Las 7 revoluciones necesarias (XIX)

Continuando con las propuestas relativas a los Servicios Públicos, vamos a abordar en este artículo las que tienen que ver con el desarrollo de unos Servicios Sociales de calidad. Desde Izquierda Unida pensamos que debemos garantizar que los servicios sociales públicos sean la referencia para el desarrollo de la protección social, que no debe verse interferida por una privatización de servicios destructiva para la cobertura universal de las necesidades sociales.

Instamos a transformar los servicios sociales actualmente existentes, para que no sean un mecanismo funcional al sistema capitalista, que favorece la existencia de un ejército de reserva de excluidos sociales. Reivindicamos unos servicios sociales participativos y bien gestionados desde lo público.

Los servicios sociales deben luchar contra la pobreza y la desigualdad en cuatro dimensiones: la sociolaboral, la sociosanitaria, la socioeducativa y la sociocultural, contemplando además las perspectivas preventiva y de género. Las propuestas concretas podrían ser las siguientes:

1.- Para ello, la primera medida ha de ser la de aumento del gasto social, al menos hasta equipararlo a la media europea y hasta alcanzar el 7% del PIB.

2.- Elaboración de una Carta de Derechos Sociales junto con su correspondiente instrumentación jurídica, para que se definan los derechos exigibles subjetivamente por los ciudadanos.

3.- Queremos una Ley de Servicios Sociales Estatal, concibiendo los servicios sociales como un derecho instituido.

4.- Consideramos fundamental la existencia de sistemas de rentas mínimas de amplia cobertura y de relevante dotación presupuestaria. Proponemos la renta básica de ciudadanía o bien un salario social equiparable, justo, digno y universal.

5.- Exigimos financiación y gestión pública de la Ley de Dependencia, que toda persona afectada pueda elegir ser atendida en su domicilio por especialistas o en un centro adecuado a sus necesidades, y que el tiempo de espera no exceda de los seis meses. Queremos evitar la aplicación perversa que se está haciendo de la Ley de Dependencia, que promueve la “feminización de los cuidados” mediante la “prestación a la cuidadora”. Además, pensamos en este aspecto que el campo de la dependencia puede ser un estupendo nicho de empleo. 

6.- Las políticas de apoyo a la discapacidad deben implicar una apuesta radical por la promoción de la autonomía personal y por la igualdad de derechos.

Por último, señalar que desde IU,  en línea con todo nuestro ideario político, defendemos unos servicios sociales 100% públicos que redunden en beneficio de los usuarios, pero también en el de los profesionales, como trabajadores públicos con derechos y garantías, y no como trabajadores precarios de subcontratas privadas.