicios públicos privatizados serán devueltos al sector público. Sus trabajadores serán subrogados. Las empresas privadas afectadas serán indemnizadas, tras una auditoría previa de la empresa en cuestión y del servicio prestado, que determine el estado real de la misma y su cumplimiento de los pliegos de condiciones, hasta un máximo de 100.000 euros por accionista, y sin superar, en ningún caso, el precio que se pagó por su privatización. Esto incluirá los centros sanitarios de la red pública que han sido construidos y gestionados por la iniciativa privada. En última instancia, y después de este proceso, no debemos dejar vestigio alguno de presencia privada en los sectores que se dedican a los servicios públicos fundamentales.

2.- Se suprimirán los conciertos con entidades educativas y sanitarias privadas en el plazo máximo de un año. En este sentido, los centros concertados podrán elegir entre incorporarse a la red pública si reúnen las condiciones adecuadas para ello, con la correspondiente subrogación de las plantillas, o bien continuar ejerciendo su labor como centros privados, sin ayudas públicas. A este respecto, proponemos la derogación de la Ley 15/1997.

3.- Creación de una Agencia Pública de Dependencia en todas las Comunidades Autónomas, que garantice con prestaciones directas la cobertura a todas las personas dependientes. Como hemos demostrado en otros muchos artículos, la Ayuda a la Dependencia, cuarto pilar del Estado del Bienestar, es un servicio público totalmente sostenible, si se potencia y se le dedican los suficientes fondos y recursos públicos, humanos y materiales.

4.- Puesta en marcha de un Plan de Ampliación de los Servicios Públicos, aumentando el gasto social de forma que se elimine nuestro déficit social respecto a los demás países europeos, y acabar con ello con el subdesarrollo social del Estado Español. En este sentido, el primer paso será restituir a sus antiguos empleos a todos los trabajadores públicos despedidos con toda la oleada de recortes sociales sufridos, sobre todo, desde el año 2010 hasta aquí. En especial, este Plan de Ampliación deberá dar cobertura a nuevos nichos de empleo de nuestro Estado del Bienestar inexistentes o insuficientemente cubiertos, tales como Educación Infantil de 0 a 3 años, ampliación del catálogo de cobertura de prestaciones y servicios sanitarios, etc.

5.- Se establece la prohibición de deshauciar a cualquier familia de su vivienda, por carecer de recursos suficientes para pagar su hipoteca. La vivienda afectada por esa situación pasará a formar parte del Parque Público de Viviendas, y la familia que la ocupaba pasará a pagar un alquier social acorde con sus posibilidades, sin que nadie pueda echarles de la misma.

6.- Aplicación con carácter retroactivo de la dación en pago a todas aquéllas familias que hayan sido deshauciadas de sus viviendas, por falta de ingresos suficientes.

7.- Creación de un Parque de Viviendas en régimen exclusivo de Alquiler Social, de gestión pública. Los responsables de su gestión serán las Comunidades Autónomas respectivas, así como los Ayuntamientos. Tras un examen detallado, todas las viviendas en manos de las entidades financieras que reúnan las condiciones para ello, se considerarán expropiadas y se incorporarán a este parque.

8.- Ninguna vivienda podrá estar vacía durante un tiempo ilimitado, sin causa justificada. A este respecto, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, mediante las respectivas Agencias Públicas de Alquiler, velarán por el cumplimiento de esta norma, garantizando que se alquilen a precios asequibles, y dando garantías al propietario tanto del cobro del alquiler como del buen uso de la vivienda. Una familia propietaria de una vivienda alquilada podrá disponer de ella siempre que la necesite cualquiera de sus miembros para vivir en ella, o bien desee venderla.

Continuaremos en el próximo artículo con las propuestas de reforma del sector financiero, y relativas a la Banca Pública, Ética y Social.