Las 7 revoluciones necesarias (XI)

En este artículo vamos a finalizar con las propuestas enmarcadas en la segunda gran revolución (Democrática), hablando sobre la Laicidad del Estado. El laicismo supone la existencia de las condiciones políticas, jurídicas y sociales que permiten garantizar el derecho al pleno ejercicio de la libertad de conciencia en cualquiera de sus manifestaciones y en un plano de igualdad.

Tal como intento significar en la figura adjunta, lo que pensamos desde la izquierda es que Religión y Política han de estar completamente separadas, y que mientras que la Política es algo público que rige los destinos de ciudadanos, países y estados, la Religión es algo privado que concierne únicamente al ámbito del dogma de fe. Por tanto, no sólo es que no se puede imponer la Religión en el plano público, sino que no se puede apoyar, incitar, privilegiar, ni siquiera mencionar. Mi opinión personal es que tendríamos que ampliar la actual Ley de Partidos, de tal manera que igual que prohíbe que se apoyen tácita o expresamente actividades terroristas, se debería prohibir también cualquier intento de basar el programa político en ideas religiosas, que ni tan siquiera se debieran mencionar. Como ejemplo, simplemente porque un partido político se denominara "Acción Demócrata Católica" debiera ilegalizarse inmeditamente.

Evidentemente, hoy en día no existen tales condiciones porque el carácter aconfesional del Estado aludido en la Constitución Española de 1978 viene negado con la afirmación del Art. 16.3 de que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Esas relaciones se sustentan en: Concordato del año 1953, los Acuerdos con la Santa Sede en 1979, y en la Ley de Libertad Religiosa de 1980, que amparan subvenciones, privilegios fiscales, presencia y simbología religiosa en Instituciones públicas...,negando el principio de separación entre Iglesias y Estado. Por todo lo cual, y dado el actual panorama, proponemos las siguientes medidas:

1.- Eliminar cualquier tipo de financiación pública, exención fiscal o administrativa, donación de suelo público o subvención directa a Instituciones Religiosas (de cualquier confesión).

2.- Suprimir todo tipo de simbología religiosa en los actos y espacios públicos.

3.- Los actos confesionales no tendrán carácter “oficial”. Ningún funcionario público participará en ellos con su condición de tal. No debe haber ninguna ostentación de fe en la Jefatura del Estado.

4.- Respetar en la escuela el pluralismo ideológico y la libertad de conciencia de alumnado y profesorado, suprimiendo el adoctrinamiento religioso o la exhibición de símbolos confesionales. La formación religiosa, para quien la desee, debe quedar fuera de la enseñanza oficial.

5.- No puede haber financiación pública para los centros educativos con ideario religioso u otro que  suponga exclusión y segregación ideológica o de cualquier otro tipo para el alumnado.

6.- Suprimir la obligación de declarar sobre las creencias, o sobre la ausencia de ellas, en cualquier tipo de documentación civil.

7.- Excluir de los centros públicos la presencia institucional de clérigos.

8.- Facilitar que cualquier ceremonia civil pueda celebrarse dignamente, al margen de cualesquiera connotaciones religiosas.

Para fortalecer la convivencia en un plano de igualdad también reivindicamos los siguientes cambios: incorporar las conmemoraciones civiles al calendario laboral y escolar, permitir designar con nombres de personas ilustres de todas las tradiciones al callejero municipal, usar denominación neutra de las vacaciones escolares, y fomentar la igualdad de acceso a los medios de comunicación públicos, eliminando el privilegio de trato concedido a sectores confesionales. Para los lectores interesados en ampliar este tema, les remito a mi serie de artículos denominados "Caminando hacia un Estado Laico", del cual he publicado algunas entregas en este mismo Blog.